A través de un DNU, anunciado por Alberto Fernández durante la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo modificó la Ley de Inteligencia.
El Poder Ejecutivo oficializó este jueves el DNU 214/20, a través del cual establece que la Agencia Federal de Inteligencia ya no podrá actuar como auxiliar de la Justicia.
La medida modifica el inciso 1 del artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), de modo que exprese que ningún organismo de inteligencia podrá “cumplir funciones policiales o de investigación criminal”.
Anteriormente, la norma establecía que los espías podían actuar “salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley”.
Al recordar la intervención de la AFI, que dispuso el gobierno de Alberto Fernández, se destacó que la misma “resaltó la imperiosa necesidad de realizar un reordenamiento y rediseño integral del Sistema de Inteligencia Nacional en pos de restablecer y fortalecer los principios democráticos y de publicidad que deben regir la materia”.
En los considerandos del DNU se señaló que mientras dure la intervención (180 días), se buscará “lograr los consensos políticos y sociales que se precisan a fin de dar cumplimiento a las pertinentes reformas institucionales”.
“Sin embargo, deviene necesario adoptar una medida urgente para lograr bases sólidas para el referido reordenamiento, disponiendo una modificación esencial sobre una de las áreas del Sistema de Inteligencia Nacional que mayores distorsiones ha evidenciado, como es su interacción con el sistema de administración de justicia”, se indicó.
Para el Ejecutivo, corresponde “limitar de forma urgente ese resquicio legal, que permitió generar y retroalimentar vínculos espurios desarrollados entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia, franqueando la participación de aquellos en funciones totalmente ajenas a sus verdaderas áreas de incumbencia”.
Finalmente, se argumentó que esa “inadecuada intromisión ha afectado en múltiples casos la necesaria independencia judicial, actuando como un componente corrosivo frente a la legitimidad institucional de nuestra democracia”.
El decreto, firmado por el presidente y todo su Gabinete, deberá ahora ser analizado por la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, donde el Frente de Todos posee mayoría.
