El oficialismo incorporó que el Gobierno deberá convocar a una comisión que en el plazo de 180 días elabore un proyecto de ley para un nueva fórmula. Escándalo por los regímenes especiales que quedaron exceptuados.
Por Melisa Jofré
Cuando corrían ya más de 18 horas de sesión, la Cámara de Diputados avanzó con la votación en particular del articulado referido a la suspensión por 180 días de la fórmula de movilidad jubilatoria. El Frente de Todos logró aprobar este punto, con 132 votos positivos y 99 negativos, al tiempo que se incorporó uno de los cambios negociados con el Interbloque Federal.
El miembro informante, Darío Martínez, leyó los cambios en referencia a la creación de una comisión que deberá convocar el Gobierno y que estará integrada “por representantes de los ministerios de Economía y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y miembros de las comisiones competentes en la materia del Congreso de la Nación”.
Dicha comisión tendrá como tarea, en el plazo de los seis meses, proponer “un proyecto de ley de movilidad de los haberes previsionales que garantice una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema en la riqueza de la Nación de acuerdo a los principios de solidaridad y redistribución”.
En contra del artículo, la cívica Alicia Terada enfatizó que “este artículo es terrible por lo que implica”. “Los estamos condenando (a los jubilados) al congelamiento de sus haberes”, se quejó, en medio de un barullo en el recinto, y denunció la “inconstitucionalidad” y “violación de derechos”.
Por su parte, la correntina Estela Regidor (UCR) pidió incorporar una cláusula “que diga que todos los pasivos van a recibir lo mismo que el índice inflacionario o superior”. Pero su propuesta no tuvo éxito y se pasó a la votación.
Tomó la palabra después Elisa Carrió, quien dijo que aclaraba el sentido de su voto: “Todas estas normas violan el artículo 14, 16 y 29 de la Constitución Nacional; y los artículos pertienentes de la Convención Interamericana y de Derechos Civiles y Políticos que elevamos a nivel constitucional en el año 1994”.
Posteriormente, el kirchnerista Martínez aclaró que en el caso de la suspensión de la movilidad de regímenes especiales también se introducía la conformación de una comisión que “revise la sustentabilidad económica y financiera” del sistema y proponga las modificaciones “que considere pertinentes”. Sin embargó, leyó todas las leyes sin hacer referencia sobre los regímenes que quedaron excluidos, respecto del proyecto original, tal como se lo había pedido el macrista Luciano Laspina.
Fustigados, desde Juntos por el Cambio rogaban que se detallaran claramente quienes quedaban fuera de la ley. Incluso, el jefe del interbloque, Mario Negri, le solicitó que no lo leyera tipo “jeroglífico”. Ante la negativa de Martínez, que volvió a leer el artículo mencionando número por número las leyes, Laspina intervino nuevamente.
El santafesino dijo que “para llevar tranquilidad” a su bancada aclaraba que quedaron exceptuados de la suspensión de movilidad los regímenes especiales de docentes, docentes universitarios, científicos y beneficiarios de la “Ley Brisa”. Pero también fueron excluidos los regímenes de jueces, diplomáticos y expresidentes.
En el medio de las quejas se la escuchó muy molesta a Silvia Lospennato fuera del micrófono: “¡Queremos saber, exluyeron a los jueces o no excluyeron a los jueces!”. “Nos queda claro que el miembro informante no sabe cuáles son los regímenes que se excluyen”, disparó el tucumano José Cano (UCR) y pidió que se vote. La votación resultó con 132 votos positivos y 98 negativos.
Tras la aprobación del artículo, Negri enaftizó que fue “poco serio no haber querido explicitar si se agregaron de la inclusión nuevos regímenes especiales” y advirtió: “Obviamente que lo vamos a saber, en un hora lo vamos a saber”.
“No se hagan problema. Nosotros si han escondido algo debajo de la alfombra lo vamos a poner a la luz antes que cante un gallo”, remató.
