El diputado se refirió a la derogación dispuesta por el Gobierno y apuntó que la medida tendrá “consecuencias directas en las causas de corrupción”.
El diputado nacional Luis Petri (UCR) apuntó al decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, donde se deroga la creación de la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, dispuesta por el gobierno macrista poco antes de su salida.
“Esta derogación tiene consecuencias directas en las causas que investigan hechos de corrupción”, advirtió.
El radical, quién recordó que en 2014 presentó un proyecto para crear este programa por fuera del Poder Ejecutivo, señaló que “es un contrasentido que el encargado de brindar protección sea el mismo Poder denunciado”.
“Argentina, por mandato de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, tiene la obligación de contar con sistemas para proteger a los funcionarios y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción”, enfatizó el radical.
Además, Petri sostuvo que “la falta de un sistema de protección específico por hechos de corrupción, genera dos graves problemas: por un lado, el peligro al que se exponen quienes denuncian, y por otro se desalientan testimonios incriminadores generando un círculo de impunidad que es necesario romper”.
“El decreto publicado tiene una insuficiente justificación, cuestiona que la Agencia fue creada por DNU, alude a un comentario de la Cámara de Casación Penal que manifestó preocupación por la compatibilidad con sus funciones y critica el momento de su dictado. Casi infundado”, finalizó.
En el DNU 168/20, publicado este jueves, el Gobierno consideró que “no se observan elementos objetivos que fundamenten las razones de necesidad y urgencia” del decreto por el cual Macri dispuso la creación de la agencia, “máxime cuando el funcionamiento del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados se mantuvo sin variación durante más de 16 años, hasta días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior”.
Para el Ejecutivo, “corresponde derogar el Decreto N° 795/19 y restablecer el diseño institucional” del programa “tal como fue creado por la ley que le dio origen y sus normas complementarias”.
