La diputada nacional Lorena Matzen (UCR) presentó un proyecto de resolución a través del cual se promueve que el Congreso de la Nación nombre al Defensor del Pueblo, dando cumplimiento así con el artículo 86 de la Constitución Nacional, la Ley N° 24.284 y un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal -de 2016- en ese mismo sentido.

“El Defensor del Pueblo debe ser designado y removido por el Congreso por un mandato de cinco años. Desde el 2013, la Defensoría del Pueblo se encuentra acéfala, debido a la renuncia, en 2009, del por entonces defensor Eduardo Mondino, y al cese de gestión de los defensores adjuntos, por lo que no existe un reemplazante”, señaló la radical.

Ante esta situación, la legisladora ejemplificó que “esto ha permitido que los ciudadanos que iniciaron acciones de solicitud para el tratamiento del proyecto de “ficha limpia” no hayan podido ejercer como ciudadanos el derecho de iniciativa popular que les brinda la Constitución Nacional”.

La rionegrina recordó además que en un fallo sobre el aumento de los precios de las tarifas de gas, la Corte Suprema de Justicia “criticó la tardanza parlamentaria y exhortó al Congreso a poner punto final a tamaño incumplimiento constitucional”.

“Dos órdenes claras de un poder a otro, incumplidas. Eso se suma al mandato constitucional largamente vulnerado y a la larga cadena de falencias institucionales graves en la historia de vacancia de este organismo, la única Institución de derechos humanos de la Argentina reconocida por la ONU. Son agresiones a los cimientos mismos de la democracia y a los mecanismos de sostén de la república”, cuestionó.

Para Matzen, “la gravedad de la vacancia del organismo radica en el hecho de que, sin un titular, la institución no tiene legitimación procesal, es decir, no puede iniciar acciones judiciales contra el Estado en casos donde se adviertan posibles violaciones a los derechos que está facultada para defender”.

“En esta línea tuvo lugar la observación de la Corte Suprema que señaló la necesidad de la figura del defensor en oportunidad de la suba de tarifas”, continuó y agregó: “Quizás otra hubiera sido la historia con la tragedia de Once si los argentinos hubiéramos contado con un ombudsman; o cuando el kirchnerismo ordenó ilegalmente la suspensión del registro de asociaciones de defensa de los consumidores”.

Finalmente, la diputada de JxC sostuvo que “tal como lo expusieran reiteradamente los organismos de DD.HH. de nuestro país, la vacancia del organismo pone en juego la vigencia real de los derechos humanos en la Argentina. Y esto debiera, al menos, interpelar a las fuerzas políticas que manejaron las mayorías en el Congreso y en el Senado de la Nación durante esta larga historia de avasallamiento constitucional”.

El proyecto lleva la también firma de los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Claudia Najul, Josefina Mendoza, Juan Martín, Gustavo Menna, Roxana Reyes, Federico Zamarbide, Ximena García, Inés Azcárate, Gonzalo del Cerro, Sebastián Salvador, Dina Rezinovsky y Hernán Berisso.