Continúa en el Senado el debate sobre la deuda externa

Con una extensa lista de oradores, avanza en la Cámara alta la discusión sobre el proyecto que busca respaldar la reestructuración de la deuda. Se espera un amplio respaldo.

Foto: Comunicación Senado

Con una extensa lista de oradores, avanza en el Senado el debate sobre el proyecto de ley sobre la sostenibilidad de la deuda pública externa, enviado por el Poder Ejecutivo, de cara a las negociaciones que emprenderá el ministro de Economía, Martín Guzmán, en las próximas semanas.

La sesión extraordinaria inició a las 10.37 y cerca de la noche se producirá la votación, donde el Frente de Todos contará con apoyo de Juntos por el Cambio y otros senadores monobloquistas.

El debate es conducido por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, ya que Cristina Kirchner se encuentra a cargo de la Presidencia de la Nación en reemplazo de Alberto Fernández, de gira por Europa.

El primero en defender el proyecto fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, quien remarcó la necesidad de “reordenar la economía y cumplir con las responsabilidad sin dejar afuera a ningún argentino”.

Antes de repasar en qué consiste la iniciativa artículo por artículo, el cordobés recordó que en los últimos cuatro años del gobierno de Mauricio Macri hubo “un incremento desmedido de la deuda pública”, donde se pasó “del 52% del PBI al 92%”.

Además, subrayó que el endeudamiento fue solo “para cubrir gastos corrientes” y “ninguna actividad que ayudara a los argentinos a mejorar su calidad de vida”.

El miembro informante del oficialismo sostuvo que “una renegociación va a significar un menor sufrimiento para los argentinos”, y precisó que “el monto del cual estamos hablando es un monto muy significativo, el 44% de la deuda total”, calculado en “más de 120 mil millones de dólares”.

Foto: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado.

En nombre de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado ratificó el apoyo al proyecto, pero advirtió que no es necesaria la ley para iniciar las negociaciones, ya que el Poder Ejecutivo fue facultado para esta tarea con la Ley de Emergencia Pública sancionada en diciembre.

Por otra parte, la legisladora destacó que durante el gobierno de Mauricio Macri se tomara deuda para “pagar endeudamiento contraído por gestiones anteriores”, al recordar que el presidente anterior asumió “súper fuera del mercado de crédito, en un país en default” y con “una deuda impaga” y “procesos judiciales pendientes” como el embargo de la Fragata Libertad.

El proyecto oficialista declara “prioritaria para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera”, que se calcula en un total de “142 mil millones de dólares”, según el jefe del bloque oficialista, José Mayans.

Puntualmente, la ley abarca los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 y los títulos públicos emitidos a partir de 2016; y dispone la renuncia a invocar la inmunidad soberana contra el embargo y ejecución de determinados bienes.

La norma autoriza al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital; determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos; y designar instituciones o asesores financieros para que actúen como coordinadores en el proceso de estructuración, entre otras facultades.

Se establece que la prórroga de jurisdicción “no implicará renuncia alguna” respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el país, o cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio que preste un servicio público esencial, entre otros.

En tanto, las comisiones que puedan cobrar los bancos colocadores de deuda “en ningún caso podrán superar” el 0,1% por todo concepto del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado. En forma previa a la suscripción de contratos con entidades y asesores financieros “se deberá dar intervención a la Sindicatura General de la Nación”.

De acuerdo al texto, todas las operaciones que se realicen quedarán exentas de todos los impuestos, incluido el IVA, tasas y contribuciones nacionales existentes y a aplicarse en el futuro.

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