Qué dice el proyecto de la Campaña por el Aborto que ya está en el Congreso

Las diputadas “verdes” insisten con tomar de base la iniciativa que fue presentada en mayo del año pasado, tras la derrota en el Senado, con Victoria Donda a la cabeza.

Diputadas y militantes de la Campaña por el Aborto Legal, en su última reunión (Foto: @CampAbortoLegal)

Por Carolina Ramos

“El proyecto está en las calles”, fue la consigna de la multitudinaria movilización del 19 de febrero. El proyecto es el de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que fue presentado por octava vez el 31 de mayo del año pasado, con nuevo récord de firmas, tras la derrota en el Senado.

Mientras el Congreso aguarda el envío del texto del Poder Ejecutivo, anunciado por el presidente Alberto Fernández durante la Asamblea Legislativa, diputadas “verdes” y activistas de la Campaña insisten en tomar como base el proyecto que ya cuenta con estado parlamentario.

Esa propuesta reunió nada menos que 68 firmas de todos los bloques políticos, con Victoria Donda a la cabeza, y fue fruto de un intenso debate interno tras la experiencia de 2018.

El artículo medular del proyecto es el primero, que establece que “en ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive, del proceso gestacional”.

Sin perjuicio de esto y más allá del plazo, toda mujer tendría derecho a abortar si el embarazo es producto de una violación, o si está en riesgo la vida o la salud integral -física, mental y social- de la mujer. En caso de violación, el aborto podría practicarse “con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el/la profesional o personal de salud interviniente”.

El proyecto señala que tanto el sistema público de salud como las instituciones privadas y las obras sociales deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, así como también las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

El artículo 5 indica que el aborto debe realizarse en un plazo máximo de cinco días corridos desde su requerimiento, y no será necesaria una autorización judicial previa. Además, en cumplimiento de recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud), se indica que se debe garantizar la privacidad de la mujer y la reserva de toda información aportada.

Previo a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, se requiere el consentimiento informado de la mujer expresado por escrito. Además, el proyecto garantiza a la mujer que requiera el aborto una atención y asesoría integral en todas las etapas, así como la provisión de métodos anticonceptivos.

Si la mujer que solicita la práctica del aborto es menor de 13 años de edad, se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o un representante legal. Entre los 13 y los 16 años, “se presume” que la persona “cuenta con aptitud y madurez suficientes para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento”. Finalmente, a partir de los 16 “tiene plena capacidad” para tomar la decisión por sí sola.

Por otra parte, el proyecto dedica un capítulo a las políticas de salud sexual y reproductiva y la Educación Sexual Integral (ESI). “El contenido curricular sobre aborto debe ser enseñado como un derecho de las mujeres y personas gestantes, a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer su autonomía”, dice el texto.

A partir del ciclo lectivo posterior a la sanción de la ley, deben incluirse en todo el país “los contenidos respectivos en el currículo de todos los niveles educativos, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de las instituciones educativas, sean estas de gestión pública estatal, privada o social”.

En cuanto al Código Penal, se modifica el artículo 86, que indicaría que “no es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional”. Si el médico obra sin consentimiento, será reprimido con pena de tres a diez años de prisión, como en la actualidad.

También se incorpora un artículo 85 bis que establece una pena de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a los profesionales o autoridades del establecimiento que dilaten injustificadamente, obstaculicen o se nieguen a realizar la práctica en los casos autorizados por la ley.

Por último, se modifica completamente el artículo 88, aclarando que la mujer que cause su propio aborto o avale que otro se lo provoque, “en ningún caso será penada”. Actualmente, estos casos son reprimidos con prisión de uno a cuatro años.

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