La iniciativa del Poder Ejecutivo fue defendida por funcionarios en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto.
El proyecto del Poder Ejecutivo para descentralizar la administración nacional declarando 24 capitales alternas comenzó a ser analizado este martes en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto del Senado, donde la oposición propuso cambios y pidió precisiones sobre el impacto presupuestario de la ley.
Al plenario, presidido por la senadora María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) asistieron el secretario de Interior, José Lepere, y el asesor ministerial Marcelo Leiras, quienes defendieron la iniciativa y explicaron sus detalles.
Lepere remarcó que el proyecto busca “fortalecer el federalismo” y recordó que tiene como antecedente una ley provincial de 1999 que declaró como capital alterna a la ciudad cordobesa de Río Cuarto, que ahora también forma parte del listado.
El funcionario indicó que las ciudades “se definieron en consenso con los gobiernos provinciales” y puntualizó que uno de los criterios fue el de tomar “la segunda ciudad de mayor densidad poblacional”, aunque en otros casos se sostuvo a la capital provincial como capital alterna.
El senador Esteban Bullrich (Pro) destacó los objetivos del proyecto, pero advirtió sobre la falta de precisiones sobre su impacto presupuestario. En ese sentido, comentó que se le pidió un informe a la Oficina Presupuesto, que “respondió que no se puede calcular el costo de la ley por la falta de detalles”.
Ante este planteo, Leiras aclaró que las reuniones del Gabinete en las capitales alternas “no van a tener un impacto presupuestario significativo”, como sí podría tenerlo el traslado de organismos de la administración nacional al interior del país. “El objetivo es que la desconcentración tenga un impacto positivo en las ciudades que reciban a esos organismos”, se limitó a decir Leiras.
Luis Naidenoff, jefe del interbloque Juntos por el Cambio, pidió que “esta idea de frenar” el tema de los costos por la decisión de supeditar el Presupuesto Nacional a las negociaciones de la deuda externa, “no transforme un objetivo sano en un desembarco burocrático o militante”.
Por su parte, Silvia Elías de Pérez (UCR) propuso definir con mayor claridad el proceso de descentralización. “Estamos todos de acuerdo en las reuniones del Gabinete y las capitales alternas, pero no en que se haga una delegación sin que haya parámetros objetivos. Es casi como darles una carta blanca para hacer una transformación administrativa del Estado”, advirtió.
La radical sugirió además crear una comisión bicameral que controle cada seis meses el cumplimiento de la ley.
En tanto, Julio Cobos señaló que a futuro se podría pensar en “trasladar alguno de los ministerios” al interior, y puso como ejemplos los de Educación a la provincia de Córdoba, Producción a Santa Fe y Salud a Mendoza.
En nombre del oficialismo, Anabel Fernández Sagasti sostuvo que el proyecto “no solucionará todos los problemas, pero es un mensaje de voluntad política muy grande”. “Vamos a poder tener un Gobierno nacional que conozca la realidad que se vive en las diferentes regiones del país”, destacó.
En tanto, el catamarqueño Dalmacio Mera, también del Frente de Todos, intentó dimensionar el nivel de concentración que hay al señalar que “el INTA tiene más trabajadores en la Capital Federal que en toda la Argentina”.
El proyecto crea el programa “Gabinete Federal”, que realizará reuniones de trabajo en las provincias, de las cuales participarán ministros, secretarios y funcionarios del Gobierno nacional, además de autoridades locales y representantes de las organizaciones de la sociedad civil, “con el fin de identificar las demandas de la comunidad y coordinar la implementación de políticas públicas necesarias”.
Según el texto, el jefe de Gabinete tendrá que convocar a los encuentros “con una periodicidad no mayor a los 30 días”, mientras que el Ministerio del Interior “coordinará con las autoridades provinciales y las organizaciones de la sociedad civil la elaboración del plan de trabajo de las reuniones”.
Asimismo, se establece que los ministros y funcionarios que asistan “deberán llevar un registro de los temas abordados y cada uno en su competencia elevará un informe mensual de seguimiento a la Jefatura de Gabinete, el que será puesto en conocimiento del Ministerio del Interior”.
El artículo 6 de la iniciativa se refiere a la descentralización de los organismos del Estado nacional y la radicación de las dependencias del Gobierno nacional en el interior, “con el fin de acercar la gestión y los asuntos de gobierno a todo el país conforme a las potencialidades o problemáticas de las diversas regiones que lo componen”.
De acuerdo con el proyecto, “la coordinación del proceso de evaluación y selección de las dependencias quedará a cargo del Ministerio del Interior”. Una vez finalizado el proceso, la cartera deberá elaborar “juntamente con los titulares de los organismos a trasladar o a instalar, y las autoridades provinciales, una propuesta integral, con plazos tentativos de ejecución, que elevará para su evaluación” a la Jefatura de Gabinete y luego se someterá para su aprobación al Poder Ejecutivo.
Las 24 capitales alternas serán La Matanza y Mar del Plata (Buenos Aires), Tinogasta (Catamarca), Roque Sáenz Peña (Chaco), Comodoro Rivadavia (Chubut), Río Cuarto (Córdoba), Goya (Corrientes), Concordia (Entre Ríos), Formosa (Formosa), San Pedro de Jujuy (Jujuy), General Pico (La Pampa), Chilecito (La Rioja), Guaymallén (Mendoza), Oberá (Misiones), Cutral Có (Neuquén), San Carlos de Bariloche (Río Negro), Orán (Salta), Caucete (San Juan), San Luis (San Luis), Caleta Olivia (Santa Cruz), Rosario (Santa Fe), La Banda (Santiago del Estero), Río Grande (Tierra del Fuego) y Monteros (Tucumán).
Durante el plenario, Lepere aclaró que en el caso de Buenos Aires, “La Matanza debe ser leída como capital alterna del Área Metropolitana”, mientras que Mar del Plata correspondería a la provincia.