El diputado mendocino y titular de la UCR Nacional impulsa la iniciativa junto a su par Jimena Latorre. Argumentaron que se debe utilizar esta herramienta constitucional ante la “marcada división” que existe en la sociedad en torno al tema.
A días de que el Gobierno nacional envíe al Congreso el proyecto de legalización del aborto, el diputado y presidente de la UCR Nacional, Alfredo Cornejo, presentó una iniciativa para que se convoque a una consulta popular vinculante.
El mendocino, junto a su par Jimena Latorre, presentó un proyecto que propone se realice una votación ciudadana por el “sí” o por el “no” a la interrupción voluntaria del embarazo y a la modificación de la Ley de Educación Sexual Integral.
En caso de aprobación, la iniciativa indica que la consulta popular debería realizarse “dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos” desde su publicación en el Boletín Oficial.
Asimismo, faculta al Poder Ejecutivo “a realizar las adecuaciones presupuestarias pertinentes” y señala que éste “deberá arbitrar los mecanismos conducentes a informar a la ciudadanía sobre el contenido del proyecto que se somete a consulta”.
Los legisladores explicaron que “si bien existen algunos antecedentes de proyectos de consulta popular sobre la materia, es importante destacar que, tal como prevé nuestra Carta Magna, al consagrar esta herramienta de participación semidirecta, su finalidad es conocer la voluntad del electorado en temas de trascendental importancia y para ello la consulta tiene que encontrarse dotada de una imparcialidad tal que deje en aquel electorado la responsabilidad y atribución de expresarse conforme sus convicciones”.
En los argumentos, los mendocinos citaron al constitucionalista Daniel Sabsay, quien sostiene que “la evolución constitucional en este siglo aconseja que la participación de los habitantes de la comunidad política en el proceso de toma de decisiones no debe limitarse al voto para la elección de representantes, pues se genera la consideración del gobierno como algo ajeno a la ciudadanía y se diluye la relación entre las decisiones colectivas y la voluntad de los afectados”.
En la fundamentación del proyecto, Cornejo y Latorre señalaron el artículo 40 de la Constitución Nacional que, en relación a la consulta vinculante, prevé que “el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática”.
Al recordar el nutrido debate que hubo acerca del aborto legal hace dos años, Latorre expresó que “de esa experiencia deliberativa, lejos de lograrse algún consenso, los datos objetivos nos muestran que las diferencias de argumentos, fundamentos y posturas en la sociedad argentina se profundizaron, se fundamentalizaron y actualmente configuran una temática de trascendental importancia en la que ni los argentinos, ni sus representantes, encuentran unión pacífica”.
“Somos conscientes de que la sociedad ha hecho escuchar su voz, se ha involucrado de una u otra forma, y ha tomado fervientes posturas para su defensa sin que de ello haya surgido un consenso social, sino y por el contrario, una marcada división que lleva la temática a una discusión binaria o dicotómica”, subrayó por su parte Cornejo.
El exgobernador mendocino consideró entonces que “en función de aquella marcada y radicalizada determinación social de dos posiciones, una a favor y otra en contra de la regulación por este Honorable Congreso de la Nación de la citada interrupción voluntaria del embarazo y la Educación Sexual Integral, se encuentra ampliamente acreditado uno de los supuestos de procedencia de la herramienta constitucional de la consulta popular, esto es un interrogante al cuerpo votante que pueda decidirse categóricamente por SÍ o por NO”.
