Las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto dieron dictamen a la iniciativa que modifica los regímenes especiales de jueces y diplomáticos.
Por Carolina Ramos
El proyecto que modifica los regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos quedó a un paso de ser convertido en ley, luego de que el Frente de Todos se alzara con el dictamen de mayoría en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto del Senado. El oficialismo buscará tratar la iniciativa el próximo jueves en el recinto, cerrando así una discusión teñida de polémica en la Cámara de Diputados.
Juntos por el Cambio no solo se mostró de acuerdo con el rumbo del proyecto, sino que adelantó que acompañará la votación en general. Sin embargo, el interbloque de Luis Naidenoff presentó su propio dictamen con modificaciones, y sembró sospechas sobre las verdaderas intenciones del Gobierno sobre el Poder Judicial.
Los mismos funcionarios que habían defendido el proyecto en la Cámara baja, lo hicieron este miércoles en el Senado: el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el director ejecutivo de la ANSES, Alejandro Vanoli.
El proyecto del Poder Ejecutivo -que Diputados aprobó con 128 votos a favor y dos abstenciones- eleva de manera gradual la edad jubilatoria de los jueces hasta llegar a los 65 años, y establece que el haber debe calcularse sobre el promedio de los últimos 120 meses, de acuerdo a la última remuneración de la categoría respectiva vigente al momento del cese.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aclaró que no se elimina el régimen especial porque “la Constitución establece un principio de diferencia” para garantizar la independencia de los jueces. Por esa razón, puntualizó que no se busca una “reforma agresiva” sino que “el haber tenga relación con el esfuerzo contributivo”.
En el mismo sentido, Bulit Goñi describió el proyecto oficial como “modesto y prudente”, y precisó, al igual que Moroni, que “las reformas que se introducen dejan vigentes las garantías constitucionales como la intangibilidad de las remuneraciones de los jueces”.
Los primeros cuestionamientos llegaron de la mano de Martín Lousteau (UCR), quien opinó que el proyecto deja “sabor a poco” porque “no termina de resolver algunas cuestiones solidarias, ni de peinar más lo redistributivo, ni de reducir el déficit hoy y la tendencia del déficit a futuro”.
Lousteau cuestionó la “prudencia” y llamó a discutir todos los regímenes especiales, al sostener que el haber promedio en estos casos es “tres veces mayor que el que recibe cualquier hijo de vecino”. El porteño agregó que los dos regímenes que se buscan modificar “son solo el 7% del déficit generado por los regímenes especiales” y puso como ejemplo el de los trabajadores de Luz y Fuerza.
“No encuentro justificativo de por qué esta modificación llega hasta ahí y no va más hacia adelante”, insistió Lousteau, pero Moroni retrucó: “Fuimos prudentes porque es un régimen que tiene una tradición histórica muy fuerte. Hay regímenes diferenciales que tienen justificaciones históricas. Podemos discutir si son acertadas o no, pero son históricas”.
Los radicales Víctor Zimmermann (Chaco) y Julio Martínez (La Rioja) advirtieron sobre las consecuencias que podría traer la ley. El primero le preguntó al ministro si “se verá afectado el servicio de Justicia” con el proyecto, y vinculó el tema al anuncio de la reforma judicial formulado por el presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa.
Pero Moroni consideró que hay que “separar absolutamente el tema previsional del tema administración de Justicia”. “Esta ley no tiene como objeto desguarnecer la administración de Justicia o expulsar a los jueces. No hay nada de eso”, aclaró el ministro, y agregó que “esta ley no impide que los jueces jubilados puedan seguir trabajando”.
Asimismo, sostuvo: “La realidad es que los jueces son funcionarios públicos y su renuncia solo tiene efectos el día que es aceptada, de modo tal que si hay problemas de administración de Justicia, tendrán que regularse las aceptaciones” de esas renuncias. Y señaló que hay personas que “durante años han concursado para ser jueces” y que, llegado el caso, “pueden cubrir esos cargos”.
Martínez no quedó conforme con la respuesta del ministro. “Nos cuesta separar. No es casual ni una cuestión menor las vacancias que se van a producir”, dijo, al referirse al impedimento de convocar a jueces jubilados para cubrir vacantes. El riojano también vinculó este tema a la ofensiva para intervenir el Poder Judicial de Jujuy, y al decreto que eliminó la Agencia de Protección de Testigos.
Sin embargo, Moroni insistió en su argumento. “Descarto que este régimen tenga la vocación de expulsar jueces. Si esto expulsa un montón de jueces, es un exceso de sensibilidad. ¿Qué hubiera pasado si derogábamos el régimen, como proponían algunos de sus compañeros? ¿Nos quedábamos sin justicia?”, se preguntó, y remató: “Si esto provoca un éxodo, la verdad que me preocupa”.
Al inicio de su presentación ante los senadores, Moroni sostuvo que el objetivo que persigue el Gobierno es el de “reforzar el carácter solidario y redistributivo del sistema previsional”, ya que “el 5% de los beneficiarios de los haberes más altos consumen casi el 24% de los recursos”. En ese marco, observó que existen “dos regímenes especiales que sobresalen en cuanto a su nivel de prestaciones”, que son los de los jueces y del Servicio Exterior.
Lo que busca el Poder Ejecutivo, explicó, es que estos regímenes “se vayan acercando un poco más hacia el régimen general”, ya que sus beneficiarios “no solo no redistribuyen sus aportes, sino que requieren del resto de los beneficiarios mayores recursos”. En el caso de los jueces, precisó que el haber promedio es de aproximadamente 280.000 pesos, lo que genera un déficit anual de 9.200 millones de pesos, esto es, 102.000 pesos mensuales por beneficiario.
Por su parte, Bulit Goñi informó que con la ley se reducirá el déficit del sistema en un 40% en el primer año, y de aquí al año 2040 bajará un 72% en el caso de los jueces y un 35% en el caso de los diplomáticos.
“Este es el primer paso para empezar a descomprimir una situación en la que el sistema de reparto, basado en los principios de solidaridad y redistribución, está en una absoluta falta de solidaridad cuando vemos que el 5% de los jubilados se lleva el 24% de los fondos disponibles”, reforzó Bulit Goñi.
En tanto, Vanoli coincidió: “Cuesta justificar estos enormes diferenciales que se han producido a lo largo de muchos años entre prestaciones del régimen general y las de los regímenes especiales. Es saludable que luego de varias décadas sin discutir estos temas hoy estén en la agenda”.
Tal como había hecho en Diputados, el titular de la ANSES detalló que ese organismo registraba un superávit de 11.800 millones de pesos en 2016, cuando asumió Cambiemos, para luego terminar con un déficit de 137.900 millones en 2019.
En el plenario también expuso el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, que entre otras cosas criticó la falta de una cláusula que asegure que los jueces que reúnen los requisitos para jubilarse, puedan hacerlo con el régimen actual.
