Finalmente, la Legislatura mendocina derogó la polémica ley que autorizaba la actividad minera con sustancias contaminantes, aprobada el pasado 20 de diciembre, pero que desde que fue reglamentada por el gobernador Rodolfo Suárez, fue blanco de duras críticas y masivas protestas frente en varios departamentos de la provincia.

Con 34 votos afirmativos y 2 en contra (Gladys Ruiz e Hilda Quiroga), los senadores decidieron derogar la denominada “Ley Minera, por lo que quedó restituida la prohibición del uso de las sustancias químicas en la minería encuadrada en la original 7.722.

La marcha atrás comenzó luego de que Suárez, debido a las protestas, anunciara que quedaba sin efecto la aplicación de la ley: “El primer deber que tiene un gobernador es garantizar la paz social del pueblo. Ha habido hechos de violencia, hay cortes de ruta, hay una queja de ciertos sectores, algunos muy violentos, queremos evitar que eso pase a mayores”, justificó el jueves en conferencia de prensa.

A pesar de esto, el mismo viernes hubo una masiva manifestación en toda la provincia de Mendoza para insistir en la efectiva derogación del proyecto.

Durante el debate, los senadores hicieron referencia a las movilizaciones populares en rechazo a los cambios y también repudiaron las amenazas que sufrieron legisladores y hasta el propio gobernador mendocino.

Los legisladores también apuntaron a la necesidad de generar políticas de Estado para cuidar el agua “ahora sin la minería” y también para ampliar la matriz productiva de Mendoza.

Mientras que desde el gobierno argumentaron que los cambios en las regulaciones mineras generarían 17.550 puestos de trabajo directos y que podrían llegar a 39.240 empleos cuando los seis grandes proyectos mineros en carpeta estuvieran funcionando.