El proyecto busca establecer un nuevo gravamen para las viviendas que se encuentren deshabitadas por más de seis meses, el cual tendrá un incremento del 5% por cada año que se mantengan en esa condición.
Tal y como lo adelantó hace algunas semanas parlamentario.com, el Frente de Todos (FdT) presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley busca promover el arrendamiento de inmuebles con destino familiar y permanente que no se ofrecen para la venta, para lo que propone la creación de un impuesto especial para esas viviendas ociosas.
De esta manera, la iniciativa pide crear un régimen de contribución especial, gravando a los inmuebles que encontrándose aptos para ser utilizados como vivienda familiar, permanezcan deshabitados por el plazo de seis meses consecutivos. Sin embargo, estarán exentos del pago del inmueble los propietarios que, tratándose de su única propiedad, se encuentre ocupándola temporalmente por razones académicas, laborales o de salud.
Es así que esas viviendas deberán “abonar un impuesto calculado en relación al evaluó fiscal del inmueble (base imponible). Dicho impuesto será del 20% de la base imponible y se irá incrementando a razón de un 5% por cada año adicional en que el inmueble se encuentre bajo la condición de deshabitado”, sostiene la medida.
Al mismo tiempo que establece que los fondos provenientes por el cobro del gravamen a la vivienda ociosa serán destinados y girados al Insituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), para que financien, exclusivamente, la construcción de viviendas sociales.
También propone que en coordinación con el Banco Ciudad de Buenos Aires, se establezca una línea de créditos blandos destinados a financiar la realización de obras de remodelación y refacción de inmuebles deshabitados, cuyo fin será para el arrendamiento con destino familiar y permanente. Las mismas estarán sujetas a que los propietarios puedan demostrar que no tiene más de una vivienda en desuso.
En los fundamentos del proyecto -que lleva la firma de Javier Andrade, María Bielli, Lucía Cámpora, Ofelia Fernández, Claudio Morresi, Lorena Pokoik y Leandro Santoro (FdT)-, el bloque explicó que el mismo “tiene por objetivo abonar a la protección de un derecho fundamental, humano, básico y esencial reconocido constitucionalmente como es el acceso a la vivienda digna” y advirtieron que “la trascendencia de la medida que se propicia está dada por garantizar, frente a las eventuales vicisitudes, principalmente económicas, la preservación de la vivienda como bien indispensable para el desarrollo familiar”.
“Los alquileres representan para los inquilinos un importante porcentaje en relación a los ingresos del hogar, lo cual se ve agravado por la caída del poder adquisitivo de los hogares durante los últimos años”, aseguraron y recordaron que según el informe sobre la situación habitacional de los inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires de noviembre del 2018, cerca del 74% de los hogares inquilinos tienen un ingreso menor a los tres salarios mínimos vitales y móvil (SMVM) y el 47% menor a dos SMVM, sumando todos los ingresos de los miembros del grupo familiar.
Por lo que detallaron que “esto implica que los primeros destinen un 36% del ingreso del grupo familiar al pago de alquileres y en el caso de los segundos la cifra sube al 53% . Con lo cual, casi la mitad de los hogares inquilinos destinan más de la mitad del ingreso familiar al pago de alquileres”.
Por lo que detallaron que “nuestra pasó de ser, apenas hace 15 años, una ciudad donde más del 60% de los vecinos era propietario a una ciudad donde la mayoría son inquilinos” y sentenciaron que “a sabiendas de ello, creemos que es el Estado quien debe regular el mercado inmobiliario y generar las políticas necesarias que tiendan a lograr condiciones más justas”.
