Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) señalan que cierran un 2019 donde por un lado, “se siguen manteniendo sus índices y estándares de cobertura, las acciones de prevención, servicios y prestaciones”, pero advierten que, por el otro “no termina de cerrarse el peligroso capítulo de la litigiosidad que, en 2018, parecía haber entrado en cauce de resolución”.

Respecto a los datos de gestión, explicaron que 2019 encontró a las aseguradoras cubriendo a casi 10 millones de trabajadores que se desempeñan en 1 millón de empresas. En este diverso universo, las acciones de prevención, permitieron seguir disminuyendo la cantidad de siniestros. De hecho, los fallecimientos, desde el inicio del sistema, bajaron un 76% considerando aquellos ocurridos en el lugar del trabajo y 71% si se consideran los accidentes in itinere. Esto va más allá de ser un simple porcentaje de gestión y no es un dato menor. Significa 13 mil vidas salvadas en este período por la acción combinada de empleadores, trabajadores, aseguradores y el Estado.

Vale mencionar que el sistema argentino, en comparación con otros semejantes, como el de Chile o el de España, ofrece mayores resarcimientos: reconoce el pago del 100% del salario durante las incapacidades laborales temporarias, mientras que en España solo se cubre 75%. Asimismo, ese país indemniza solo incapacidades superiores al 33% y Chile al 15%, mientras que aquí la cobertura es total, sin exclusiones de ningún tipo.

Sin embargo, desde UART denuncian que “a pesar de contar con estos claros beneficios, el índice de litigiosidad en nuestro país supera ampliamente a los otros dos. Este dato debería llevarnos a la reflexión de la incongruencia de que a pesar de contar con una cobertura más amplia se observan más demandas”.

En tal sentido, en cuanto a nuevos reclamos judiciales, advierten que 2019 comenzó con buenas expectativas: en 2017 se había alcanzado la friolera de 130.000. La sanción de la nueva ley permitió reducir ese número a 80 mil en 2018. Y se esperaba que esa tendencia descendente se mantuviera. Pero, hacia mitad de año comenzó a hacerse más visible una reversión que, con el correr de los meses, se fue consolidando en algunas provincias.

En el mes de noviembre/19 se notificaron a las ART 6.421 juicios, acumulando 62.132 nuevos juicios en el año, representan respectivamente un aumento del 6,1% contra noviembre/18 (6.054 juicios) y una caída de solo 17% en cuanto al acumulado de los primeros once meses del año 2018 (74.878 juicios). Cifras que marcan un claro cambio de la tendencia a la disminución de la litigiosidad. En efecto, en septiembre + 11% y en octubre + 4%. El estimado de diciembre también confirmaría el movimiento al alza.

En los primeros 11 meses del año se acumularon 62.132 nuevos juicios, un número sumamente elevado. El estimado para diciembre llevaría esta cifra a 68.000. Los datos expuestos alertan respecto de una clara reversión: las demandas habrían encontrado su piso en junio, período a partir del cual comenzaron a repuntar.

Por esto, desde UART advierten la necesidad de completar el cumplimiento de los previsto en la Ley 27.348 a través de la constitución inmediata de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF), en cada una de las justicias de las 15 provincias adheridas a la Ley. “Este eslabón faltante, previsto en la reforma para consolidar el camino recorrido de baja de litigiosidad, reabre la puerta al retorno de la litigiosidad exacerbada. La no constitución de los CMFs implica que el mecanismo pericial sigue con honorarios acoplados a los montos de las sentencias (contundente incentivo a sobreestimar daños) y sin la utilización o una utilización incorrecta del Baremo (tabla de Porcentajes de incapacidades). Esta dilación constituye una vía directa al aumento de la litigiosidad. Permite no sólo el crecimiento del número de demandas, sino también el aumento del costo de las mismas. Resulta además llamativo que el valor de los juicios ingresados siga siendo elevado, tanto en comparación con períodos anteriores a la escalada de juicios, como en relación con las incapacidades permanentes. Afecta además la valuación de juicios en stock, agravando el pasivo contingente de juicios del sistema”.