Incentivado por el caso de la brutal muerte de un joven a manos de un grupo de rugbiers, Luis Petri impulsa una iniciativa para capacitar en el deporte y prevenir la violencia.
A propósito de las reacciones generadas por la muerte de Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de rugbiers, el diputado nacional Luis Petri (UCR-Mendoza) presentó un proyecto de ley que establece la formación obligatoria para prevenir y terminar con situaciones de violencia, bullying y cualquier otra forma de discriminación para todas las personas que realizan prácticas deportivas en clubes, organizaciones civiles o estatales, con carácter amateur o federado.
“Debemos erradicar y prevenir la violencia en todas sus formas”, aseguró Petri. Además, manifestó, en torno a lo que ha sucedido con el asesinato de Fernando, que “las situaciones de violencia extrema se llevan vidas de inocentes”.
“Los clubes deportivos son verdaderas poleas de transmisión y no pueden perder de vista la función social que desempeñan más allá del aprendizaje del deporte y la adopción de hábitos saludables. Deben complementar la tarea que desarrolla la escuela en la internalización de conductas alejadas de toda manifestación de discriminación, bullying o de violencia”, afirmó Petri.
En los fundamentos del proyecto, el legislador radical sostiene que “es imprescindible abarcar a todos los deportes y no circunscribir la capacitación y prevención a una disciplina en particular, porque las situaciones de violencia, discriminación y bullying se encuentran alojadas transversalmente en el seno de la sociedad. Los comportamientos antisociales y disvaliosos no son patrimonio de una disciplina deportiva en particular, pero si es necesario poner especial énfasis en los deportes de contacto y combate por sus características intrínsecas y particulares”.
Además, el proyecto presentado modifica el Artículo 41 del Código Penal y establece nuevas agravantes para la determinación de la pena, teniendo en cuenta: la vulnerabilidad o indefensión de la víctima; la pluralidad de autores; la superioridad física del atacante o el alto grado de conocimiento técnico idóneo, para producir un mayor peligro a la vida o integridad física de la víctima; o la utilización de armas, entre otros. En estos casos, la pena se aplicará el tercio superior de la escala penal correspondiente.
“Creemos que en lugar de hablar de ‘mano prohibida’, es necesario poner el foco en las condiciones particulares de la víctima y el victimario y en función de ello, endurecer las penas”, explicó Petri.
Acompañaron a Luis Petri, Alfredo Cornejo, María Luján Rey, Diego Mestre, Camila Crescimbeni, Juan Martín Mustac, Ximena García, entre otros legisladores.
