Funcionarios del Ejecutivo defendieron en Diputados del proyecto de la deuda

El subprocurador del Tesoro y un asesor legal del Ministerio de Economía expusieron en el plenario de comisiones sobre la iniciativa oficial.

El subprocurador del Tesoro Nacional, Sebastián Soler, y Cristian Dellepiane, asesor legal del Ministerio de Economía, defendieron este martes ante el plenario de comisiones de Presupuesto y Finanzas de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de sostenibilidad de la deuda pública externa, que el oficialismo pretende aprobar en el recinto este miércoles.

Los funcionarios expusieron ante los diputados en la reunión presidida por Carlos Heller (Frente de Todos), quien minutos antes asumió la presidencia de la Comisión de Presupuesto en reemplazo de Darío Martínez, quien seguirá al frente de la Comisión de Energía.

“Esta es una ley especial que está concebida exclusivamente para la operación de reestructuración que planea llevar adelante la Nación”, explicó Soler, para luego recordar que la Ley de Emergencia Pública sancionada en diciembre le otorgó al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de “llevar adelante los actos y gestiones necesarios para restaurar la sostenibilidad de la deuda pública”.

El funcionario indicó que esta autorización está “sujeta a ciertas pautas que el Ejecutivo deberá respetar cuando lleve adelante la negociación”, y entre esas pautas mencionó que “el universo de deuda a reestructurar es acotado y determinado: solo la deuda regida por ley extranjera, principalmente de Nueva York e Inglaterra”.

Según detalló, esto incluye los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010, y también los títulos públicos emitidos a partir de 2016, principalmente bajo ley de Nueva York.

En ese marco, Soler dijo que “el monto lo decidirá el Poder Ejecutivo pero tiene un tope: el total de los bonos emitidos regidos por ley extranjera”.

Por otra parte, señaló que “tanto en la Ley de Emergencia como en este proyecto se establece como objetivo restaurar la sostenibilidad de la deuda para que sea consistente con recuperar la capacidad de crecimiento y mejorar los indicadores sociales básicos”.

Recordó además que, en el marco de la Ley de Administración Financiera, “el resultado final” de la reestructuración “debe ser una mejora en dos de tres aspectos -monto, tasa y plazo- en la deuda en su conjunto”, es decir, no sobre los bonos de manera individual.

El subprocurador del Tesoro también se refirió al tema de la prórroga de jurisdicción y aclaró que “los títulos públicos a reestructurar ya tienen incorporada la prórroga de jurisdicción en favor de tribunales extranjeros y se rigen por ley extranjera”.

“El Estado argentino, tanto en 2005 y 2010 como en las emisiones posteriores a 2016, incluyó la renuncia a invocar la inmunidad soberana contra el embargo y ejecución de determinados bienes”, dijo, y en esa línea informó que “este proyecto replica exactamente esas cláusulas contractuales”, ya que de lo contrario habría “consecuencias jurídicas”.

Además, Soler destacó que “esta reestructuración se va a llevar adelante con ventajas importantes respecto a la situación del gobierno que debió reestructurar la deuda en 2005”, ya que en ese momento se exigía el consentimiento unánime de los bonistas, y como consecuencia, los bonistas que decidieron no participar -entre ellos, los “fondos buitre”- resolvieron litigar contra la Argentina reclamando el pago íntegro en los términos contractuales originalmente pactados.

El funcionario apuntó que “hoy la situación es diferente” ya que los bonos emitidos contienen cláusulas de acción colectiva en las que, en lugar de unanimidad, se exige una mayoría calificada de los acreedores para aceptar las condiciones.

Por último, sostuvo que para realizar esta operación “no hace falta una ley, pero es aconsejable y prudente que haya una ley”.

Sobre ese mismo punto, Dellepiane habló de la “conveniencia para la República de enviar este proyecto, no solo por el mensaje hacia el exterior, sino porque una vez que el proyecto entra en este ámbito, se transforma en política de Estado y no en una mera política del Gobierno”.

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