Fuerte cuestionamiento a la marcha atrás con la Ley de Economía del Conocimiento

La decisión del Gobierno de dejar sin efecto la reglamentación de la norma aprobada por el Congreso el año pasado generó la airada reacción de la oposición legislativa.

Fuertes críticas partieron desde la oposición ante la decisión del Gobierno de suspender la Ley de Economía del Conocimiento, aprobada el 22 de mayo del año pasado, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la medida que deja sin efecto la reglamentación de la norma. Tal decisión retrotrae los beneficios impositivos para las empresas tecnológicas que debían regir a partir del 1° de enero de este año.

Para el presidente del interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara baja, Mario Negri, “la decisión de (el ministro de Desarrollo Productivo) Matías Kulfas de suspender los beneficios de la Ley de Economía del Conocimiento hará que las empresas abandonen el país, aleja a potenciales inversores por la falta de seguridad jurídica y afecta a un sector que exporta y genera empleo de calidad. Sólo asegura atraso”.

Otro que expresó su preocupación fue el exsenador nacional Federico Pinedo, quien sostuvo que “la economía del conocimiento genera 120 mil trabajos y 6 mil millones de US de exportaciones. Suspender el marco legal es grave porque se pueden ir con un click a otro lado. Pido al Gobierno que apure la reglamentación y no ataquen a los que generan más trabajo”.

En el mismo sentido, el diputado nacional tucumano José Cano advirtió que “suspender los beneficios de la Ley de Economía del Conocimiento, votada mayoritariamente por todos los bloques en el Congreso, significa ponerle palos en la rueda a los sectores con mayor capacidad para generar divisas y puestos de trabajo de calidad”, mientras que su par Karina Banfi aseguró que “una ley que salió por unanimidad, celebrada por todos, cayó en la grieta del Gobierno”. Y agregó: “La ley de economía del conocimiento promueve el desarrollo tecnológico de cualquier sector de la industria, beneficia el empleo de desarrolladores locales. Incentiva la industria del futuro”.

“Faltan dólares, sobran cabezas y suspenden la Ley de Economía del conocimiento.

Mala decisión de Alberto Fernández”, tuiteó el legislador porteño de la Coalición Cívica Hernán Reyes, en tanto que el diputado nacional radical Gustavo Menna expresó: “El ajuste del Gobierno nacional llega al conocimiento. Se suspende la aplicación de la ley de promoción de la economía del conocimiento. Una ley votada por unanimidad para apoyar a un sector que emplea a más de 120 mil personas y exporta por u$s 6000 millones”.

Por su parte, el senador Luis Naidenoff consideró un “enorme retroceso” la medida, que “afecta a una industria con un enorme potencial que hoy ya cuenta con 120.000 empleados y que exporta anualmente por US$6.000 millones”.

En tanto que el diputado Luis Petri anticipó que solicitará al Ministerio de Desarrollo Productivo “que deje sin efecto la Resolución 30/2020 que suspende la Ley de Economía del Conocimiento, teniendo en cuenta las graves consecuencias económicas y laborales para el sector que trae aparejada la suspensión de la ley

A su vez, la diputada cordobesa Soledad Carrizo expresó su preocupación señalando que “esto debilita una gran oportunidad para el desarrollo local, dando la espalda a todas las provincias que ya han adherido a los beneficios de esta ley. En Córdoba donde hay más de 500 empresas dedicadas al desarrollo de tecnologías informáticas, semilleros e incubadoras de proyectos que hoy proyectan su desarrollo a través de los beneficios de esta ley ven con enorme preocupación esta decisión”.

“Comenzamos nuevamente a caminar de espaldas al mundo”, expresó la legisladora cordobesa, “ya que la aplicación de una ley modelo para la región queda hoy a discreción de un ejecutivo que desatiende al sector que solo durante el 2018 generó exportaciones por USD 6.300”.

“El tercer sector exportador de la Argentina con el 8% de las ventas externas, con capacidad para generar 400.000 empleos en los próximos diez años queda envuelto en inseguridad jurídica, suspensión de beneficios, retraso de decisiones de inversión y preso de una confusa señal hacia el mundo. Tengamos en cuenta que, 36 clúster tecnológicos, más de 10.000 empresas y 215.000 empleos vinculados al sector quedan hoy en suspenso frente a una decisión del ejecutivo nacional que desatiende la función estratégica de esta norma para el desarrollo de valor agregado de nuestro país”, concluyó la diputada nacional.

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