En un plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas, el Frente de Todos logró firmar sin inconvenientes el dictamen sobre el proyecto. Juntos por el Cambio dejó las puertas abiertas y siguen las negociaciones.
En un debate sin mayores sobresaltos, el Frente de Todos se alzó con el dictamen favorable del proyecto de sustentabilidad de la deuda pública externa, que este mismo miércoles se votará en el recinto, mientras continúan las negociaciones para confirmar el apoyo de Juntos por el Cambio, que no firmó ningún despacho.
La iniciativa avanzó en un plenario de las comisiones de Presupuesto -donde asumió Carlos Heller- y Finanzas -al mando de Fernanda Vallejos-, luego de que expusieran ante los diputados el subprocurador del Tesoro Nacional, Sebastián Soler, y Cristian Dellepiane, asesor legal del Ministerio de Economía.
Previamente, gobernadores de Juntos por el Cambio se reunieron con el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, a quien le pidieron un compromiso por parte del Gobierno Nacional para abordar el tema de la deuda que las provincias tienen en pesos con organismos nacionales, tales como la ANSES y el Tesoro.
Más allá de este pedido, la bancada liderada por Mario Negri estaría dispuesta a acompañar la votación del proyecto en general, con lo cual el oficialismo tendría el número asegurado en la sesión extraordinaria prevista para este miércoles.
En tanto, los interbloques liderados por Eduardo “Bali” Bucca (Federal) y José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) aportaron firmas al dictamen de comisiones, que recibió 27 adhesiones en la de Presupuesto y Hacienda y 16 en la de Finanzas.
Durante el plenario, Alejandro García, del Pro, cuestionó que ante la ausencia del ministro de Economía, Martín Guzmán -quien se encuentra en el exterior- no asistiera el secretario de Finanzas u algún otro funcionario de alto rango, pero Heller respondió que los expositores de la jornada “representan al Poder Ejecutivo y brindaron elementos suficientes para habilitar el debate”.
En nombre del Interbloque Federal, el salteño Andrés Zottos recordó que el Poder Ejecutivo ya está facultado por la Ley de Emergencia Pública -sancionada en diciembre- para restituir la sostenibilidad de la deuda. “Lo que abunda no daña, pero es importante mencionar el problema que tenemos las provincias”, dijo.
En ese sentido, puso como ejemplo que Salta tiene una deuda de “más de 4.000 millones de pesos” con la ANSES, y por eso consideró que esta ley es “una expresión política hacia afuera que también tiene que ser para adentro, porque las provincias conforman el país”.
Por su parte, José Luis Ramón advirtió sobre el “salvaje endeudamiento al que fue sometida la Argentina sin pasar por las autorización del Congreso”.
“Queremos pagar la deuda, pero el jefe de Gabinete no debe tener libertad absoluta”, señaló el mendocino y en esa línea pidió que haya “un límite para efectuar modificaciones presupuestarias que respete el Presupuesto 2019, el pago de los haberes previsionales y el sistema de los préstamos UVA”.
Ramón también propuso que haya un control posterior de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, que “no funcionó durante los últimos años y el Poder Ejecutivo no rindió cuentas” ante ella.
Por último, sugirió que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires también tengan que declarar “prioritaria” la reestructuración de la deuda externa. “Debemos invitar a las provincias a que apoyen esta ley de la misma manera que ocurre con el Consenso Fiscal, sería importante institucionalmente”, opinó el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo.
Por Juntos por el Cambio, el cordobés Víctor Hugo Romero indicó que “así como es responsable dar instrumentos al Gobierno para gestionar la deuda, también hay que transmitirle a los argentinos de qué manera vamos a cuidar el ahorro, y la emisión monetaria no es el camino”.
Romina Del Plá, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, sostuvo que “esta ley, junto con la mal llamada ´ley de solidaridad´ y el nuevo Consenso Fiscal que va a esquilmar a los trabajadores en cada provincia, forma parte de un paquete de rescate al capital financiero y especuladores que quebraron al país y a sus provincias”.
“La ley es en parte una farsa, porque delega facultades que ya delegó la megaley de solidaridad con los bonistas. Y es un agravamiento de la entrega colonial porque da garantías de la nación a la quiebra de las provincias, fijando jurisdicción en los juzgados de los herederos de Griesa. Estamos ante un pacto entre el gobierno de Alberto Fernández y Juntos por el Cambio para avanzar en un nuevo canje buitre y entreguista”, sentenció Del Plá.
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