Sorprendió la decisión del Gobierno de suspender la vigencia de la Ley de Economía del Conocimiento, a partir de lo publicado en el Boletín Oficial que deja sin efecto la reglamentación de la norma que entraba en vigencia a partir del 1° de enero pasado.

La norma que otorga reducciones e incentivos fiscales al software y otras industrias de la “economía del conocimiento” fue convertida en ley el miércoles 22 de mayo de este año en el Senado por unanimidad -49 votos-, tras un debate donde hubo críticas del kirchnerismo a la política de ciencia y tecnología del Gobierno.

La iniciativa aprobada ampliaba el régimen de promoción del software a la industria del conocimiento, incorporando numerosos rubros, como los servicios informáticos y digitales, la producción audiovisual, la biotecnología, la biología, la bioquímica y la microbiología.

También se veían contemplados los servicios geológicos, la nanotecnología, las industrias aeroespacial, satelital y nuclear, los sectores de videojuegos y robótica, los servicios de electrónica y comunicaciones, la industria del 4.0 y “todos los servicios profesionales que tengan por objeto la exportación”.

“Estas políticas deben trascender gobiernos, deben tener estabilidad en el mediano y largo plazo”, sostuvo durante ese debate el presidente de la Comisión de Presupuesto, Esteban Bullrich, quien explicó que la ley tiene “un foco muy claro en crear empleos”. El senador macrista precisó que en 2020 la ley tendrá un costo fiscal de 12.192 millones de pesos, de los cuales casi 9.000 millones corresponden a la economía del conocimiento.

Fuentes del sector consultadas cuantificaron el costo fiscal que implica esta ley en 130 millones de dólares.

“Este proyecto debe ser un ejemplo de lo que debemos hacer como Senado y como argentinos: mirar al futuro, dejar el pasado, dejar las divisiones y la mirada del espejo retrovisor, y mirar hacia adelante”, resaltó durante ese debate Bullrich.

Por su parte, Mario Pais, del interbloque Argentina Federal, consideró que “no es la ley ideal” y marcó falencias de redacción en cuanto a la falta de una definición detallada sobre los servicios contemplados. Además, advirtió durante ese debate: “Espero que esta ley esté dirigida a los microemprendimientos que incorporen ciencia y tecnología. Temo que la norma termine beneficiando a los grandes grupos concentrados, como laboratorios internacionales o empresas de explotación minera”.

Muy crítica se mostró esa vez la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien denunció que “esta iniciativa es totalmente aislada de la política del Gobierno, porque mientras tanto se está desmantelando el sistema científico y tecnológico en toda la Argentina”. Calificó a la norma como “una pantalla”, y dijo esperar “que no sea para beneficiar a aquellos actores que no necesitan ser promocionados”, sugirió la mendocina, quien denunció el “vaciamiento” del INTA, el INTI y fundamentalmente, del Conicet.

Desde el mismo bloque, María de los Ángeles Sacnun pidió retomar el “camino de la soberanía tecnológica”. También hubo críticas de Silvina García Larraburu, titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología, quien planteó que “el desfinanciamiento del sector es por demás notorio” y que “las exportaciones han caído de manera dramática en Argentina”, en contraste al “pico histórico” que se produjo durante la gestión de Cristina Kirchner, con 7.100 millones de dólares en 2012.

Al promediar el debate, el senador del Pro Federico Pinedo destacó que “esta ley impulsa a un sector completamente estratégico para la Argentina”, ya que “es una industria que hoy tiene 200 mil empleados y que genera alrededor de 7.000 millones de dólares de exportaciones”.

“En un país de 40 millones de habitantes, pensar que se puede duplicar la cantidad de empleados no es irracional en el corto plazo”, subrayó Pinedo.

Por último, el jefe del bloque del PJ, Miguel Pichetto, destacó que “esta ley es de fundamental importancia para la Argentina” y aclaró: “Trato de tener coherencia, como lo que defendí en 2004 cuando Néstor Kirchner, que tenía una visión productiva, impulsó la Ley de Software, que puso en marcha emprendimientos impresionantes, como Mercado Libre, que vale cinco veces el valor de YPF”.

Pichetto no solo reivindicó a Néstor Kirchner, sino también al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al señalar que “le dio una dedicación importante a esta materia”, por ejemplo con el lanzamiento del ARSAT.

Además, pidió “muchos más Mercado Libre y menos cartoneros”, al insistir en sus críticas a los planes sociales y el “espíritu cartonero”, que “funciona perfectamente en Argentina”. “Seguimos dándole planes a los pobres para que se sigan consolidando como pobres”, se quejó.

Detalles de la ley

El régimen de promoción de la economía del conocimiento debía tener vigencia desde el 1ro. de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2029.

Los beneficiarios debían gozar de estabilidad fiscal sobre todos los tributos nacionales a partir de su inscripción en un registro nacional que se crea en el proyecto.

Como incentivo adicional, se establecía un bono de crédito fiscal transferible por única vez, equivalente a 1,6 veces el monto de las contribuciones patronales que corresponda pagar, el cual deberá ser aplicado al pago de los importes a abonar, en carácter de anticipos o saldos de declaración jurada, en concepto de impuesto a las Ganancias e IVA.

Cuando los trabajadores en relación de dependencia tengan título de doctor, el bono de crédito fiscal generado por ese empleado debería ser equivalente a dos veces el monto de las contribuciones patronales correspondientes, por el término de 24 meses desde su contratación.

Por otra parte, las empresas quedaron alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias en la alícuota reducida del 15% en la medida en que mantengan su nómina de personal; y además no serán sujetos pasibles de retenciones ni percepciones del IVA.

Asimismo, cada beneficiario debe abonar anualmente un monto de hasta el 1,5% del monto total de los beneficios fiscales otorgados, que será destinado al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), creado en la Ley 27.349.

La ley también crea un “régimen de incentivo para la participación privada en la financiación y sostenimiento de actividades de investigación en ciencia y tecnología aplicada a realizarse en instituciones universitarias”.

La Ley 27.506 de régimen de promoción de la economía del conocimiento fue promulgada el 10 de junio del año pasado, con las firmas del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.