Uno de los expositores en el plenario que analizó la modificación de los regímenes jubilatorios de privilegio fue el titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato, quien aclaró de entrada que “para nosotros un régimen especial como este no es un privilegio”.

“Como somos trabajadores, y somos peronistas -con el perdón de aquellos que no tienen el mismo pensamiento político-, quiero decirles que, como Perón, siempre creímos en la ampliación de derechos, nunca en la reducción. No es peronista concebir reducir derechos; por eso nosotros reclamamos ampliar los derechos”, sostuvo.

Piumato dijo creer que “el sistema jubilatorio de la Justicia y ninguno de los 37 sistemas diferenciados o especiales tienen como objetivo la explotación o la opresión. Al contrario, nosotros aspiramos a que todos los trabajadores, no solo los del Estado, retomen la posibilidad del 82% móvil. Es una bandera de los trabajadores que no vamos a claudicar ni los judiciales, ni ninguno de los trabajadores argentinos”.

Agregó que el régimen de la Justicia es especial “porque responde a las condiciones que tenemos en ese poder del Estado: nosotros desde que entramos al Poder Judicial, desde la última categoría no puede tener otra actividad lucrativa; solamente la docencia y con permiso”. Y agregó que “tenemos un sistema que hasta el último empleado está a disposición permanente del sistema de justicia”, además de aportar un 1% más al sistema.

“Yo entiendo en el proyecto del Gobierno la necesidad de la sustentabilidad -continuó-. Está clara la crisis que vive el sistema, pero acá nadie pretende que el carácter especial que tiene el sistema jubilatorio perjudique a los jubilados que no tienen un sistema especial, hasta que lo puedan tener”.

El titular de la UEJN sostuvo que el carácter solidario del sistema jubilatorio “no es para que la plata de lo jubilados se use para cualquier cosa”, y en ese sentido puntualizó que “si hay situaciones que pasaron en el país, que afectaron a sectores que son rescatados por el Estado, como son aquellos que quedaron sin trabajo, que no pudieron tener los años de aporte, todos los que entraron en la moratoria jubilatoria, que fue un acto justo de gobierno… lo que no es justo es que lo paguen los jubilados que aportaron toda la vida”.

“El Estado se tiene que hacer cargo de eso”, remarcó, afirmando que “fueron políticas económicas por las que el Estado tiene que ser responsable, aun cuando cambie el color político del Gobierno”. Y agregó que “no somos responsables los regímenes especiales de la situación que vive el resto de los trabajadores, que merecen por lo que aportaron tener una jubilación digna”.

Luego Piumato recordó que hace 10 años su gremio presentó en el Congreso el reclamo del 82% móvil. En esa oportunidad, en 2009, calcularon con la ANSeS que con un  14% de aporte se podía financiar sustentar la extensión del 82% móvil a todo el resto de los agentes del Poder Judicial. Agregó que en 2016 “volvimos a hacer un estudio y ahí nos dio que era un 15% que hacía sustentable y superavitario si todos aportaban”.

Piumato detalló que los beneficiarios del Poder Judicial de la Nación son actualmente 3.800. “Si aportaran todos los agentes judiciales, serían 30.500 solamente de la Justicia Federal y de los ministerios públicos”, detalló, agregando que como el ingreso al Poder Judicial se produce entre los 18 y 25 años, “ese 4% más del aporte originario lo harían durante 40 o 45 años, por lo menos. Sería una masa que no solo le daría sustentabilidad al régimen, sino que sería superavitario”.

Esa iniciativa fue presentada ahora a través de un proyecto del diputado José Luis Ramón, destacó.