La iniciativa fue aprobada por unanimidad, pero oficialismo y oposición cruzaron duros pases de factura sobre las responsabilidades del endeudamiento.
Por Carolina Ramos y Melisa Jofré
Martín Guzmán consiguió la herramienta que le permitirá negociar en mejores condiciones con los acreedores. El Senado convirtió en ley este miércoles por unanimidad el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública externa, en una muestra de respaldo de todo el arco político al proceso que iniciará próximamente el ministro de Economía.
El texto recibió 65 votos afirmativos y hubo solo siete senadores ausentes: el expresidente Carlos Menem por el Frente de Todos; Alfredo De Angeli, Silvia Giacoppo, Gladys González, Ernesto Martínez y Guadalupe Tagliaferri por Juntos por el Cambio; y José Alperovich, quien se encuentra de licencia.
Si bien oficialismo y oposición coincidieron en que la norma será una contribución importante a las conversaciones con los bonistas, el recinto de la Cámara alta fue escenario de fuertes pases de factura sobre las responsabilidades del endeudamiento.
Mientras transcurría el debate, que duró casi nueve horas, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, confirmó a la prensa que Guzmán asistirá al Congreso el próximo miércoles 12, para exponer ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la deuda externa, tal como estaba pautado en el cronograma oficial.
Según ese esquema, hacia fines de febrero iniciará formalmente el período de reuniones e intercambios con los tenedores de deuda externa, y la segunda semana de marzo se lanzará la oferta, de modo que cuando finalice el mes se anunciarán los resultados de las negociaciones.
El proyecto aprobado por el Senado solo contempla la deuda bajo legislación extranjera, lo que, según Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) solo representa “el 45% de la deuda” y “el 15% de los vencimientos que tenemos en 2020”.
Puntualmente, la ley abarca los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 y los títulos públicos emitidos a partir de 2016; y dispone la renuncia a invocar la inmunidad soberana contra el embargo y ejecución de determinados bienes.
Lousteau fue uno de los senadores escuchados con más atención entre los casi 40 que hablaron en el recinto. La sesión -la primera del año en la Cámara alta- fue conducida por su presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala, ya que Cristina Kirchner se encuentra a cargo de la Presidencia de la Nación por la gira europea de Alberto Fernández.
El primero en defender el proyecto fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Caserio, quien remarcó la necesidad de “reordenar la economía y cumplir con las responsabilidad sin dejar afuera a ningún argentino”.
El cordobés denunció que en los últimos cuatro años del gobierno de Mauricio Macri hubo “un incremento desmedido de la deuda pública”, donde se pasó “del 52% al 92% del PBI”. Además, subrayó que el endeudamiento fue solo “para cubrir gastos corrientes” y “ninguna actividad que ayudara a los argentinos a mejorar su calidad de vida”.
El miembro informante del oficialismo sostuvo que “una renegociación va a significar un menor sufrimiento para los argentinos”, y precisó que el monto comprometido es de “más de 120 mil millones de dólares”.
En nombre de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado explicó que el acompañamiento de esa bancada consiste en “asegurar la gobernabilidad y no poner palos en la rueda”.
“Estamos votando esta ley porque la oposición no está pintada al óleo. Ese 41% que representamos es el del consenso, ese que ustedes necesitan para que cuando vayan a negociar al exterior entiendan que la confianza no viene de forma unilateral por decisiones que toman quienes ganaron la elección”, observó.
Varios senadores de la oposición que exigieron que el Poder Ejecutivo envíe el nuevo Presupuesto, ya que actualmente rige una prórroga del que fue aprobado para 2019. Una de las que levantó este reclamo fue la radical Silvia Elías de Pérez, quien consideró que “para crear certidumbre necesitamos saber cuál es el programa económico” porque eso “ayudará a negociar mejor”.
El misionero Maurice Closs, la incorporación más reciente del Frente de Todos, recogió el guante y explicó por qué “en estas condiciones es muy difícil hablar del Presupuesto”. “Solo teniendo en cuenta el vencimiento de este año sobre un Presupuesto actualizado del que mandó Macri para 2020, tendríamos un Presupuesto de 130.000 millones de dólares con 67.000 millones para pagar de capital de intereses. Ese es el problema: el peso del vencimiento se transformó en algo irracional para el 2020 y 2021”, precisó.
Closs puntualizó además que la flamante ley “autoriza una negociación de hasta 142.000 millones de dólares”, y agregó que “mientras más se logre negociar, mejor, porque significa que mayores montos tendrán mayor plazo de vencimiento y mejores tasas”.
El senador además dijo que “es muy probable que para convencer a la mayor cantidad de acreedores haya que emitir muchos y variados bonos”, y advirtió que la negociación será “una de las más duras de la historia por el monto y porque está el FMI adentro con 44.000 millones de dólares sin resolver”, a diferencia de los canjes de 2005 y 2010.
Uno de los discursos más resonantes fue el de Oscar Parrilli (Frente de Todos), quien denunció que “en el este tema de la deuda el gobierno de (Mauricio) Macri fue peor que la dictadura, porque la dictadura nos endeudó alrededor de 10 mil millones de dólares por año y la anterior gestión nos endeudó alrededor de 30 mil millones de dólares, y en dos años, inédito, llegó al default”.
“En 2015 la deuda total que dejó nuestro gobierno alcanzaba el 52% del PBI, de los cuales el 12% era en dólares”, recordó el exsecretario de la Presidencia durante el kirchnerismo, y detalló que “al tercer trimestre del 2019 la deuda en relación al PBI es del 91,8%, casi un 92%”.
También señaló que en este proceso “hay muchos responsables” y apuntó contra “todos aquellos que aplaudieron, se vanagloriaron y difundieron esta suerte de endeudamiento serial de la Argentina: publicistas, economistas, periodistas y muchos empresarios”.
“Ese grupo de empresarios de ese famoso círculo rojo, que tanto daño le ha hecho a la Argentina y que fue el que aplaudió con bombos y platillos toda esta política de endeudamiento, y aplaudió también toda la política de baja de salarios, de desaparición del rol del Estado, de liberalización de importaciones, de entrada de divisas, de fuga de capitales”, disparó Parrilli.
El jefe de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, apuntó al “relato” sobre el desendeudamiento durante la gestión kirchnerista y negó que haya habido una “gesta épica”.
“En los últimos años, tenemos adicción a los relatos”, lanzó Naidenoff, y salió al cruce de quienes aseguran que “en el período que gobernó el kirchnerismo nos desendeudamos”. “Esto no ocurrió, nada de esto fue real”, dijo.
El formoseño precisó que “de 2005 a 2015 la deuda se incrementó en 90.000 millones de dólares”, y agregó que “la salida del Fondo Monetario Internacional también fue un gran relato” y “le costó muy caro al país” porque “se utilizaron 9.800 millones de las reservas del Banco Central”.
A continuación, José Mayans reconoció que “Argentina no está en condiciones de cumplir con el pago de deuda” y que “la realidad es que hoy estamos en emergencia y estamos en default”.
El titular del bloque del Frente de Todos sostuvo que el estado de emergencia es producto de que los mercados hayan dicho “basta”, tras lo cual el entonces presidente Mauricio Macri decidió acudir al FMI, “y ya se transformó en una deuda política”.
Mayans recordó que la deuda de 57.000 millones de dólares con la entidad monetaria no fue debatida en el Congreso, y alertó además que ese dinero “no era para la reactivación económica sino para cubrir la timba financiera”, y fue así que “entraba la plata por un lado y salía por el otro”.
El proyecto aprobado este miércoles declara “prioritaria para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera”. Puntualmente, la ley abarca los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 y los títulos públicos emitidos a partir de 2016; y dispone la renuncia a invocar la inmunidad soberana contra el embargo y ejecución de determinados bienes.
La norma autoriza al Ministerio de Economía a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital; determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos; y designar instituciones o asesores financieros para que actúen como coordinadores en el proceso de estructuración, entre otras facultades.
Se establece que la prórroga de jurisdicción “no implicará renuncia alguna” respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el país, o cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio que preste un servicio público esencial, entre otros.
En tanto, las comisiones que puedan cobrar los bancos colocadores de deuda “en ningún caso podrán superar” el 0,1% por todo concepto del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado. En forma previa a la suscripción de contratos con entidades y asesores financieros “se deberá dar intervención a la Sindicatura General de la Nación”.
De acuerdo al texto, todas las operaciones que se realicen quedarán exentas de todos los impuestos, incluido el IVA, tasas y contribuciones nacionales existentes y a aplicarse en el futuro.
Paralelamente, al inicio de la sesión, el Senado aprobó a mano alzada un proyecto de resolución para ampliar la mesa de trabajo donde se discutirá la deuda que la mayoría de las provincias mantiene con organismos nacionales en pesos.
La iniciativa encomienda a Cristina Kirchner la tarea de gestionar ante Diputados la participación, en esa negociación, de las autoridades de los bloques de senadores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, que habían sido excluidos del proyecto aprobado en la Cámara baja.
De este modo, la mesa quedará integrada por el presidente de la Cámara de Diputados; autoridades parlamentarias del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio en ambas Cámaras; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros Eduardo “Wado” De Pedro (Interior) y Martín Guzmán (Economía).
