Fernández aprovecha su período de gracia, pero inquietan señales de EE.UU.

El primer gobierno peronista obligado a hacer ajuste de entrada administra su tiempo de luna de miel. Medidas poco atractivas no afectan por ahora la imagen presidencial, aunque el alineamiento internacional provoca complicaciones no deseadas de cara a la negociación clave por la deuda.

Por José Angel Di Mauro

En vísperas de las fiestas de Fin de Año se conoció una encuesta de Synopsis que le daba al presidente Alberto Fernández una valoración positiva del 43,6%. Previsible: los presidentes suelen gozar de un fuerte prestigio en sus primeros meses de gestión, producto de la luna de miel que se extiende -mínimo- cien días.

Más allá de que no faltan quienes le cuentan los días desde el momento mismo en el que el candidato presidencial del Frente de Todos arrasó en las PASO y se convirtió en el virtual futuro presidente de la Nación. Si le damos crédito a esa medida, Alberto Fernández estaría superando con creces los cien días, pues ya pasaron casi 150. Para ser precisos, 147 desde que las urnas no dejaron dudas de que la suerte estaba echada para octubre.

Pero no exageremos: los cien días se cuentan desde la asunción, y en ese caso Alberto F. no ha transcurrido aún siquiera 30. Por eso es que goza de una imagen positiva elevada, a pesar de haber implementado medidas severas como la mega ley que incluyó nueve emergencias; aprobada en dos días sin protestas siquiera. Son las prerrogativas que asisten a un gobierno nuevo, encima peronista, y que llega luego de otro que pasó la mayoría de su tiempo en crisis y recesión.

Así como el de Mauricio Macri fue el primer gobierno en cien años en gobernar en minoría, el de Alberto Fernández es el primero peronista en llegar al poder sin recursos suficientes y, por el contrario, la obligación de hacer ajuste. Son las circunstancias que lo llevaron a eliminar de un plumazo la fórmula de movilidad justo cuando debía compensar a los jubilados como a casi ningún asalariado por la inflación desenfrenada post-devaluación; a aplicar incrementos de impuestos sin mayores reacciones adversas; y a aplicar un aumento salarial mucho más discreto de lo que se había anticipado.

En efecto, la consigna de “ponerle plata en el bolsillo a la gente” enarbolada durante la campaña sonó menguada a la luz de los hechos. Si bien se había sugerido inicialmente que el incremento “a cuenta de las paritarias”, habilitado por la mega ley aprobada antes de las fiestas, oscilaría entre los 6.000 y 9.000 pesos, el último día hábil de la semana se terminó anunciando una suma que ni siquiera emparda el piso de los cálculos iniciales: serán 4.000 pesos, en dos veces -3.000 en febrero y mil en marzo-, como suma remunerativa que de cualquier manera servirá para cumplir con la consigna de inyectar dinero para alentar el alicaído consumo. El mismo objetivo que acompañó al pago de 5.000 pesos en diciembre y otros 5.000 en enero para los jubilados que perciben la mínima.

El aumento lució escaso, si se lo compara con los números originarios, pero el gobierno está obligado a ser pragmático a la hora de atender los reparos empresariales. Salvo excepciones, las Pymes -a las que este gobierno no se cansa de decir que busca proteger- no están en condiciones de absorber mayores incrementos salariales. Y salvo excepciones, el resto de las empresas no están en mejor situación, razón por la cual el gobierno debió moderar sus estimaciones primigenias.

En rigor, no es que el gobierno haya pecado de dadivoso y reculado luego: agitó una suma más generosa al principio para que cuando la redujera sonara como un alivio para las empresas. Más allá del efecto decepcionante en los empleados que puedan haberse ilusionado con cifras más amplias, a la postre siempre algo es más que nada. Y en definitiva lo que está haciendo el gobierno es adelantar lo que a lo largo del año las paritarias vayan a conceder.

Tampoco se elevaron voces críticas por la vuelta del IVA a los alimentos. Ni siquiera la oposición -de vacaciones- aprovechó para reprocharle a Fernández incumplir lo que el Frente de Todos escribió en su propia plataforma electoral. Hasta los propios supermercadistas esperaban que, en el marco de las emergencias, el descuento fuera prorrogado. Pero prevalecieron en la Rosada no solo las necesidades de atender la crítica situación fiscal, sino -sobre todo- el reclamo de los gobernadores perjudicados por lo que dejaron de percibir estos meses.

Paralelamente, y en el marco de las emergencias oficializadas sobre el final del año, el gobierno dispuso estirar el congelamiento que de hecho persistía en muchos sectores desde los tiempos de Cambiemos. Conforme se acercaban las elecciones, el gobierno de Mauricio Macri no dudó en frenar todos los aumentos que pudo. La decisión abarcaba tarifas de servicios públicos y hasta el dólar, aunque la moneda norteamericana terminó escapándose, con efectos devastadores. El congelamiento se extenderá por 120 días, tiempo en el cual podrá verificar el efecto de sus medidas. Para entonces habrá pasado -quizá- la luna de miel, y será una prueba de fuego verificar la reacción de la gente cuando las tarifas deban ser readecuadas. Se verá también si el gobierno de Alberto Fernández termina cumpliendo con esa premisa, atento a que sus miembros reconocen que lejos están de la intención de prolongar un achatamiento de las tarifas como supo suceder durante los tres gobiernos de los Kirchner.

Por lo pronto hasta Horacio Rodríguez Larreta accedió a suspender en su distrito los aumentos en el subte y los peajes. Es una contribución de la administración porteña al gobierno nacional para evitar alimentar la carrera inflacionaria, pero también un cálculo a futuro del único gobernante importante que le queda al PRO, que hasta perdió Boca Juniors… Con aspiraciones presidenciales para 2023, Rodríguez Larreta toma nota de lo que fueron los pasajes más decepcionantes de la administración de su ex jefe.

Toda una señal representó en este contexto la decisión del Presidente de frenar el aumento del 5% que ya había sido autorizado a dar YPF. Sobre la marcha Alberto Fernández cambió su decisión inicial y mandó a retrotraer el incremento. La medida que nunca se permitió tomar Mauricio Macri fue dispuesta por el gobierno actual, habida cuenta del efecto dominó que genera un incremento de los combustibles. Pero es una decisión que genera consecuencias en un plano en el que el gobierno anterior se preocupó muy especialmente de hacer buena letra, postura que esta administración quisiera repetir, pensando en Vaca Muerta. Es que la gran apuesta de Cambiemos y los gobiernos venideros para encontrar la luz al final del túnel está en ese yacimiento neuquino, pero para que el mismo prospere hacen falta inversiones privadas que solo vendrán si no se toman medidas como la que adoptó la última semana Alberto Fernández.

En este caso tampoco se escuchó reaccionar a las provincias productoras de petróleo, perjudicadas también por el congelamiento de combustibles. En un contexto en el que la tensión en Medio Oriente no hace más que recalentar el precio del crudo.

En tren de tomar decisiones que generan consecuencias más allá de nuestras fronteras, hay que atender la reacción severa de la administración Trump respecto del asilo brindado por este gobierno a Evo Morales -quien lejos está de adoptar un bajo perfil en su estadía en nuestro país- y el consiguiente acercamiento al gobierno venezolano. La advertencia de un alto funcionario estadounidense respecto del “límite” cruzado por el gobierno argentino encendió las alarmas aquí y disparó con fuerza el riesgo país, que venía bajando con las medidas adoptadas por Alberto Fernández. El viernes subió 6,2% y volvió a ubicarse por encima de los 1.900 puntos. El gobierno argentino tiene clarísimo que necesita del aval de Washington para negociar con el Fondo Monetario, y es lo que ese país no dará con una postura como la que está adoptando la Casa Rosada en materia internacional. Más que idiomas, Felipe Solá deberá practicar equilibrismo.

En ese contexto es que Alberto Fernández busca dar señales en otros sentidos, atento a la premisa de no concentrar la atención en la economía. Es lo que sucedió con el aborto, un tema caro al electorado que considera propio y al que pretende sacarle más rédito que el que pudo extraerle Macri, el primer presidente que habilitó su tratamiento en el Congreso. De hecho, como en otros temas Fernández buscará minimizar ese antecedente, como ya ha sugerido en sus declaraciones: “Quiero un debate sensato, no como el que tuvimos”.

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