La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció este lunes una “persecución” por parte de la AFIP durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, a raíz de una deuda fiscal que asciende a los 8 millones de pesos sobre multas en relación al impuesto a las Ganancias durante los períodos 2011, 2012 y 2016.

A través de su Twitter, la titular del Senado publicó el escrito que presentó ante el juez federal de Río Gallegos y ante el organismo recaudador, que conduce actualmente Mercedes Marcó del Pont.

Bajo el título “Para los que todavía no creen y para los que aún no se enteraron” y haciendo referencia al concepto de “lawfare”, CFK aseguró que “a partir de que Mauricio Macri llegó al gobierno, el 10 diciembre del 2015, se armaron verdaderos grupos de tareas desde las distintas agencias del Poder Ejecutivo Nacional (AFI, AFIP, UIF, OA, etc…) que articularon una feroz e inédita campaña de persecución contra mi persona y mi familia”.

La vicepresidenta afirmó que funcionarios de la AFIP, durante el gobierno anterior, “actuaron como un grupo de tareas y que en coordinación con sectores del Poder Judicial operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal contra mí persona”. “Una perlita: al ‘procedimiento’ clandestino lo iniciaron el 26 de octubre del 2017, cuatro días después de ser electa senadora Nacional por la Provincia de Buenos Aires”, agregó.

La exmandataria negó “enfáticamente la existencia de la deuda en ejecución” y dijo que “jamás fui notificada”, hasta que se enteró el 17 de diciembre de 2019. Además, pidió la nulidad ante la “inexistencia manifiesta de la deuda”.

“La magnitud del hostigamiento que vengo sufriendo desde hace años excede ya la cuestión exclusivamente política y permite encuadrarla como violencia perpetrada por el Estado contra una mujer que ha ejercido y ejerce actualmente las más altas magistraturas de este país, sometiéndome determinados integrantes del Poder Judicial de la Nación a tratos verdaderamente inhumanos, que violentan el derecho a mi integridad física y moral, el derecho a mi libertad y seguridad personal, el derecho a que se respete mi dignidad y que se proteja a mi familia, mi derecho de igualdad de protección ante la ley y de la ley”, sostuvo la vicepresidenta.

Además llamó “sicario judicial” al juez federal Claudio Bonadio, quien la llamó a ocho indagatorias “durante la mañana del 25 de febrero de 2019, 69 aniversario del nacimiento de mi esposo y padre de mis hijos: Néstor Carlos Kirchner. Tampoco ello fue casualidad. El mismo Juez, el día 14 de julio de 2015 allana en la ciudad de Río Gallegos las oficinas de Máximo Kirchner con el consiguiente estrépito fori. Ese día, su hijo Néstor Iván, mi nieto, cumplía cuatro años. Aún recuerdo el temor de su madre que allanaran la casa durante el cumpleaños de la criatura. En fin…”.

En el escrito, la presidenta de la Cámara alta solicitó librar oficio al juzgado de Bonadio “a los efectos de obtener la totalidad de la documentación contable de nuestra familia que fuera secuestrada en el marco de las diversas causas armadas por el titular de ese juzgado, Claudio Bonadio, en los múltiples allanamientos realizados tanto en la oficina de mi hijo, Máximo Kirchner, como en la de quien fuera nuestro contador, Víctor Manzanares, que por obvias razones contaba con toda la información y documentación”.

También cargó por “el comportamiento de los funcionarios” del organismo durante el macrismo “los cuales promovieron procesos ejecutivos irregulares en contra de mis hijos, reclamándoles el pago de tributos por bienes de los que habían sido despojados”.

“Mediante una ilegal orden impartida por una Fiscalía federal se le ordena a la AFIP el inicio de una verificación, prohibiéndole al organismo tomar contacto con esta contribuyente, no se me ha notificado de absolutamente nada, se me ha vedado la posibilidad que como ciudadana y contribuyente tengo de participar de la inspección, de ofrecer pruebas, de aportar datos, de dar crédito a mi buena conducta como contribuyente, de desvirtuar las infundadas presunciones en las que se basa el ajuste, de poder recurrir los actos administrativos, de poder impugnar ante la justicia no sólo el ajuste sino la millonaria multa de carácter penal que infundadamente se me ha impuesto en la sede administrativa, etc., etc.”, resumió.

Y por último se quejó de que “para incrementar el ahogo financiero, el Poder Ejecutivo de la Nación también me privó de la pensión que me correspondía en carácter de ex Presidenta de la Nación”.