La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, justificó la ley conocida como “antinegacionista”, que pretende castigar a quienes pongan en duda los hechos ocurridos durante la última dictadura”. Se trata de un proyecto sobre el cual el presidente Alberto Fernández fue consultado por organizaciones de derechos humanos en Francia.

“En esta ley no se va a castigar pensar distinto, sino mentir y deformar la historia con un interés repudiable”, aclaró Estela de Carlotto, para quien “la libertad de expresión tiene que existir, pero si esta expresión la hace un representante del Congreso está negando algo muy serio y puede tener un efecto penal”.

Consultada sobre el tema en el programa El fin de la metáfora, de Radio 10, Carlotto señaló que “presentamos un proyecto para que se estudie el tema del negacionismo con la pena correspondiente de la ley. El que miente, el que oculta, el que destruye la historia porque le conviene, está cometiendo un delito y tiene que ser penado”.

“La libertad de expresión tiene que existir pero si esta expresión la hace un representante del Congreso está negando algo muy serio y puede tener un efecto penal”, enfatizó la dirigente de los DDHH.

Carlotto señaló que “teníamos la idea de que pudieran entrar algunos sectores como el INADI o la Secretaría de Derechos Humanos y estos temas consensuarlos entre los organismos, para que no se interprete como una negación del derecho a expresarse, sino como un delito de ocultamiento como delitos gravísimos como el terrorismo de Estado. Acá no hubo guerra sino terrorismo de Estado y los desaparecidos son ese número e incluso más”.

“Que alguien que tiene poder político o representativo del pueblo y diga que eso es mentira o nos trate de mentirosas y locas… eso no se puede sostener en democracia de ninguna manera”.

Agregó la titular de Abuelas que “lo que se debe penalizar es la destrucción, el ocultamiento y la forma expresa de acuerdo al cargo que ocupe porque un ciudadano cualquiera puede escribir un artículo y si se lo publican no va a ir preso por eso”.

En relación al debate respecto a si existen o no presos políticos en la Argentina, sostuvo que “Alberto Fernández no quiere entrometer su gestión ejecutiva con el judicial porque a estas personas se le está realizando un juicio. En general, la mayoría piensa que son presos políticos; Milagro Sala está claro,  porque lo dijo el juez que está presa porque al gobernador se le ocurre. Eso es político”.

“Se está haciendo lo que se puede. Hay gente que exige cosas que con el tiempo llegarán, pero hay prioridades, como es el hambre que están tratando de paliar. Hay que tener mucho apoyo y respetar los tiempos después de encontrar el país como lo encontraron”, agregó.