Kicillof dio la nota anticipando su decisión de reperfilar la deuda bonaerense, en lo que se interpreta como una estrategia conjunta con Nación. Aunque con la Provincia afloran diferencias en materia de seguridad. El papel de Sergio Berni, personaje central la noche del hallazgo del cadáver de Nisman, una muerte que volvió a convertirse en un eje convocante para la oposición.
Por José Angel Di Mauro
El hecho más trascendente de la semana lo marcó la decisión del gobierno bonaerense de reperfilar su deuda. Si bien lo que venía comenzó a presumirse el domingo pasado a partir del anuncio del ministro Martín Guzmán de que la Nación no asistiría a la provincia para hacer frente al vencimiento de 250 millones de dólares el próximo 26 de enero, la confirmación oficial hecha por el gobierno bonaerense generó gran sorpresa.
Porque el importe del vencimiento no es tan significativo como para el riesgo que puede generar esta decisión del gobierno de Axel Kicillof. Ese riesgo fue precisamente el que hacía presumir que llegado el momento el gobierno nacional daría el salvataje correspondiente, y de hecho así había trascendido. La decisión final, y sobre todo la forma como se anunció, llevaron a pensar que semejante medida estuvo acordada entre ambos ejecutivos. Es más, se interpreta que la misma es parte de una estrategia global que involucra a la Nación.
Una suerte de globo de ensayo que echa a volar la Provincia, como instancia previa a una estrategia agresiva que podría adoptar la Nación con los bonistas.
El riesgo es grande, anticiparon economistas que nunca pensaron que la administración Kicillof -amadrinada nada menos que por Cristina Fernández de Kirchner- no pudiera contar con el paraguas protector de la Nación.
Aunque cierto es también que este reparto de poder entre los dos principales accionistas del Frente de Todos abre ciertos interrogantes ante determinados planteos. Es que no dejaron de llamar sobremanera la atención las discrepancias planteadas entre los gobiernos nacional y provincial en materia de seguridad. Las divergencias fueron inocultables de entrada, aunque la última semana escalaron de manera exponencial. Y es como si se hubieran trastocado los papeles. Pasa que el garantismo pareciera sentarle mejor, a priori, al cristinismo; mientras que la mano dura podría contar con un mayor nivel de aceptación en el albertismo.
Pero a la luz de las discrepancias, ha resultado al revés: la ministra de Seguridad aparece auspiciando posturas que tranquilamente podrían contar con la anuencia de la vicepresidenta, mas tienen el respaldo público de Alberto Fernández, mientras que Sergio Berni confronta abiertamente no solo con Sabina Frederic, sino que no se preocupa de ocultar sus diferencias con el Presidente de la Nación.
Y ya ha dicho el ministro de Seguridad de Axel Kicillof que el liderazgo que reconoce es el de Cristina Fernández de Kirchner.
Mientras el Presidente de la Nación se ha pronunciado abiertamente respaldando a su ministra de Seguridad, el gobernador Kicillof no ha abierto la boca en torno a este contrapunto. Se sabe que fue la propia vicepresidenta la que le pidió a Berni hacerse cargo de la seguridad en la gestión de su gobernador preferido.
La extraña situación planteada lleva a preguntarse en el seno de Juntos por el Cambio si no es una puesta en escena la que plantea el oficialismo en su conjunto en torno a una cuestión que es de las pocas que puede reivindicar Cambiemos con cierto grado de reconocimiento general. La seguridad es un espacio en el que la principal oposición aparece agazapada para contarle las costillas a la actual administración. Deliberado o no, con estos contrapuntos el Frente de Todos se posiciona en ambos lados de la cancha, acotando el espacio que pueda quedarle a JxC.
Con todo, no pueden sorprender los cruces en el seno del oficialismo. Por el contrario, cada vez son más continuos y destacados. Pero llama poderosamente la atención cuando ya no se trata de algún cuestionamiento propio de personajes marginales como Luis D’Elía, Julio De Vido o Hebe de Bonafini. O ni siquiera el senador kirchnerista Oscar Parrilli, que salió al cruce de Fernández diciendo no tener dudas de que “en la Argentina hay presos políticos”. Es distinto cuando toma la palabra Eduardo “Wado” De Pedro diciendo a través de Twitter, poco después de que la Justicia jujeña ratificara una condena contra Milagro Sala, que “no queremos más presas y presos políticos en Argentina”. Nada menos que el ministro del Interior contradiciendo a su jefe el Presidente, que había arrancado la semana diciéndoles a las organizaciones de derechos humanos que en la Argentina que ahora él preside no hay presos políticos, sino “detenidos arbitrarios”.
La centralidad alcanzada por Sergio Berni inquieta en la Casa Rosada, donde no ocultan su desagrado por el nivel de exposición de un funcionario que se sabe respaldado por la poderosa vicepresidenta. A ella respondía el entonces secretario de Seguridad cuando hace cinco años le informó del hallazgo del cadáver del fiscal Alberto Nisman en su departamento de Puerto Madero. Si bien la expresidenta dijo entonces que ella se enteró de boca de la ministra Cecilia Rodríguez, fue Berni el que le contó la novedad. Una contradicción más entre tantas de un caso irresuelto y que ha vuelto a los primeros planos al cumplirse un nuevo aniversario y ser reflotado mediáticamente por una miniserie que curiosamente deja satisfechos a los dos sectores a los que separa la inextinguible grieta.
Berni podría ser indagado próximamente ante la sospecha de haber “alterado la escena del crimen”, tal el escrito que prepara el fiscal Eduardo Taiano y que incluirá a la fiscal Viviana Fein. Algunos señalan ese episodio como clave en el sostén con el que hoy cuenta.
La grieta que plantea el caso Nisman quedó expuesta este sábado con la marcha convocada para recordar la muerte del fiscal, convertida en la primer gran manifestación opositora de la gestión Fernández, quien previsiblemente declinó concurrir a la misma. Un gesto obvio, si se tiene en cuenta que su gobierno promueve la revisión del peritaje realizado por Gendarmería, que concluyó que lo ocurrido hace cinco años en la Torre Le Parc fue un asesinato.
La consigna convocante para la marcha de este sábado era elocuente: “No fue suicidio, fue un magnicidio”, y el texto leído en la misma pareció dirigido precisamente al Presidente, cuyas contradicciones en torno al tema quedaron expuestas tras el documental de Netflix y su reacción actual: “Nadie en la Argentina puede darse el lujo de interpretar la muerte del fiscal Alberto Nisman según su ocasional conveniencia política o el cargo que circunstancialmente ocupe. Quien piense que el sillón de Rivadavia tiene el poder de hacer cambiar la verdad; quien crea que la verdad puede escribirse y cambiarse a conveniencia, no es más que un aliado de la mentira y cómplice de los culpables”, se leyó este sábado.
La marcha del silencio registrada un día de lluvia de 2015 fue para muchos el anticipo del cambio de clima político que meses después dejaría fuera del poder al kirchnerismo. No es el mismo contexto de entonces el que acompaña hoy, aunque persiste la falta de justicia en ese caso. Hoy la crisis económica es más severa y un gobierno de signo similar al de entonces busca encontrar la salida con medidas que apuntan a inyectar sumas de dinero que tiendan a revivir el consumo, más sin generar desajustes en tiempos de restricciones.
Por eso es que se apunta a brindar los principales paliativos a los sectores más necesitados. Fue el objetivo de los 10.000 pesos en dos cuotas para los jubilados que perciben la mínima, y el piso de aumento de 4.000 pesos como adelanto de paritarias. La medida se extenderá a los jubilados con el aumento que se les dará en marzo, tras la salida de circulación de la fórmula de movilidad creada por Cambiemos. Será un 11,56%, pero solo para los que perciben menores ingresos. El resto recibirá una suma fija, o un porcentaje inferior, lo cual ameritará juicios futuros, anticipan abogados previsionales.
Caso testigo para el resto de las paritarias, el gobierno convocará a los docentes a negociar a fines del presente mes. Se espera un rápido acuerdo y también consistiría en sumas fijas y la promesa de sentarse a negociar nuevamente en el segundo trimestre, para ver la evolución de la inflación entonces. Nada de cláusula gatillo, como se le reclamaba al anterior gobierno. El Presidente ya ha dicho que prefiere no implementarla por considerarla un mecanismo “indexatorio”. Ni más ni menos que el Teorema de Baglini puesto en práctica, con gremialistas que más allá de que algunos no oculten cierto fastidio, en general acompañarán.
