El Frente de Todos presentó un proyecto de ley que apunta a dejar sin efecto la ampliación de la red de parquímetros que pretende impulsar el Gobierno de la Ciudad. Proponen también que la Ciudad se haga cargo directamente del servicio de estacionamiento medido y acarreo por encontrarse vencida la concesión.

Esta semana se realiza la audiencia pública por el aumento de tarifas de parquímetros por la que la hora aumentaría un 66%, pasando de $15 a $25.

En diálogo con Radio del Plata, el legislador Juan Manuel Valdés advirtió que “Rodriguez Larreta quiere llevar los parquímetros a todos los barrios de la Ciudad”, y que “sea un privilegio estacionar en la puerta de cada uno”. En este sentido, sostuvo que “los parquímetros y el acarreo son los dos negocios estructurales que tiene el larretismo en la Ciudad de Buenos Aires”.

El proyecto de ley, firmado por los 17 legisladores del Frente de Todos, busca derogar la ampliación de la red de parquímetros. Se trataría de un intento de frenar al plan del Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta para instalar parquímetros en 14 de las 15 comunas de la ciudad, elevando el número total de 4.000 a 86.768 medidores. De ser así, el 45% de las calles de la Ciudad quedarían bajo el sistema estacionamiento medido, incluyendo barrios residenciales como Colegiales, Villa Crespo, Palermo y San Cristóbal.

“En estas condiciones, el Gobierno está obligado a hacerse cargo de prestar el servicio”, sostuvo la legisladora Lucía Cámpora, para quien resulta “evidente que debe frenar la ampliación de la red de parquímetros, que no solo se daría en un marco de irregularidad, sino que no trae absolutamente ningún beneficio para los porteños”.

A su vez, desde el Frente de Todos proponen que el Gobierno de la Ciudad gestione de manera directa los servicios relacionados al sistema de estacionamiento regulado. El fundamento radica en que “las concesiones de este servicio público se encuentran vencidas, no estando vigente ninguna prórroga y habiendo concluido el plazo para una nueva adjudicación. La licitación en curso está frenada desde 2018, momento en que ya se había prorrogado la primera apertura de sobres unas cuatro veces”.

En este sentido, advierten que hoy el servicio de estacionamiento medido está a cargo de empresas que “arrastran la concesión desde hace décadas”, y que este mes, el Gobierno ya aumentó la tarifa por acarreo “sin pasar por audiencia pública, llevándola a $3.000, monto que deben pagar los usuarios además de la multa por la infracción y el monto por ‘estadía’ en la playa”.