En la Comisión de Asuntos Constitucionales, el senador oficialista fundamentó su iniciativa. La radical Silvia Giacoppo encabezó el rechazo.
Por Carolina Ramos
La grieta política de la provincia de Jujuy, que tiene como piedra fundamental la prisión de la dirigente Milagro Sala, se trasladó este martes al Senado, donde comenzó a tratarse el proyecto para intervenir el Poder Judicial de la provincia. La Comisión de Asuntos Constitucionales inició el tratamiento de la iniciativa de Guillermo Snopek, aunque la mayoría oficialista decidió estirar el debate.
A propuesta de María de los Ángeles Sacnun, presidenta de la comisión, se decidió poner plazo hasta el miércoles 25 para recopilar y analizar pruebas documentales e informativas sobre el tema, para luego realizar una nueva reunión el martes 31, donde se escucharán alrededor de 40 testimonios en torno a la situación de la Justicia jujeña.
En el Salón Illia del Senado quedaron expuestas las dos posturas antagónicas sobre el tema: Snopek defendió su proyecto y la radical Silvia Giacoppo se cargó al hombro el rechazo, con el respaldo de Luis Naidenoff, jefe del interbloque Juntos por el Cambio, que horas antes se recibió al gobernador Gerardo Morales para darle apoyo político.
Naidenoff denunció una “intromisión al Poder Judicial de Jujuy” y sostuvo que la intervención es “insustentable desde lo jurídico y desde lo político”. “Está en juego el Estado de Derecho de una provincia que se acogió a los parámetros legales”, afirmó, y aprovechó para advertir que Sala “extorsionó, apretó y construyó un poder paralelo cuando gobernó (Eduardo) Fellner”.
El bloque del Frente de Todos no se encolumnó detrás del proyecto de Snopek, sino que dejó transcurrir la reunión y resolvió no firmar dictamen. La propia Sacnun reconoció que no tiene posición tomada sobre el tema. “Lo que se abre es una discusión en la que debemos llevar luz en torno a los hechos”, se limitó a decir, y en el mismo sentido se expresó su par Anabel Fernández Sagasti.
“Todos sabemos de los difíciles problemas que tiene la Justicia nacional, pero la situación en Jujuy es muchísimo más grave: el gobernador tiene la suma del poder público”, lanzó Snopek, quien consideró que es necesario “restablecer la independencia y el equilibrio de los poderes a través de una intervención quirúrgica y limitada del Poder Judicial”.
El senador recordó que “desde 2015 a la fecha se fueron acumulando hechos de inusitada gravedad”. “Fue difícil presentar este proyecto, pero ha sido un último recurso. Los actores políticos de Jujuy no han corregido estas transgresiones a las normas y a las instituciones jujeñas”, argumentó.
En primer lugar, el legislador mencionó el aumento del número de miembros del Superior Tribunal de Justicia de cinco a nueve, en 2015. Recordó que “los cuatro nuevos cargos los cubrieron con militantes del partido oficialista” que prestaron juramento “horas después” de votar la ley. El objetivo, denunció, fue generar una “mayoría automática”.
“No se puede tener un país con 44.000.000 de argentinos y una Corte de cinco miembros, y un Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, que tiene 770.000 habitantes, con nueve miembros. En términos republicanos, esto es un verdadero escándalo”, alertó Snopek.
El segundo hecho mencionado por el senador fue la creación del Ministerio Público de la Acusación, un “órgano para-constitucional” donde se colocó “a un hombre de confianza del gobierno (Sergio Lello Sánchez) consiguiendo el manejo de las causas penales y de los fiscales”.
Por esta razón, Snopek habló de un “direccionamiento de la Justicia con fines políticos”, y en ese sentido señaló que “se les arman causas penales a los legisladores de la oposición o a todo aquel que disienta”, y asimismo “se viola el principio del juez natural y el debido proceso mediante arbitrariedades en los concursos”.
El legislador también se refirió a las audios filtrados del juez de la Corte jujeña Pablo Baca, donde entre otras cosas dijo que el nuevo Ministerio Público de la Acusación es “una ley hecha a la medida del Gobierno”, y donde además “reconoce que cajoneaba las denuncias” contra Lello Sánchez “por considerarlo uno de los suyos”.
Según Snopek, Baca “también manifestó que en Jujuy hay detenidos que no pueden ser liberados para no volver al caos de tránsito y las marchas”.
En este contexto, opinó que “hay que normalizar el sistema de Justicia” porque ocurren “hechos gravísimos” en materia delictiva en la provincia. “Terminemos con la Justicia hecha a medida del gobierno y tengamos una Justicia a medida de la sociedad”, dijo el autor del proyecto, y concluyó: “Para restablecer la independencia de poderes es necesaria la intervención del Congreso Nacional”.
La senadora de la UCR propuso el rechazo “in limine” del proyecto y consideró que la intervención del Poder Judicial jujeño “es un remedio drástico y excepcional puede comprometer la autonomía provincial”.
“El proyecto propone revisar las leyes fundado solo en la disconformidad con las leyes que un Estado autónomo ha dictado en una Legislatura dentro de lo que establece la Carta Magna y la Constitución de nuestra provincia”, dijo, y añadió que “el Congreso Nacional no tiene facultades para revisar las leyes provinciales”.
Para Giacoppo, la iniciativa de Snopek contiene “meros cuestionamientos políticos y no constitucionales”, “diagnósticos superficiales, interesados y subjetivos”, “afirmaciones imprecisas” y “carentes de detalles”.
Ante la crítica de Snopek sobre la afinidad partidaria de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, admitió que “todos tienen pertenencia política, como lo tienen todas las Cortes de nuestra República Argentina”, y ese sentido nombró uno a uno a los jueces jujeños y su “legítima” pertenencia política.
A modo de ejemplo, recordó que Clara Langhe de Falcone, quien fue presidenta del Superior Tribunal de Justicia pero luego dio un paso al costado, “fue designada por el entonces gobernador de Jujuy, el exsenador (Walter) Barrionuevo” a pesar del rechazo de la UCR.
Por otra parte, la radical denunció que Baca “sufrió una operación de Inteligencia” ya que “fue grabado en la intimidad” y “está probado con la pericia técnica que los audios se grabaron durante dos años y están totalmente adulterados”. Además, recordó que el juicio político contra Baca está iniciado en la Legislatura local.
“Corramos el velo de esto, que es una pantalla. Acá se persigue una sola cosa: la libertad de Milagro Angélica Sala”, sentenció, y explicó que la dirigente tiene “cuatro condenas, dos de ellas ratificadas por la Corte, y que fueron en alzada a Casación, al Superior Tribunal, y los supuestos jueces radicales se excusaron en absolutamente todas las causas donde Sala tuvo participación”.
Giacoppo observó que “la única forma de que Milagro Sala es por un indulto”, que ya fue descartado por Morales, “o tiene la instancia de llevar esto a la Corte, si consideran que la Justicia jujeña actuó como se dice”. Por último, denunció que la dirigente es “una presa privilegiada porque está con prisión domiciliaria cuando tendría que estar en cárcel común”.
