El Gobierno nacional promulgó este miércoles la Ley 27.544, para la renegociación de la deuda externa, que se sancionó por unanimidad la semana pasada en el Senado.

La norma, publicada en el Boletín Oficial, declara “prioritaria para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera”.

Puntualmente, la ley abarca los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 y los títulos públicos emitidos a partir de 2016; y dispone la renuncia a invocar la inmunidad soberana contra el embargo y ejecución de determinados bienes.

La norma autoriza al Ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán, a emitir nuevos títulos públicos para modificar el perfil de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital; determinar las épocas, plazos, métodos y procedimientos de emisión de nuevos títulos públicos; y designar instituciones o asesores financieros para que actúen como coordinadores en el proceso de estructuración, entre otras facultades.

Se establece que la prórroga de jurisdicción “no implicará renuncia alguna” respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de ciertos bienes, como los del Banco Central, cualquier bien perteneciente al dominio público localizado en el país, o cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio que preste un servicio público esencial, entre otros.

En tanto, las comisiones que puedan cobrar los bancos colocadores de deuda “en ningún caso podrán superar” el 0,1% por todo concepto del monto efectivamente canjeado y/o reestructurado. En forma previa a la suscripción de contratos con entidades y asesores financieros “se deberá dar intervención a la Sindicatura General de la Nación”.

De acuerdo al texto, todas las operaciones que se realicen quedarán exentas de todos los impuestos, incluido el IVA, tasas y contribuciones nacionales existentes y a aplicarse en el futuro.

Consenso Fiscal 2019

Este miércoles también se promulgó la Ley 27.542, de Consenso Fiscal 2019, por el cual se suspenden hasta el 31 de diciembre de este año determinados compromisos asumidos en los Consensos Fiscales de 2017 y 2018, como la rebaja de Ingresos Brutos, Sellos y otros impuestos “distorsivos”.

De acuerdo a la norma, sancionada en enero pasado por la Cámara de Diputados, se suspenden por el término de un año los procesos judiciales que las provincias tienen contra el Estado Nacional por la baja del impuesto a las Ganancias y al IVA aplicado a la canasta básica de alimentos. En ese sentido, también se ordena que los distritos que aún no iniciaron juicios contra la Nación, se abstengan de hacerlo.

En ese plazo de un año, se creará una comisión que “propondrá las medidas y cursos de acción que posibiliten una solución integral, de carácter no adversarial, para la problemática subyacente en aludidos procesos”.