Tras aprobar el proyecto de sostenibilidad de la deuda externa, la Cámara de Diputados convirtió en ley el Consenso Fiscal 2019 por 157 votos afirmativos, 54 negativos y siete abstenciones.

Se trata del acuerdo firmado el 17 de diciembre por el Gobierno nacional, los mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En el texto se suspenden hasta el 31 de diciembre de este año determinados compromisos asumidos en los Consensos Fiscales de 2017 y 2018, como la rebaja de Ingresos Brutos, Sellos y otros impuestos “distorsivos”.

Asimismo, se suspende por un año el trámite de los procesos judiciales iniciados por las provincias firmantes contra el Estado Nacional por la baja del impuesto a las Ganancias y al IVA aplicado a la canasta básica de alimentos.

También se ordena que las provincias que aun no iniciaron juicios contra la Nación, se abstengan de hacerlo.

En ese plazo de un año, se creará una comisión que “propondrá las medidas y cursos de acción que posibiliten una solución integral, de carácter no adversarial, para la problemática subyacente en aludidos procesos”.

Al abrir el debate, el diputado del Frente de Todos y exvicegobernador de Santa Cruz Pablo González aclaró que “este Consenso no pretende resolver los problemas ni la compleja relación que han tenido las provincias con el Estado nacional”, sino “darle aire a las provincias para sostener sus obligaciones en salud, seguridad, educación y justicia”.

El legislador destacó que se llegó a un acuerdo apenas siete días después de la asunción del presidente Alberto Fernández, y alertó que “la mayoría de las provincias argentinas se encuentran fuertemente comprometidas en cuanto a sus recursos fiscales”.

González explicó que el Consenso Fiscal “no significa un aumento de la presión fiscal de las provincias ante sus contribuyentes; no significa que las provincias estén por decretar un ‘impuestazo’, sino darle aire a los gobernadores”.

Si bien los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio firmaron el acuerdo junto al resto, un sector de esa fuerza se pronunció en contra por entender que traerá como consecuencia la suba de impuestos.

Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, advirtió que “el pueblo de la Nación está cansado de pagar impuestos” y sostuvo que “el Consenso Fiscal que firmaron los gobernadores era una respuesta a la necesidad de la sociedad porque no pueden cumplir con sus obligaciones tributarias, y ese acuerdo fiscal daba previsibilidad y va de la mano con la seguridad jurídica”.

La diputada pidió que el Congreso discuta integralmente la estructura tributaria, ya que “si se suben impuestos no solo perjudicamos al ciudadano de a pie, sino que también vamos a seguir generando inflación y ese es un impuesto que pagamos todos, pero sobre todo los que menos tienen”.

Por su parte, el radical Ricardo Buryaile, de Formosa, consideró que “no es bueno ni serio que la Cámara dé marchas y contramarchas todos los años”, ya que “con la suspensión de este compromiso asumido estamos quitando el valor de la fuerza de ley”.

Además, advirtió que “el nivel de presión tributaria nos coloca por encima de los países de la región”.

Sin embargo, al cierre del debate, la diputada y exgobernadora de Catamarca Lucía Corpacci aclaró que “en ningún momento el texto dice que vamos a aumentar impuestos, sino que vamos a dejar de disminuirlos por un año y a suspender las acciones judiciales mientras nos sentemos las provincias a acordar o no con el Gobierno Nacional”.

“Nadie está pidiéndole a nadie que aumente los impuestos. Aquellas provincias que puedan disminuirlos, que los disminuyan, pero que sea su potestad”, insistió Corpacci.

En el mensaje que acompaña al Consenso Fiscal se argumenta que “ante una depresión de la economía nacional que ha provocado un aumento significativo de la vulnerabilidad económica y social de vastos sectores de la población, resulta imprescindible introducir modificaciones a los compromisos asumidos”.

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