El proyecto de declaración para tal fin fue impulsado por diputados de Vamos Juntos y la UCR-Evolución. A través del mismo buscarán homenajear al reconocido dirigente radical por su “compromiso con la transparencia y los Derechos Humanos”.
La Legislatura porteña expresará su profundo pesar por el deceso del abogado y dirigente radical Leandro Despouy, quien fuera ampliamente reconocido por su “compromiso con la transparencia y los Derechos Humanos”. Su fallecimiento se produjo el pasado 18 de diciembre a los 72 años.
La medida fue promovida por Diego García Vilas, Facundo Del Gaiso (Vamos Juntos) e Inés Gorbea (UCR-Evolución), quienes en los fundamentos de la misma recordaron su extensa carrera política.
Nacido el 4 de abril de 1947 en la provincia de San Luis, Despouy comenzó a militar en la Unión Cívica Radical (UCR) desde muy joven, pero debió exiliarse en Francia entre 1975 y 1983, por la persecución de la Triple A. “La banda armada paraestatal lo perseguía por su actuación como patrocinador de hábeas corpus de perseguidos políticos y por integrar la gremial de abogados”, aseguraron.
Desde París, en enero de 1975, fue la primera persona en denunciar sobre los crímenes cometidos por “funcionarios del Gobierno o allegados políticos” y responsabilizó a José López Rega y a otros funcionarios del gobierno de María Estela Martínez de Perón.
Con el retorno de la democracia a la Argentina y la asunción de Raúl Alfonsín como presidente en 1983, Despouy -afiliado radical- pudo retornar al país y comenzó a trabajar en la Cancillería. Desde allí fue clave su trabajo para traer al país a las víctimas de la represión ilegal que estaban exiliadas para que declararan como testigos en el juicio a las Juntas Militares
En 1987, en las Naciones Unidas, presidió la Primera Conferencia Internacional de Estados Parte en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. También el radicalismo gestionó su nombramiento para la presidencia de la Auditoría General de la Nación, organismo autónomo que controla las cuentas públicas.
“Allí estuvo entre 2002 y 2016, período en el que las tareas de control de la gestión alcanzó mayor visibilidad, y tensiones políticas, sobre todo durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Bajo su gestión, la AGN realizó auditorías del Fútbol Para Todos, denunció la falta de control del gobierno kirchnerista con la empresa Trenes de Buenos Aires, emitió cuatro informes advirtiendo por la seguridad física de los pasajeros y del material rodante y una investigación sobre las compras de trenes chatarra a España y Portugal con sobreprecios”, precisaron los diputados.
En 2016 recibió la Mención Especial de los Premio Konex a las Humanidades Argentinas. En noviembre de ese año, siendo representante especial para Derechos Humanos de la Cancillería Argentina, fue electo para integrar el área de derechos humanos de la Comisión de Control de Ficheros de Interpol (CCF). Mientras que en 2018, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le otorgó la distinción de personalidad destacada en el ámbito de los Derechos Humanos.
Fue también docente de Economía Política en la Universidad de París VIII- Sorbonne y profesor de Derechos Humanos del Institut International des Droits de l’Homme de Estrasburgo.
