La Cámara de Diputados bonaerense ratificó las modificaciones el proyecto de Ley Impositiva 2020 introducidas por el Senado y convirtió en ley la iniciativa.

Cabe destacar que el proyecto había sido aprobado en una primera instancia por Diputados, pero como el Senado le había realizado modificaciones tuvo que volver a su cámara de origen para que esos cambios sean ratificados.

A pedido de Juntos por el Cambio, se le realizaron varios cambios al proyecto original. Entre ellos, se modificó el tope máximo del incremento del Impuesto Inmobiliario; y se retocó el artículo que regula los servicios portuarios, reduciendo en un 50 por ciento la alícuota.

Durante el debate en el Senado, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, fue uno de los oradores. Allí, aseguró que “no se puede pretender que ante semejante ley la ciudadanía se entere de los aumentos cuando reciba la boleta; y tampoco podemos pretender que el Senado sea un espectador que vote entre el 24 y el 26 y sin hacerle modificaciones”.

En tanto, por el oficialismo, el titular de la bancada Gervasio Bozano defendió la iniciativa y aseguró que con esas modificaciones, la provincia dejará de percibir 10 mil millones de pesos.

La sanción de la ley se logró al cabo de una larga jornada que implicó una triple instancia. En ese marco, el gobernador Axel Kicillof tuvo que ceder ante la presión opositora que se hizo infranqueable en el Senado, pero la oposición tuvo que resignar algo de su reclamo para no perder todo lo que el oficialismo había resignado. En una jornada que comenzó por la Cámara de Diputados donde se aprobó por primera vez el proyecto para luego ser girado al Senado, donde se lo aprobó con modificaciones, por lo que tuvo que volver a la Cámara de origen para ser sancionado.

Según las estimaciones propias del oficialismo se resignaron unos 10.000 millones de pesos con las modificaciones introducidas, pero la oposición no termina de aceptar esa cifra.

De todas formas, la negociación final que se desplegó en el Senado incluyó elevar valuación fiscal para el tope del aumento del 75% en el Inmobiliario Urbano de $1.300.000 a $1.700.000; disminuir en un 50 % la “sobretasa” el importe que se cobrará por tonelada; se dejó sin efecto los aumentos dispuestos en Ingresos Brutos a la Alícuotas a profesionales, vuelven al 3,5%, y a Operadores de cable por suscripción, vuelve al 2%; y las bonificaciones por pago anticipado del inmobiliario paso del 25% al 35%.

“Nuestro empeño tiene que estar puesto en beneficio de los que menos tienen, tenemos que sostener derecho no privilegios”, dijo Gervasio Bozzano, el presidente de la bancada del FdT, cuando cerró el debate en la Cámara alta.

Antes, desde la oposición, el jefe del bloque de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, había aclarado que si trataba de “una ley del gobernador ni de nosotros sino de una norma para beneficio de los bonaerenses”.

Desde un primer momento el gobierno entendió que debía dejar en claro que la iniciativa era indispensable para atender las urgencias y prioridades definidas a través de las leyes de Emergencias recientemente sancionadas el flamante gobierno entendió necesario mantener el nivel de ingresos del Estado provincial.

Pero al mismo tiempo, según se informó, se consideró oportuno y fundamental hacer más justa la recaudación, cobrando más al que más puede y generando alivio a los pequeños y medianos productores y propietarios.

Uno de los focos del debate fue el replanteo del impuesto a los Ingresos Brutos, donde se avanzó en establecer nuevas alícuota a distintas actividades y rubros, tal como autorizó el Gobierno nacional al suspender la aplicación del Consenso Fiscal, aunque la oposición morigeró sustancialmente la intención primera del gobernador.

Otro eje de negociación fue la actualización del Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano, donde el Gobierno entiende que la actualización está por debajo de la tasa de inflación, aunque se destacan subas del 75 % para los mayores contribuyentes.

La oposición logró que este incremento máximo del Inmobiliario Urbano alcance a un universo menos del 46 % de partidas que consideraba el proyecto original, sobre un total de 4,4 millones de partidas, aunque no se logró precisar la disminución, en el mismo sentido.

Pero además se incorporó un “criterio progresivo”, muy subrayado por los dichos de los funcionarios y aceptado por los opositores: las propiedades de menor valuación fiscal pagarán un incremento menor a la inflación proyectada, aquellos más chicos, estimado en un 13 % de las partidas, tendrán un incremento del impuesto de tan solo el 15% respecto al año pasado.

La discusión también se instaló en “la segmentación” de los propietarios Rurales y también Urbanos, según el tamaño y valor de sus propiedades, donde el gobierno se esmeró en garantizar que el impuesto sea, en términos reales, menor al del año pasado para quienes cuentan con una menor capacidad contributiva.

Por último, fuentes oficiales detallaron que este proyecto de Ley que dota de una mayor progresividad al sistema tributario se suma a la amplia moratoria y a las medidas de estímulo aprobadas en la Ley de Emergencia Económica, de pronta implementación.

Últimas modificaciones

– Inmobiliario Urbano: Se eleva valuación fiscal para el tope del aumento del 75%, de $1.300.000 a $1.700.000

– Puertos: El impuesto extraordinario se redujo a la mitad

– Ingresos Brutos: Alícuotas a profesionales vuelven al 3,5% y

– Operadores de cable por suscripción vuelve al 2%

– Bonificaciones por pago anticipado: Sobre el Impuesto Inmobiliario paso del 25% al 35%.