La Justicia sobreseyó a procesados por una denuncia de supuestos “incentivos” a médicos

Se trata de una causa en la que se investigaba la posible comisión del delito de cohecho respecto de ciertos médicos prestadores del PAMI, que fue citada en su momento por la diputada Graciela Ocaña en la presentación de un proyecto sobre el tema.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 dispuso el sobreseimiento definitivo de todos los involucrados en una denuncia que involucraba al laboratorio Finadiet, según la cual médicos y residentes del Hospital Milstein, contratado por el PAMI, eran obligados a recetar medicamentos de esa firma.

El sobreseimiento alcanza a Guillermo Yañez, Carlos Alberto Arredondo, Clara Catalina Gaivironsky, Daniel Bidner y Luis Cesar Forte, como así también a Finadiet SACIFI, en el marco de la causa caratulada: “Verdinelli, Julio Cesar y otros s/ Negociaciones incompatibles”, según la cual se investigaba la posible comisión del delito de cohecho respecto de ciertos médicos prestadores del PAMI.

En el marco de esa causa, el juez federal Sergio Ramos había dispuesto en noviembre de 2017 el procesamiento sin prisión preventiva de las personas mencionadas, todos ellos integrantes del directorio del Laboratorio Finadiet SACYFI. También se habían trabado embargos, ante la imputación del supuesto tráfico de influencias, figura penal que había sido solicitada por Javier Arzubi Calvo, a cargo de la UFI-PAMI, y Jorge Di Lello, titular de la Fiscalía Federal N°1.

La denuncia expresaba que uno de los médicos del Hospital Milstein (ex Francés) había denunciado en 2014 que jefes de Urología del nosocomio, contratados por PAMI, obligarían a médicos y residentes a recetar medicamentos del laboratorio Finadiet recibiendo a cambio dinero por ello y que habrían recibido sumas por 94.792 pesos por parte del laboratorio con el objetivo de que solo se prescribieran medicamentos de esa empresa.

El tema, del que en su momento se hizo eco parlamentario.com, tuvo su rebote legislativo cuando la diputada nacional Graciela Ocaña anunció la presentación de un proyecto de ley para transparentar los incentivos que otorguen los laboratorios a los médicos a fin de promover medicamentos o prótesis a sus pacientes, entre otros productos.

La legisladora nacional justificó su iniciativa en que “este tipo de situaciones tiene consecuencias concretas: el encarecimiento de las prestaciones de salud, ya que el mayor costo asociado a estas prácticas espurias es soportado por todas las personas que tienen que comprar un medicamento determinado en una situación de enfermedad o tratamiento médico”, y agregó que “el sistema de salud termina subsidiando en su conjunto los costos exorbitantes de las prácticas o medicamentos obtenidos por esta vía”.

En la presentación se tienen en cuenta como bienes de valoración pecuniaria a pagos en efectivo, pagos de honorarios profesionales, así como también los fondos destinados a formación profesional, gastos de viajes, pasajes, regalos, hospedajes o cualquier otro bien susceptible de valoración económica que sean realizados desde los laboratorios hacia los médicos.

Otro de los puntos principales de la propuesta es que el recetario médico no deberá incluir ningún tipo de indicación predeterminada que pueda inducir al médico y/o al paciente al uso de determinadas marcas de medicamentos o equipos biotecnológicos médicos.

Al anunciar su iniciativa, la diputada Ocaña contó que estas prácticas de interés y de resarcimiento han sido denunciadas en el país y en el mundo. Extitular del PAMI, Ocaña denunció en 2012 ante la Justicia Penal argentina a la firma norteamericana BIOMET, quien, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la Comisión de Valores de dicho país, (SEC, por sus siglas en inglés) habría pagado sobornos a funcionarios y médicos de diversos países, entre ellos Argentina, para la colocación de prótesis traumatológicas. De esta manera la legisladora nacional denunció la existencia de sobornos a funcionarios de la Aduana para ingresar al país prótesis médicas subvaluadas que luego indicarían médicos y obras sociales a cambio de un soborno de entre el 15 y el 20 por ciento del producto.

Al detallar antecedentes, Ocaña citó también el caso que involucraba al laboratorio Finadiet, que al igual que los integrantes de su directorio han sido sobreseídos de manera definitiva en esa causa en la que habían sido imputados.

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