El proyecto de ley es de autoría de Lorena Pokoik (FdT) y lleva la firma del resto de sus compañeros de bloque. El texto busca promover una ley de financiamiento educativo que propicie mejoras en ese sistema.
Al igual que ocurre todos los años tras la apertura de un nuevo periodo de sesiones ordinaria, la Legislatura porteña recibe decenas de proyectos por parte de los distintos bloques, quienes compiten entre sí para ser los primeros en ingresar un texto. Es así que en 2020 la pulseada la ganó el Frente de Todos (FdT) de la mano de la kirchnerista Lorena Pokoik, quien promovió una ley de financiamiento educativo.
La iniciativa en cuestión también lleva la firma de los diputados Javier Andrade, María Bielli, Lucía Campora, Ofelia Fernández, Claudio Ferreño, Laura Velasco, Victoria Montenegro, Claudio Morresi, Leandro Santoro y Manuel Socías (FdT).
El texto presentado por ese bloque busca establecer “pautas de inversión pública en el sector educativo, con base en criterios de justicia social y educativa, de acceso al aprendizaje y el conocimiento, con el objeto de apoyar las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza” y prevé contribuir a la incrementación del “patrimonio cultural, educativo, social y económico, por un lapso de diez años, a fin de propiciar la plena vigencia de los derechos educativos de la ciudadanía”.
De esa manera, se proponen una serie de criterios prioritarios para la inversión estatal en materia educativa. Es así que los peronistas exigieron “incluir en el nivel inicial al 100% de la población de tres años de edad y asegurar la universalización para los niños y niñas de 45 días a dos años.
También busca garantizar “el traspaso de los espacios de atención a la primera infancia a la órbita del Ministerio de Educación para su supervisión pedagógica y regulación”; y prevé ampliar “las jornadas extendidas en la educación primaria” y “las horas institucionales o de fortalecimiento de los cargos docentes de los niveles inicial y primario”. Así como también fortalecerá “las propuestas educativas específicas o complementarias con la educación común destinadas a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad”.
Otro de los objetivos de la ley es el de “universalizar la cobertura del nivel secundario, en todas sus modalidades y orientaciones”. Al mismo tiempo que exige que se implemente la enseñanza de Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles obligatorios, modalidades y carreras de formación docente; la implementación de políticas de apropiación de tecnologías de la información y la comunicación y establece la renovación “del parque informático, dotar de conectividad y mantener el servicio en las escuelas”; entre otros puntos.
Por otro lado, el proyecto propone que -en caso de que la norma sea sancionada- el Ministerio de Educación debe cubrir en cuatro años “la demanda insatisfecha de vacantes en todas las modalidades y niveles educativos de la educación estatal, a través de la ampliación de la infraestructura escolar en uso y la construcción de nuevos establecimientos educativos”. Además sostiene que en un periodo de dos años debe “reparar y refaccionar la infraestructura escolar que no cumpla con las condiciones de seguridad y habitabilidad para la función educativa”.
Para supervisar el cumplimiento de la medida, el texto del FdT prevé crear una Comisión de Seguimiento compuesta por: ocho diputados de la Comisión de Educación, tres representantes del Ministerio de Educación, tres representantes de los sindicatos docentes y dos miembros del Cuerpo de Delegados Comunales de Cooperadoras Escolares de la Ciudad de Buenos Aires.
