Con acompañamiento de los interbloques de Bucca y Ramón, el oficialismo consiguió avalar en general la ley de “solidaridad social y reactivación productiva”, con 134 votos afirmativos y 110 negativos.
Por Carolina Ramos
Al cabo de un debate de 19 horas, el Frente de Todos logró sortear con éxito su primera prueba de fuego en el Congreso y aprobó en general, con 134 votos afirmativos y 110 negativos, el proyecto de ley enviado por el presidente Alberto Fernández que declara nueve emergencias y suspende por seis meses la fórmula de movilidad jubilatoria.
El oficialismo consiguió avalar la iniciativa gracias al apoyo de los interbloques Federal, de Eduardo “Bali” Bucca, y Unidad Federal para el Desarrollo, de José Luis Ramón. También se sumó el respaldo de Alma Sapag, del Movimiento Popular neuquino. Los rechazos fueron de Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda, bloques que tampoco aportaron al quórum, que se logró con el número justo de 129.
La sorpresa de la votación fue la ausencia de Graciela Camaño, referente de Consenso Federal. Tampoco estuvo presente Elisa Carrió, quien pasó por el recinto en horas de la tarde. En total fueron 12 ausencias, todas de diputados de la oposición.
El debate estuvo plagado de acusaciones cruzadas sobre las herencias recibidas. El Frente de Todos intentó justificar, con numerosos indicadores económicos, la necesidad de declarar la emergencia pública, mientras que Juntos por el Cambio cuestionó en sucesivos discursos la amplia delegación de facultades que dispone el proyecto.
Con Sergio Massa y Máximo Kirchner a la cabeza, el oficialismo negoció a lo largo de la jornada con las bancadas de Bucca y Ramón, con intervención de parte de la Mesa de Enlace y del propio ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, quien se hizo presente en el Congreso para participar de las conversaciones.
Los discursos se cerraron a las 6.30 del viernes con las palabras de Kirchner, quien tras los discursos de la oposición aseveró: “Parece que el gobierno de Macri no hubiera sucedido. Que nadie hubiera gobernado”. “¿Saben lo que es un superpoder? Pensar que la inflación se resolvía con un chasquido de dedos”, aseguró el hijo de la vicepresidenta, aplaudido en varios pasajes.
En tanto, Mario Negri, de Juntos por el Cambio, consideró que “no existen extremos parecidos al 2002, ni siquiera por los números negativos con que terminó nuestro gobierno, para semejante proyecto, con once delegaciones de facultades”.
“Se está haciendo un ajuste por vía del ingreso. Han elegido tres sectores: jubilados, clase media y campo. El país tiene dos motores: la producción de alimentos y la energía. El campo y Vaca Muerta. Si no se reconoce esto, no habrá futuro”, sentenció Negri.
Minutos antes, “Bali” Bucca advirtió: “La situación en Argentina es dramática. Vivimos una crisis social y económica. No hay tiempo para mezquindades. Les pido a todos los diputados eliminar la grieta. ¿Cuántas generaciones más se llevarán puesta la grieta?”.
El jefe del Interbloque Federal se dirigió a las bancas de Juntos por el Cambio: “Basta de arrogarse el porcentaje de representación con los votos que sacaron. Empecemos a representar a todos los argentinos desde este Congreso”.
Cambios y puntos principales
El proyecto, titulado “de solidaridad social y reactivación productiva”, declara la emergencia pública en nueve áreas: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
Uno de los artículos más discutidos fue el que suspende por 180 días la fórmula de movilidad jubilatoria sancionada a fines de 2016. Durante ese lapso, el Poder Ejecutivo podrá fijar trimestralmente, de manera discrecional, el incremento de los haberes previsionales.
Además, se deberá elaborar un nuevo método de actualización, en el marco de una comisión de la que participarán legisladores y expertos. Gracias a un cambio propuesto por el Interbloque Federal, la nueva fórmula jubilatoria deberá ser sometida a votación del Congreso.
Más allá de la suspensión de la fórmula, continuarán vigentes los regímenes especiales que tienen los jueces, los docentes, los docentes universitarios, los científicos y la prestación otorgada por la “Ley Brisa” para hijos de víctimas de femicidios.
Por otra parte, se crea un nuevo impuesto, denominado PAIS (Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), que regirá por cinco años. Se trata de un tributo del 30% para la compra de dólares para atesoramiento, compras en el exterior, compra de servicios que operen en el exterior y compra de pasajes al exterior.
De este gravamen, el 70% será destinado a la seguridad social y el 30% a obras de infraestructura. Cabe aclarar que se excluirán del alcance del impuesto PAIS las transacciones efectuadas con anterioridad a la ley.
En cuanto a las retenciones, se pone un tope del 33% para la alícuota de derechos de exportación de la soja, un 15% para el maíz y un 5% para las economías regionales que defina el Ejecutivo. En tanto, para los hidrocarburos y la minería, el techo fue fijado en el 8%.
Otro aspecto relevante es que el 67% de esos incrementos será destinado a la ANSES, mientras que un 3% será para la creación de un “fondo solidario de competitividad agroindustrial” para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos. Esta compensación será administrada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
En otro orden, se eliminó del proyecto original el polémico artículo 85, que facultaba al Ejecutivo a la “modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como la modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias”.
En lo que respecta a los salarios, el proyecto establece la facultad de “disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos”.
En el marco de la emergencia energética, el Ejecutivo estima un plazo de seis meses para renegociar un nuevo esquema tarifario, a la vez que establece la intervención por un año del ENRE y el ENARGAS, y suspende los traspasos de Edenor y Edesur a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.
La ley ómnibus prevé también planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social para pymes.
El debate
Carlos Heller, quien juró en la sesión precedente en reemplazo del ministro de Medioambiente, Juan Cabandié, sostuvo que el título del proyecto, que refiere a la “solidaridad social” y a la “reactivación productiva”, es “una definición en sí misma”.
Tras repasar que el proyecto declara las emergencias económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, advirtió: “Suena dramático, pero la realidad es dramática. No es una descripción exagerada”.
“El escenario que recibimos nos plantea urgencias”, insistió el legislador, y repasó algunos indicadores de la anterior gestión, entre ellas que “el PBI per cápita cayó estos cuatro años entre un 9% y un 10%”.
“En materia financiera, los compromisos heredados de la deuda resultan absolutamente insostenibles y requieren recuperar esa sostenibilidad. El anterior gobierno tuvo que plantear el reperfilamiento porque los hechos demostraron que la deuda tal como estaba contraída era imposible de pagar”, aseveró Heller.
Por su parte, Darío Martínez, actual presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, enfatizó que “la economía y el tejido social hoy están en una situación más que alarmante”.
“La emergencia no está plasmada en una hoja o en un proyecto, sino en la mesa de cada argentino, y esta es la deuda interna que ha dejado el estado con sus habitantes”, sostuvo el neuquino.
A continuación, habló del “52% de inflación acumulada, la más alta de los últimos 28 años”, y de “una pérdida del poder adquisitivo del 20% en los jubilados”, que “en los trabajadores es aun más alta”, según “datos del recuperado INDEC”.
También mencionó que hubo “una caída del 11% en la industria manufacturera” y que “la tasa de desocupación ha llegado a los dos dígitos”.
Por otra parte, Martínez señaló que “la deuda externa creció un 76% en los últimos cuatro años, llegando a 284.000 millones de dólares”. “Estos son indicadores de una verdadera emergencia”, concluyó.
En nombre de Juntos por el Cambio, Luciano Laspina (Pro) denunció que con la ley habrá “jubilados de primera y de segunda”, a la vez que advirtió que el gobierno de Alberto Fernández tendrá “la suma del poder público”.
Laspina sostuvo que “la ley de movilidad, que era un derecho adquirido consagrado por la Corte, y que le costó a este Congreso 14 toneladas de piedras tiradas por energúmenos, lo que hizo fue proteger a los jubilados de los procesos de alta inflación como el que estamos viviendo, y en marzo iban a tener una recomposición del 12% y un aumento interanual del 52%”.
Sin embargo, señaló que “ahora lo estamos suspendiendo” ya que el proyecto congela la aplicación de la fórmula por 180 días hasta elaborar una nueva.
“¿Alguien cree que se necesita una ley para subir las jubilaciones mínimas? Lo que quieren es congelar las jubilaciones superiores a la mínima: los veteranos de Malvinas, los adultos mayores, las pensiones no contributivas, de eso estamos hablando”, consideró Laspina.
Por eso, habló de “jubilados de primera y de segunda” y cuestionó que “las jubilaciones de un empleado público estén congeladas” y las de otros sectores como docentes, científicos o jueces “no”, aunque aclaró: “No tengo nada contra esos sectores”.
Por su parte, el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, alertó que “más que ley de solidaridad social y reactivación productiva, esto es una nueva ley de plenos poderes”.
“Gobernamos cuatro años con aciertos y con errores. No somos infalibles. Nos hacemos cargo de la responsabilidad que nos otorgó el mandato popular. Pero no vamos a permitir que se diga que estamos ante una Argentina de ‘tierra arrasada’”, se quejó.
Quien se diferenció en este aspecto fue el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, que en su debut en este período como diputado nacional coincidió en que “no hay tierra arrasada”, pero también advirtió que “no hemos dejado las bases para volver a crecer”.
“Acá no hay ni tierra arrasada, ni tampoco -y lo digo desde la coalición Cambiemos- hemos dejado las bases para empezar a crecer. Ni lo uno, ni lo otro. No tenemos ningún derecho los dirigentes de este país para atribuirnos ese carácter fundacional”, admitió el mendocino.
Además, analizó que el proyecto del Ejecutivo contiene “once delegaciones de facultades”: algunas sin plazo, otras con plazos “cortos” de 180 días, otras de un año, otras de cinco años, “pero varias sin siquiera plazo de finalización”.
La denuncia de Carrió
Cuando el debate estaba encaminado, cerca de las 19.30 del jueves, hizo su aparición en el Congreso la diputada Elisa Carrió, en la que podría ser su última sesión, ya que en marzo se hará efectiva su renuncia a la banca.
“Lilita” no habló en el recinto, pero dio a conocer que pedirá a la Justicia que investigue la posible comisión de un delito por la delegación de facultades. En el discurso que pidió insertar en la versión taquigráfica de la sesión, Carrió solicita que “se ponga en conocimiento del fiscal de turno para que se investigue la posible comisión del ilícito tipificado en el artículo 227 del Código Penal, que sanciona a quienes concedan al Poder Ejecutivo Nacional facultades extraordinarias”.
Dicho artículo sanciona con las penas previstas por “traición a la patria” a “los miembros del Congreso que concedieren al Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los gobernadores facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona”, según el artículo 29 de la Constitución Nacional.
“Mi postura al respecto siempre ha sido la misma: no ha cambiado sin perjuicio de pertenecer a un partido del oficialismo o a un bloque de oposición, porque debe mantenerse la coherencia, no sólo como un mero acto de demostración de las prácticas políticas, sino como una verdadera herramienta de fortalecimiento de la República”, sostuvo Carrió en el discurso escrito.
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