Por Daiana Zunino

Durante el 2019 la Legislatura de la Ciudad recibió 3.076 proyectos que fueron impulsados por los diputados, vecinos y estudiantes que participaron del programa “La Legislatura y la escuela”; es por ello que en este artículo parlamentario.com le ofrece un relevamiento sobre algunas de las iniciativas que quedaron pendientes en cada bloque y que podrían ser debatidas el próximo año parlamentario.

Entre algunas de las principales medidas que quedaron en el tintero se encuentra el pedido del club San Lorenzo para construir su estadio en Boedo; un programa para rescatar familias en situación de calle; un sistema de alerta para emergencias en la vía pública; un plan de asistencia al obeso y la creación de un “espacio para la memoria” en Cromañón.

También buscarán avanzar con un proyecto para que no se puedan presentar a elecciones personas condenadas por corrupción; un plan de entrega de copas menstruales gratuitas en la Ciudad; la utilización del lenguaje inclusivo en los documentos públicos; entre otros importantes proyectos.

Vamos Juntos

Una de las principales propuestas que el oficialismo porteño buscará establecer la “Ficha Limpia” e impedir que aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos relacionados a causas de corrupción o en contra de las instituciones democráticas no puedan participar de los comicios. La medida había sido impulsada por Gastón Blanchetiere, Sol Méndez, Natalia Fidel y Diego García Vilas (CP).

La misma propone la modificación de un artículo del Código Electoral porteño, con el fin incorporar la prohibición de que se presenten a elecciones aquellas personas que tengan sentencias condenatorias en segunda instancia. Entre los delitos que contempla esta Ley figuran los de lesa humanidad o en contra de las instituciones democráticas, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública y enriquecimiento ilícito.

Otro proyecto -promovido por Claudio Romero, Héctor Apreda (VJ) y el legislador mandato cumplido José Luis Acevedo- prevé crear el sistema de asistencia sanitaria “Ventanilla Única para Adultos Mayores” en los hospitales generales públicos de la Ciudad. Esa ventanilla tendrá por objeto optimizar el acceso al sistema sanitario público de la Ciudad para los ciudadanos de la tercera edad, facilitando la obtención de turnos y disminuyendo los tiempos de acceso a la atención médica. Además, prevé “simplificar y resolver procesos administrativos a través de la atención, ampliando su cobertura en orientación y asesoramiento”.

La misma dependerá del Ministerio de Salud de la Ciudad, que deberá ocuparse de la gestión y administración general del programa; implementar y coordinar la capacitación de los equipos participes en todos los niveles del sistema de asistencia -profesionales de la salud, personal administrativo y recursos humanos-; generar información estadística en materia de salud con respecto a la población envejecida de la Ciudad a fin de implementar mejores herramientas en políticas públicas sanitarias; entre otras cuestiones.

También se encuentra pendiente de ser analizada una propuesta del exlegislador Maximiliano Ferraro y Cecilia Ferrero (CC ARI) en la que buscan eximir del pago del Servicio de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) a las mujeres porteñas que cursen un juicio por violencia familiar y que hayan iniciado una demanda por alimentos.

De esta manera se propone que durante el período procesal hasta el dictado de la sentencia de alimentos, las deudas provenientes del pago de ABL de la vivienda donde se encuentra alojada la víctima sean condonadas.

Asimismo, el oficialismo también podría tratar un proyecto que busca garantizar el expendio gratuito de copas menstruales en los hospitales generales, centros de salud, centros integrales de la mujer e instituciones educativas públicas de gestión estatal y privadas, a toda persona que se encuentre en edad menstrual.

La medida llevaba la firma de Ferraro, Paola Michielotto (VJ) y Hernán Reyes (CC ARI) y tiene dos grandes objetivos: por un lado, disminuir la cantidad de residuos producidos por el uso de otros métodos de higiene menstrual, tales como, toallitas o tampones; por el otro, promover un método de higiene y salud menstrual más económico que los utilizados masivamente.

De esta manera, los centros médicos también tendrán la obligación de proporcionar información completa y adecuada y asesoramiento personalizado sobre el método de la copa menstrual, su efectividad y su correcta utilización para cada caso particular. La copa es un dispositivo flexible hecho de silicón quirúrgico e hipoalergénico, está diseñada para retener el fluido vaginal –a diferencia de las toallitas y tampones-, con una capacidad de hasta 42 mililitros de sangre.

UCR- Evolución

En lo que respecta al caso del bloque UCR-Evolución, los legisladores de ese espacio insistirán con una normativa a través de la cual buscarán “crear mecanismos complementarios de alerta temprana ante situaciones de emergencia en la vía pública, mediante la instalación de Puntos

Conectados directamente vinculados con las fuerzas de seguridad y organismos competentes”. La misma fue promovida por Marcelo Guouman, Leandro Halperìn y Patricia Vischi. Los Puntos Conectados serán un programa que busca “modernizar los diversos métodos existentes para dar alerta a la Policía de la Ciudad, a las fuerzas de seguridad, y a otros organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad, ante una posible emergencia en la vía pública”; estos estarán situados en lugares estratégicos del distrito capitalino.

En el programa intervendrán la Policía de la Ciudad, el cuerpo de Bomberos, el Consejo de Seguridad de Prevención del Delito, el Sistema de Información para la Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia, el Sistema de Emergencias, Defensa Civil y el SAME. Asimismo, la propuesta busca prevenir intervenir en robos, amenazas, acoso sexual, trata de personas, accidentes automovilísticos, incendios, emergencias médicas, entre otras.

Otra de las propuestas que quedaron pendientes es la adecuación en el sistema informático de la tarjeta SUBE, para que se incorpore la gratuidad establecida por Ley Nacional 22.431 y la Ley 447/00 de la Ciudad; y así evitar que las personas con discapacidad tengan que efectuar diversos trámites para poder obtener un pase especial para el transporte público.

Además Vischi también podría insistir con un texto de su autoría mediante el cual buscará facilitar la disposición en una única góndola de todos los productos libres de TACC, para lograr un mejor el acceso, diferenciación y cuidado en la manipulación, la inclusión de productos en el Programa de Precios Cuidados y la actualización en el porcentaje de reintegro de las obras sociales y prepagas.

Así como también una propuesta para que el Gobierno de la Ciudad implemente la modalidad de “Curriculum Vitae Anónimo”, con el fin de suprimir referencias personales, para centrarse en la formación y cualificación del postulante al empleo, para que el acceso sea transparente y equitativo.

Se trata de una tendencia en crecimiento en todo el mundo: Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Suecia, Finlandia, España ya han puesto en marcha esta manera de contratación con efectos positivos. Lo que propone es un nuevo estilo de hoja de vida donde quita referencias personales con el fin de destacar la formación y cualidades del postulante al empleo.

Partido Socialista

Si bien el socialismo impulsó numerosas iniciativas a los largo del 2019, dos de las más curiosas tuvieron que ver con la limitación de los shows pirotécnicos y con la implementación del lenguaje inclusivo en los documentos gubernamentales.

La primera de ellas busca limitar los shows de pirotecnia en la Ciudad y -en caso de que se apruebe- establece severas multas para quienes incumplan con la normativa. De esta manera, la medida prevé que los espectáculos o shows deban realizarse entre las 10 y las 22 horas, no pudiendo superar más de cinco minutos de duración. Además agrega al Código de Faltas de la Ciudad un artículo especial que prevé multas y sanciones.

La norma –que lleva la firma de Roy Cortina (PS)- establece que el titular o responsable de un establecimiento o inmueble que realice un evento, espectáculo o show pirotécnico fuera del horario permitido es sancionado con multa de 400 a 100 mil unidades fijas -es decir, entre 8.560 y más de dos millones de pesos- , clausura y/o suspensión de la habilitación del establecimiento, y decomiso de la pirotecnia.

La misma sanción se aplica cuando el evento, espectáculo o show pirotécnico excede la duración autorizada dentro del horario permitido. Aunque si el show pirotécnico se realiza en el marco de una actividad lucrativa, la multa se eleva entre dos mil a 200 mil unidades fijas –es decir, entre 428 mil pesos y más de cuatro millones de pesos-. Asimismo, la normativa prevé que cuando la falta se cometa en perjuicio de un área protegida, reserva ecológica, zona declarada bajo alarma o emergencia ambiental, los montos mínimos y máximos de las sanciones previstas, en todos los casos, se elevan al doble.

Mientras que la otra propuesta prevé que que se incorpore el lenguaje inclusivo a todos los expedientes, textos y documentos del sector público de la Ciudad, con el objeto de “promover discursos democráticos e igualitarios, visibilizar a las mujeres, respetar la diversidad sexual, prevenir expresiones sexistas y eliminar estereotipos de género”.

De acuerdo a la normativa, ese tipo de lenguaje se implementará de distintas formas: prescindiendo del masculino genérico para referirse a personas o grupos de personas; recurriendo al uso de sustantivos colectivos, adjetivos sin marca de género, construcciones impersonales, gerundios y verbos en infinitivo; omitiendo los determinantes de género que no resulten imprescindibles; empleando estrategias tipográficas; evitando el uso de las formas masculinas siempre en primera posición; entre otras medidas.

Frente de Todos

Una de las principales propuestas que esa bancada deberá defender en el 2020 es la de la construcción del estadio de San Lorenzo en Boedo, propuesta que presentó a principios de año Leandro Santoro. Así se buscará rezonificar el predio de Avenida La Plata al 1700, en los terrenos donde supo erigirse el Viejo Gasómetro, para desarrollar un Polo Social, Cultural y Deportivo con el objetivo de revitalizar la zona y sus alrededores.

La intención de San Lorenzo no es avanzar solamente en la construcción de un nuevo estadio de fútbol, hecho que podrá realizarse una vez que se apruebe el proyecto, sino que el club propone potenciar el barrio y sus alrededores, con el desarrollo de un Polo Social, Cultural y Deportivo que abarcaría a la Comuna 7 (Flores y Parque Chacabuco).

Se contempla una nueva cancha, con capacidad para unas 42 mil personas y un concepto 365 para beneficio vecinal, albergando otros usos como comercios, Jardín de Infantes, Escuela Primaria y Secundaria, una delegación del Gobierno de la Ciudad, un Establecimiento Policial, una Biblioteca y un Museo. Según establece el proyecto el club también agrandará el cupo de becas para chicos y adolescentes de bajos recursos y crecerán los talleres sociales, que actualmente desarrolla para la comunidad de las zonas aledañas al Estadio “Pedro Bidegain” abarcando primera infancia, alumnas madres y apoyo escolar.

Por otro lado, buscarán avanzar con un proyecto de ley para regular la forma en que se producirán las relocalizaciones y los desalojos dentro del distrito capitalino. El mismo fue impulsado por Javier Andrade y los legisladores mandato cumplido Paula Penacca y Carlos Tomada.

El texto establece que los casos de desalojo o relocalización administrativa o judicial deberán ser notificados previamente, con indicación de fecha y horario. Sin embargo, no podrán realizarse si llueve o hay alguna condición climática adversa; en los casos en los que se encuentren afectados niños y/o adolescentes debe buscarse no afectar las actividades escolares; deben respetarse los feriados religiosos; entre otras cuestiones.

Asimismo, el Gobierno deberá garantizar que la resolución que lo ordene se encuentre en lenguaje accesible, de fácil comprensión para el afectado, con la suficiente antelación a la fecha prevista del desalojo, indicando los organismos a los que puede recurrir para solicitar asistencia técnica o legal y acompañamiento a fin de plantear la defensa que estime corresponder. El asesoramiento jurídico, técnico o de cualquier tipo deberá ser gratuito para la parte afectada.

También podrá destinar fuentes de financiamiento específicas, realizar acuerdos y/o convenios con universidades nacionales públicas, crear líneas de acción concretas y cualquier otro tipo de instrumento con el fin de atender las necesidades de la población afectada por desalojo o relocalización.

Otra de las medidas pendientes de debate es la creación de un programa de atención para familias en situación de calle, que promovió el peronista Santiago Roberto. Así se buscará otorgar un subsidio con la finalidad cubrir gastos de alojamiento, créditos hipotecarios otorgados por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y la a obtención de una solución habitacional definitiva. Por lo que se le entregará un total de hasta 4.800 “UVAs” -que actualmente tienen un valor de 34,09 pesos-, abonado en un máximo de 12 cuotas mensuales y consecutivas de hasta 400 “UVAs” cada una.

Asimismo los beneficiarios podrán solicitar el pago del subsidio en una única cuota de hasta 9.600 “UVAs”, si al momento de ingresar al programa acreditaron la fehacientemente la posibilidad de obtener una salida habitacional definitiva y concreta. A su vez, en los casos en que el grupo familiar este integrado por personas con discapacidad y/o adultos mayores los montos se incrementarán un 50%, lo mismo ocurrirá cuando la persona solicitante resulte víctima de violencia familiar o de género.

GEN

Por su parte Sergio Abrevaya insistirá con un pedido para que el Gobierno de la Ciudad que se implemente una capacitación obligatoria para docentes de gestión estatal y privada, para que estos puedan detectar casos de abuso sexual en alumnos de nivel inicial, primario y secundario. En ese sentido, el diputado explicó que el objetivo primordial de la medida es el de “proporciónale a los docentes las herramientas necesarias que les permitan reconocer y detectar eventuales casos de abuso sexual infantil y/o adolescente”.

Además, otra de sus iniciativas que aún no llegaron a debatirse tiene que ver con el hecho de establecer que los locales gastronómicos cobren por el uso del baño a las personas que no hayan efectuado un consumo dentro del comercio. De esta manera los locales habilitados para el cobro de ese servicio son los bares, restaurantes, establecimientos de comida rápida, cervecerías, pubs y similares; el valor del mismo será a razón de media unidad fija –es decir, 10,70 pesos- y el sanitario deberá contar con jabón, papel higiénico y seca manos, además de estar en buenas condiciones de limpieza y uso.

No obstante, quedarán exceptuados del pago de dicha tarifa los jubilados y pensionados, menores de 16 años, embarazadas, desempleadas y discapacitadas que acrediten dichas condiciones. La normativa también establece una multa de 70 unidades fijas -que rondaría cerca de los 1.500 pesos- para los establecimientos que no cumplan con la ley.

Otro de sus proyectos de ley prevé asegurar que el sistema de salud de la Ciudad cuente con las comodidades y el equipamiento adecuado para el uso y asistencia de personas que padecen obesidad.

La normativa establece que todos los hospitales de agudos del distrito capitalino deberán contar con un servicio especializado en obesidad y enfermedades metabólicas, así como también un equipo interdisciplinario de abordaje del tema y uno de cirugía bariátrica. Al mismo tiempo que propone que estén equipados con un tomógrafo computado abierto, un resonador magnético abierto, ambulancias equipadas para pacientes con obesidad y camillas de quirófano que soporten hasta 400 kilos.

Frente de Izquierda

A su vez, los diputados del FIT prevén avanzar con un texto que regularice las apps como Rappi, Glovo, Uber Eats y Pedidos Ya, entre otras. La normativa busca que estas empresas reconozcan la relación de dependencia con sus trabajadores y prohíbe que estos sean obligados a trasladar el peso de las cajas transportadoras sobre sus espaldas, por lo que propone que las mismas sean colocadas en una “parrilla” en la parte trasera de la moto o bicicleta que utilicen los repartidores.

Asimismo prevé que los empleadores provean la ropa y las cajas de repartos, sin que se cobre por dichos elementos de trabajo a los propios trabajadores y hacerse cargo del conjunto de las multas de las que son objeto los trabajadores como fruto de los ritmos de trabajo impuestos por las patronales. Por otra parte, la iniciativa obliga a las apps a establecer lugares adecuados para que los trabajadores puedan disponer de baños y de lugares de refrigerio y descanso; así como también a establecer un régimen de licencias que reconozca las enfermedades del repartidor y de su grupo familiar o el derecho a la maternidad y paternidad.

Al mismo tiempo que prohíbe la publicidad de las empresas de reparto y de comidas, así como de cualquier otro rubro, en las que se incluya como atractivo para la compra un servicio veloz de entrega que condicione al trabajador a sortear leyes de tránsito o poner en riesgo su vida o la de terceros para llegar a cumplir con los estándares del pedido.

Finalmente, el proyecto plantea que aquellas empresas que no cumplan con la normativa serán sancionadas con una multa inicial equivalente a diez salarios mínimos por cada trabajador inscripto en la aplicación, los cuales serán los beneficiarios del cobro de dicha multa.

Por otro lado, retomarán una iniciativa de familiares y amigos de victimas de Cromañón que buscan que el boliche en el que ocurrió la tragedia, que se encuentra ubicado en Bartolomé Mitre 3060, se convierta en un “espacio para la memoria”.

Así buscarán resguardar los elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural, por lo que le solicitarán al Gobierno porteño que determine las partidas presupuestarias que considere pertinentes para la restauración del lugar y su mantenimiento. Asimismo, la normativa indica que la administración de ese espacio estará a cargo de familiares y sobrevivientes de Cromañón con independencia del estado.

Autodeterminación y Libertad

Durante este año parlamentario, los diputados de AyL impulsaron una vasta cantidad de pedidos de informes, repudios y proyectos de ley. Uno de los más curiosos tiene que ver con prohibir la comercialización de “OxyContin” y otros medicamentos a base de oxicodona; ya que debido al consumo de opiáceos, fallecieron en un año más de 47 mil personas en Estados Unidos.

Purdue Pharma es el fabricante de OxyContin, un potente analgésico que también se vende en Argentina -bajo receta médica-, ofrecido por otro laboratorio, Mundipharma Pharmaceuticals SRL, y registrado por la ANMAT.

En ese sentido, los diputados pidieron que la normativa tenga vigencia “como aplicación del principio precautorio de defensa de la salud de la población ante la existencia de denuncias y elementos probatorios de los daños causados por su consumo, y regirá hasta que sea científicamente demostrado la inexistencia de efectos nocivos de dicho producto y droga”.

En los fundamentos de la medida advirtieron que la ANMAT autorizò la medicación cuando “las denuncias por adicción y por las muertes provocadas ya se habían producido en los Estados Unidos”. Es que según señalaron diversas fuentes “el abuso de este poderoso analgésico, a partir de la fuerte adicción que genera, conduce todos los años a miles de muertes en ese país y en todo el mundo. También en la Argentina”.

Asimismo, los opositores citaron unas declaraciones del secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos en Argentina, Marcelo Peretta, en las que explica que “se trata de un producto altamente adictivo que en Argentina es fácil de conseguir bajo receta” y concluyó que el peligro radica en que “de las tres mil muertes que se producen en el país por consumo de opiáceos, el 10%, es decir, 300 casos corresponden sólo a esta droga”.

Cabe señalar que la conformación de la Legislatura porteña se completa con Consenso Federal, cuyo representante en la Casa es Eugenio Casielles, pero debido a que asumió como legislador el 10 de diciembre pasado, aún no presentó ninguna medida.