“No busco revanchas: necesito que todos asumamos la verdad que nos toca”

Por primera vez en su gestión, el presidente de la Nación brinda un discurso de apertura del período ordinario. Singular expectativa por los anuncios que vaya a realizar.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó un discurso ante la Asamblea Legislativa, para abrir el 138° período ordinario, en el que desgranó una serie de medidas que adoptará próximamente su Gobierno, detalló la herencia recibida y anunció entre otros temas el envío dentro de diez días de un proyecto de ley para legalizar el aborto.

El discurso de Fernández arrancó a las 12.01, con una referencia al valor de la palabra. “En la Argentina de hoy la palabra se ha devaluado peligrosamente”, arrancó, afirmando que “muchos creyeron que el discurso es una herramienta idónea para instalar en el imaginario público una realidad que no existe”.

Así las cosas, enfatizó la necesidad de que “la palabra recupere el valor que alguna vez tuvo entre nosotros”. Fernández sostuvo que “en democracia la mentira es la mayor perversión en la que puede caer la política; gobernar no es mentir ni ocultarle la verdad al pueblo. Gobernar es admitir la verdad y transmitirla tal cual es, para poder transformarla en favor de una sociedad que se desarrolle en condiciones de mayor igualdad”.

“Quiero que todos sepan que con este discurso vengo a darle a mi palabra el valor de un compromiso”, garantizó, con la propuesta de “iniciar una marcha que nos permita salir de la postración y ponernos en rumbo del crecimiento con justicia social”.

El presidente dijo que en lo que lleva de gobierno “pudimos conocer la situación real en la que está la Argentina y adoptar las medidas más urgentes que nos permiten hoy compartir con ustedes la agenda de futuro que tenemos para desarrollar”.

Así las cosas, aseguró que “hemos encontrado una situación extremadamente delicada; recibimos un país dañado en su tejido social y productivo, con su alma herida por divisiones profundas”. Agregó que describiría el presente y garantizó que “no busco revanchas, necesito que todos asumamos la verdad que nos toca; solo así dejaremos de ser esclavos de las fracturas que nos desunen”.

Al hablar del punto de partida que encontró, Fernández recordó el “nivel récord de inflación” encontrado del 53,8% durante el año 2019; y habló de la deuda pública “récord en montos y plazos de vencimiento”.

La desocupación trepó al 9,7%, dijo, “destruyendo más de 240 mil empleos privados entre 2015 y 2019”, y alertó que llevamos más de 19 meses consecutivos de caída de la actividad industrial. “Nuestro país hace dos años que está  sumido en una recesión profunda”, dijo, y agregó que la deuda del Estado en materia de obras públicas es de 35 mil millones de pesos”, y aseguró que el 60% de las obras iniciadas se encuentran paralizadas.

Luego habló de las tarifas y sus “incrementos excesivos”, detallando los aumentos en cada rubro.

“Encontramos un Estado debilitado donde casi desaparecieron los instrumentos de regulación”, aseguró el presidente, lamentando que “se lamentó la relación con los trabajadores del Estado”. Y ahí empalmó con el área salud, para poner el siguiente ejemplo que a su juicio servía para determinar la “gravedad del deterioro”: “Estamos cursando el brote de sarampión más importante desde el año 2000, con el riesgo de perder el logro de ser un país libre de esa enfermedad”.

“Comencemos por los últimos, para llegar a todos”, expresó más adelante, cosechando e primero de los aplausos que tuvo su discurso. Agregó entonces que “frente a esta situación dramática de destrucción hemos elegido a la solidaridad como viga maestra de la reconstrucción nacional”.

Agregó que “estamos dejando atrás una política económica centrada en la especulación para volver a poner el foco en el trabajo y la producción”, lo que lleva a trazar “un programa integral y sustentable”.  Al respecto dijo que desde lo macroeconómico, “nos fijamos objetivos fiscales y de política monetaria que buscamos alcanzar desde la renegociación de la deuda externa. Desde lo político, nos ocupamos antes que nada de los que han sido olvidados; después persistimos en el diálogo económico y social, como el modo más perfecto de alcanzar el desarrollo en armonía, preservando precios para mejorar el salario real de quien trabaja”.

Alberto Fernández reconoció al Congreso la sanción de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que consideró un “punto de arranque muy necesario”. Destacó luego los aumentos en los salarios mínimos que buscaron recomponer los haberes de los más necesitados, y las sumas especiales para estatales y jubilados.

Foto: Comunicación Senado

“Disminuimos las tasas de interés para las tarjetas de crédito”, destacó entre otras medidas tomadas en los 81 días que lleva de gobierno. Asimismo valoró la moratoria de la AFIP y la doble indemnización para despidos sin causa; el congelamiento de tarifas y aumentos de combustibles, y el incremento en las jubilaciones mínimas.

Todos esos elementos fueron abordado, dijo, después de haber evaluado “el problema que más nos preocupaba: terminar con el hambre que sufren millones de argentinos”, y sostuvo que “por eso pusimos en marcha un plan que aspira a que todos los argentinos se conviertan en actores de la epopeya que supone derrotar el hambre que asola a nuestros compatriotas”.

“La lucha contra el hambre es nuestra prioridad, porque comer no puede ser un privilegio”, afirmó, valorando los alcances de la Tarjeta Alimentaria.

Habló a continuación de la necesidad de hacer un seguimiento estricto de la evolución de los precios, y aseguró que el trabajo para bajar la inflación está dando resultados. Están analizando la estructura de costos para evitar abusos de posición dominante, dijo, y adelantó que “vamos a fortalecer los mecanismos de defensa del consumidor y lealtad comercial”.

“Que los precios dejen de crecer en la Argentina es una responsabilidad de todos”, sostuvo, y aseguró que “este Gobierno Nacional se va a poner al frente de la batalla contra la inflación usando todas las herramientas legales con las que cuenta”, y remarcó que “no es posible que con la moneda estabilizada y las tarifas congeladas, al igual que los combustibles, el precio de los alimentos siga creciendo. Vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios”.

Llamó entonces a “terminar con la Argentina de los vivos que se enriquecen a costa de los pobres bobos que estamos condenados a pagar lo que consumimos”. Pidió “un punto final a los abusos”, asegurando que “los pícaros que especulan subiendo los precios no tienen cabida en esta Argentina”, y en otra referencia irónica a la gestión pasada deslizó que “no venimos con planillas de cálculo en las que los números cierran en teoría dejando fuera a muchos sectores de nuestro pueblo”.

Admitió que todo esto se hace en un contexto económico “particularmente complejo”, pero destacó que “nuestro plan económico ha dado sus primeros pasos positivos”, en referencia a la mejora de la situación fiscal, la baja de la inflación y la generación de “condiciones macroeconómicas sostenibles”.

El presidente Fernández señaló luego que el BCRA se encuentra analizando de modo pormenorizado “la manera que nuestro país recibió divisas en concepto de préstamos y el destino que los mismos tuvieron”, advirtiendo una vez más sobre la fuga de divisas “llevándose recursos y dejándonos la carga de la deuda”. Esas prácticas, dijo, “son absolutamente reñidas con cualquier idea de progreso”.

Dijo entonces que “debemos saber lo que pasó, quiénes permitieron que eso sucediera y quiénes se beneficiaron con esas prácticas”.

“Nunca más a un endeudamiento insostenible”, llamó el presidente de la Nación, y agregó: “Nunca más a decisiones que se toman con ínfulas tecnocráticas de la noche a la mañana y de espaldas al pueblo; nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento que se fugan dejando tierra arrasada a su paso”.

A continuación se refirió a las negociaciones para reestructurar la deuda pública y la “comprensión” obtenida en los diálogos con otros países. Agradeció particularmente al papa Francisco por haber llamado a “construir una economía con alma”. Asimismo hizo referencia a que “el propio FMI ha señalado que la deuda argentina no es sostenible; de ese modo nos ha dado la razón en lo que hemos venido planteando con persistencia durante todo este tiempo”.

Empero, alertó sobre los intereses en juego y afirmó que “esta es la hora de definir de qué lado va a estar cada uno. “Nosotros estamos del lado del pueblo”, dijo, agradeciendo a continuación “el apoyo de la oposición en el Congreso para poder reestructurar la deuda. Más apoyos serán necesarios si como país queremos salir bien parados de esta crisis de deuda impagable. La aprobación legislativa de las políticas de endeudamiento debería ser la regla para proteger a la Argentina de los ciclos de sobreendeudamiento en los que recurrentemente cae”, señaló.

Relativizó la posibilidad de implementar más ajuste como piden “algunos”, señaló, advirtiendo que “no hay peor alternativa que la austeridad fiscal en las recesiones. Más ajuste lleva a más recesión, más exclusión…”.

Destacó la forma “constructiva” como se viene trabajando con las autoridades del Fondo y el “creciente entendimiento mutuo” entre las partes. “Preferimos una resolución ordenada a la crisis de la deuda y estamos caminando en esa dirección -afirmó-. Pero lo más importante es que el acuerdo al que lleguemos con los acreedores sea sostenible”.

Esa será la base de la propuesta que se le hará a los acreedores en las próximas semanas, señaló, admitiendo que “ningún acuerdo sostenible con nuestros acreedores externos será mágico ni milagroso. Por más virtuoso que pueda resultar en la defensa de nuestros intereses nacionales, no nos eximirá a nosotros, los argentinos, del desafío de concertar el futuro con responsabilidad, solidaridad y sostenibilidad”.

Más adelante se refirió al tema hidrocarburos y anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley para el desarrollo del sector hidrocarburífero y minero que promueva y estimule la inversión nacional e internacional en el sector y facilite “el desarrollo de la cadena de valor que nos permita crear cientos de miles de empleos directos e indirectos en los próximos años”.

Ratificó también el envío al Congreso de una nueva ley de economía del conocimiento, y prometió “revertir la tendencia a la caída presupuestaria observada en Ciencia y Tecnología en los últimos años”. En otra referencia irónica con el Gobierno de Cambiemos, señaló entonces el orgullo de haber convocado a numerosos científicos de Argentina, y lanzó: “Somos un gobierno de científicos, no de CEOs”.

Agradeció luego a los gobernadores la firma del Consenso Fiscal, en pos de “una Argentina más federal”, y recordó el proyecto de ley que declara a 24 distritos del país como capitales alternas, lo cual, aseguró, se fortalecerán las estructuras económicas en las provincias.

Tras ello se refirió al campo, que en un contexto de crisis fiscal “debe ser un protagonista importante”. Recordó que fueron convocados sus representantes en el marco de la lucha contra el hambre, pero advirtió que “deben hacer el esfuerzo aquellos producen y exportan, porque tienen mejores condiciones en la Argentina de hoy”.

Destacó las medidas adoptadas por su gobierno para beneficiar al sector, como el congelamiento del precio de los combustibles, y señaló que “hemos hecho una propuesta generosa en materia de derechos a las exportaciones, en la que solo se incrementa uno de un total de 25 cultivos que hoy están afectados por esos derechos”. Señaló que la propuesta al sector respeta las condiciones impuestas por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. “Yo aspiro a que esta vez, a través del diálogo, encontremos el camino que nos conduzca a sostener el desarrollo y a preservar las cuentas públicas”, enfatizó.

En otro pasaje, Fernández aseguró que para su gobierno “la concertación no es una acción burocrática, sino una convicción de vida”, y en ese espíritu dijo que proponía al Congreso el tratamiento del proyecto de ley del Consejo Económico y Social para el Desarrollo Argentino. Iniciativa que consideró “una autolimitación a mis facultades”, pese a lo cual, dijo, “los convoco a preservar, nutrir y construir este consejo para que se constituya en una plataforma de sueños que puedan hacerse realidad”.

Más adelante reiteró su propuesta anticipada en diciembre pasado para “terminar para siempre con los sótanos de la democracia”, y destacó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia y las medidas adoptada en ese marco. Llamó a construir consensos para un nuevo diseño del sistema de inteligencia nacional, y adelantó que esta semana dictará un DNU que modifique la Ley de Inteligencia impidiendo a los organismos de inteligencia y sus miembros realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la justicia.

En ese marco, adelantó respecto del atentado a la AMIA que ordenará desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de los funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo.

“De esta manera estamos poniendo fin al secretismo con que se manejan los fondos públicos”, dijo.

A continuación adelantó la reforma de la justicia federal. “Venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza”, señaló, anticipando que el Poder Ejecutivo se propone impulsar “un reordenamiento de la Justicia federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos; que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”.

Así es que anunció la creación de un nuevo fuero Federal Penal, que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdición en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De ese modo, dijo, “los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del Estado Nacional, dejarán de estar en manos de unos pocos jueces, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados. Estamos terminando para siempre en la Argentina con la manipulación de sorteos y la concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido”.

Fernández garantizó que impulsará “un fortalecimiento de toda la actuación de la justicia federal penal en las zonas más críticas donde el crimen organizado ha logrado desarrollarse a través del narcotráfico, especialmente en la zona de influencia de Rosario y Santa Fe”.

“Se trata de agilizar las causas, de evitar onerosas cuestiones de competencia y de optimizar el funcionamiento de los mejores recursos humanos del Poder Judicial”, remarcó el mandatario, que garantizó la intención de “desterrar para siempre las componendas entre el poder político y el poder judicial, sean del color partidario que sean. No nos merecemos como Argentina continuar con este deterioro”, explicó el presidente, que adelantó también la conformación de un Consejo para Afianzar la Administración de Justicia en la República Argentina.

En otro pasaje diferenciador con la gestión anterior, Fernández señaló que “la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y violento no es un show mediático, sino un compromiso estructural, sustentable y permanente para mi Gobierno, que apunte a las raíces profundas de la impunidad”. Sostuvo que “la política de Seguridad Interior no puede estar marcada por una mirada centralista. La naturaleza del delito recorre múltiples factores, muchas veces ignorados desde la capital. El objetivo que había sido enunciado de reducir el narcotráfico fue más retórico que efectivo. Los operativos crecieron, el narcomenudeo se expandió y la cantidad de drogas secuestrada bajó”.

“Orientamos ahora a las fuerzas de seguridad federales a la destrucción de las grandes redes criminales, para lo cual se fortalecerá la inteligencia e investigación de delitos federales como el narcotráfico y organizaciones delictivas”, remarcó, para hablar luego de “un camino de prevención de la violencia a través de la negociación de la conflictividad”. Por eso, dijo, “apostamos al diálogo entre los jefes de las fuerzas de seguridad y las organizaciones sociales que han contenido la conflictividad social en estos tiempos de emergencia y angustia. Se trata de anticiparnos a los conflictos, de resolverlos de manera pacífica, evitando la criminalización de grupos o sectores sociales”.

En el pasaje dedicado a las Fuerzas Armadas, retomó declaraciones que hizo esta última semana: “Celebramos que por primera vez en la historia tenemos jefes de las Fuerzas Armadas que pertenecen a la generación que ha egresado como oficiales en pleno funcionamiento de la democracia”, señaló, para homenajear luego a las víctimas del ARA San Juan.

En materia de relaciones exteriores, habló de “una América Latina unida”, y en ese sentido dijo que “trabajaremos para fortalecer la institucionalidad democrática en  Sudamérica y en la región”, y expresó su compromiso a dar continuidad a los valores esenciales de defensa de la paz y la seguridad internacionales, la solución pacífica de controversias, el apoyo al multilateralismo, el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, la equidad de género y la protección del medioambiente.

Habló de fortalecer el Mercosur, y en el plano de la inserción global se avanzará  con una agenda “sin exclusiones en la que avancemos en esquemas de asociación con países desarrollados, con países emergentes y con países en desarrollo”.

Respecto de Malvinas, anticipó el envío de tres proyectos de ley para afianzar

la soberanía territorial de la República Argentina. Uno creará el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y Espacios Marítimos Correspondientes; otro sobre la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina” que contribuirá a consolidar los derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo.

Finalmente, la modificación del Régimen Federal Pesquero (Ley N° 24.922) para endurecer las sanciones a los buques que pescan ilegalmente en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina o en aguas donde nuestro país tiene soberanía sobre recursos vivos marinos (lo que incluye las Islas Malvinas).

Cuando llegó el momento de tocar el tema del aborto, Fernández sostuvo que “la legislación vigente no es efectiva. Desde 1921 la Argentina penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en la mayoría de las situaciones. Cien años después, la jurisprudencia da cuenta de lo ineficaz que resulta la norma desde un criterio preventivo”, destacó.

Para Fernández, “un Estado presente debe proteger a los ciudadanos en general y obviamente a las mujeres en particular. Y en el siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos”. Por eso anticipó que dentro de los próximos diez días presentará un proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar.

“Simultáneamente, desde el Poder Ejecutivo Nacional, lanzaremos un contundente programa de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado”, garantizó, con el objetivo de “llegar a las mujeres de nuestro país en situación de vulnerabilidad social en la etapa que más necesitan la presencia del Estado: durante el embarazo, nacimiento, puerperio y primeros años de crianza”.

A continuación adelantó que “junto a la ley que buscará legalizar el aborto, enviaremos al Congreso Nacional un proyecto de ley que instaure el Plan de los 1000 días, para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de la mujer embarazada y de sus hijos o hijas en los primeros años de vida”, precisó el mandatario.

En materia de Educación, Alberto Fernández sostuvo que el objetivo será “democratizar el acceso al conocimiento y lograr romper las desigualdades de cuna con que ingresan al colegio nuestros chicos y nuestras chicas”. Para ello, dijo, es fundamental garantizar el efectivo cumplimiento de las leyes vigentes cuyos consensos fueron construidos por todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Lo hizo en referencia a las leyes de Financiamiento, de Educación nacional o la de Educación Técnica. “Leyes que empezaron a incumplirse hace cuatro años”, afirmó.

Sobre el final de su mensaje, Fernández sostuvo que debemos entender que “en las crisis las banderías políticas deben ceder. Que todos los argentinos estamos a bordo de un mismo barco y que en la crisis, como supo decir Perón, para un argentino no pude haber nada mejor que otro argentino”.

“La solución de nuestras frustraciones sociales no dependen solo de un presidente. Dependen de nuestra vocación social de superarnos y de ser mejores.

Hay una Argentina mas justa que nos debemos. Está en nuestras manos poder construirla”, concluyó.

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