En un documento titulado “sin recursos no se puede atender la emergencia”, los senadores señalaron que la Ley Impositiva es necesaria “para devolver al Estado su función de fomentar la redistribución social, en particular en la reducción de la pobreza, en la Educación, en la Salud y en las condiciones para la creación de empleo, se presenta el proyecto de ley Impositiva 2020 que otorgará los recursos necesarios para tal fin”.

Asimismo, sostiene que el distrito “sufre consecuencias más severas que la Nación en todos los indicadores sociales”, y enumera que “casi el 40% de las personas está debajo de la línea de la pobreza, y en el Gran Buenos Aires se supera esa cantidad y llega a más del 42%; de ellas, casi un 9% son indigentes en la provincia, mientras que en el Conurbano esa cantidad es aún mayor”.

“En los partidos más cercanos a la ciudad de Buenos Aires las proyecciones para este fin de año sobre los datos del primer semestre marcan que el 56% de los niños y jóvenes de hasta 18 años son pobres y un 15% de ellos son indigentes”, dice el texto.

Remarca que “frente a estos niveles de pobreza, indigencia, desempleo, recesión y desinversión en las áreas sociales más delicadas, se ha decidido realizar correcciones posibles, lógicas, equitativas y moderadas orientadas a los tributos patrimoniales de quienes más tienen”.

En ese sentido, explica que los impuestos inmobiliarios “se incrementarán en promedio en la misma medida o por debajo de la inflación de 2019 y se reduce la carga sobre los que menos tienen en relación con los que más tienen. Claramente, los propietarios de menor tamaño pagarán menos que el año pasado en términos reales”.

“De ese modo, y sin incrementar la carga impositiva promedio en términos reales, se busca que contribuyan en mayor proporción los que más tienen”, aclaran los senadores.

El bloque afirma que el objetivo del proyecto es el de “frenar el descenso de los últimos dos años de la recaudación provincial en términos reales y evitar en consecuencia el desfinanciamiento del Estado, que el gobierno anterior cubrió tomando deuda, una circunstancia insostenible por el nivel de las obligaciones contraídas”.

“Es clave en esta iniciativa la decisión de no modificar la alícuota de Ingresos Brutos, que significa el 70% de la recaudación total de la provincia. Y es importante destacar que ninguna medida propuesta en este proyecto impacta en Bienes Personales”, completa.

En el caso del impuesto Inmobiliario Urbano, el bloque afirma que “los cambios significan un incremento menor a los 3500 pesos anuales (pagaderos en cinco cuotas) para el 86% de los contribuyentes”, y que el impuesto Inmobiliario Rural, en promedio, “no aumenta en términos reales”.

“En promedio se ajustará por el equivalente a la inflación registrada durante 2019 en un esquema a partir del cual se le bajará la carga impositiva a los más pequeños”.

Por último, aclaran que en el proyecto “se ha decidido no modificar las alícuotas en los automotores”, lo que significa “un módico esfuerzo progresivo dirigido, además del auxilio inmediato a los más vulnerables, a reconstruir la infraestructura hospitalaria y la escolar, seriamente abandonadas”.