Por Bárbara Bonelli. La Defensora del Pueblo Adjunta de la CABA advierte sobre la necesidad de visibilizar y abordar la problemática habitacional de las casas tomadas.
El derecho a acceder a una vivienda digna se encuentra garantizado en una amplia batería de tratados y declaraciones internacionales de Derechos Humanos, de jerarquía constitucional, y en leyes nacionales y locales. La Ciudad de Buenos Aires no sólo lo consagra en su Constitución, donde reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado, sino que también contempla resolver el déficit habitacional dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica. Por otro lado, establece la necesidad de recuperar aquellas viviendas que se encuentran en estado de precariedad y de llevar a cabo regularizaciones dominiales y procesos de integración socio-urbanos.
Si bien se ha avanzado en los últimos años sobre la problemática de la vivienda por medio de los procesos de integración social y urbana, el debate y las políticas públicas urbanas vienen estando muy centradas en las villas, a pesar de que existe un gran universo de población, que se estima incluso mayor al que habita en villas, que se encuentra en situación de déficit habitacional en lo que se llama ciudad formal. Me refiero a personas que habitan en hoteles, inquilinatos, conventillos -muchos sin incluso habilitación, o en pésimas condiciones de habitabilidad-, inmuebles ocupados y conjuntos habitacionales en mal estado.
Actualmente no se cuenta con estadísticas ni datos fehacientes referidos a la cantidad de personas que se encuentran viviendo en estas condiciones. Es decir, es una problemática invisibilizada. Sin embargo, y para tomar una dimensión del problema, según la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en este momento existen 2.029 juicios por desalojos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hablamos de más de 2.000 inmuebles en donde, en cada uno, pueden vivir de 50 a 300 personas, como es el caso de la Casa Santa Cruz en Parque Patricios.
La ONU menciona en sus tratados sobre vivienda y hábitat que cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para que se proporcione otra vivienda. Respecto a los derechos consagrados en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se define la fecha de un desalojo el Gobierno de la Ciudad ofrece distintas respuestas: otorga créditos blandos que brindan soluciones definitivas, de acuerdo a lo establecido por la Ley 341 o, en la gran mayoría, brinda subsidios habitacionales para alquileres de apenas $8.000, en el mejor de los casos. Para también dimensionar el problema, el ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad tiene activos más de 7.000 subsidios familiares para dar respuesta a la emergencia habitacional. En la práctica, estos subsidios recién pueden ser tramitados cuando la familia ya se encuentra en situación de calle, es decir, no existe la posibilidad de la previsibilidad en el acceso a la solución habitacional.
Ahora bien, el principal problema para pensar una política pública es la falta de información. El Estado no puede permitirse actuar sobre esta situación en desconocimiento del universo de personas que se encuentran en estas condiciones, ya que esto genera una subestimación del problema, con su correlato de falta de presupuesto suficiente. Pero principalmente porque tiene como consecuencia que las políticas públicas que se llevan adelante para abordar el problema -un subsidio habitacional de $8.000 como máximo que sólo alcanza para terminar viviendo en un hotel en malas condiciones- sean de corto plazo y no solucionen de fondo la vulneración del derecho, resultando además fuertemente costosas para el Estado.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó en noviembre del año pasado un paquete de medidas en la Legislatura porteña con el objetivo central de ordenar esta realidad compleja y aliviar la situación en que viven estas personas.
El primero de los cuatro proyectos propone declarar la “Emergencia Habitacional” por un plazo de dos años. Por otro lado, solicita la modificación del Fondo “Hábitat Sustentable”, el traspaso de todos los trámites de desalojo a juzgados ad hoc que se creen bajo la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, la participación obligatoria del Gobierno en todas las subastas judiciales de inmuebles y la creación de un nuevo programa de alojamiento transitorio directo a familias en situación de calle.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad sostenemos que el derecho a la propiedad del dueño y el derecho a una vivienda de los ocupantes no son en absoluto incompatibles. Sólo se necesita de un Estado que despliegue una serie de políticas públicas que aborden la cuestión de la vivienda de manera integral, prestando atención a las particularidades de cada población y fomentando soluciones a largo plazo y definitivas. Es decir, es el Estado el que debe respetar el derecho de propiedad de los ciudadanos, pero garantizando siempre el derecho a la vivienda como Derecho Humano Fundamental.
