A través de otro decreto, el Gobierno asignó más facultades al jefe de Gabinete y dictó medidas para las jurisdicciones sobre el acceso a bienes y servicios.
El Gobierno nacional publicó este miércoles el DNU 287/20, por medio del cual modificó otro DNU, el 260/20, publicado el jueves pasado y que establece la ampliación por uño de la emergencia pública en materia sanitaria en relación al coronavirus.
A través de este nuevo decreto, se autoriza al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a "asignar funciones a la dotación de una jurisdicción" u organismos descentralizados y/o sociedades del Estado, "de manera provisoria, en el ámbito de otra, cuando así resulte necesario, para la efectiva atención de la emergencia sanitaria y la aplicación y control del presente decreto y su normativa complementaria".
Asimismo, las provincias o los organismos "podrán coordinar acciones para asignar funciones a la dotación de una jurisdicción u organismo de manera provisoria, en el ámbito de otra, y firmar convenios de colaboración con las universidades públicas nacionales".
También "estarán facultados para efectuar la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a sus regímenes de contrataciones específicos. En todos los casos deberá procederse a su publicación posterior en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones y en el Boletín Oficial".
"El Jefe de Gabinete de Ministros establecerá los principios y pautas que regirán el procedimiento de contrataciones de bienes y servicios en el contexto de la emergencia decretada", agrega la medida.
Además, en el DNU se elimina por el plazo que dura la emergencia un párrafo del artículo 1 de la Ley de Abastecimiento, que hace referencia a que dicha norma "comprende todos los procesos económicos relativos a dichos bienes, prestaciones y servicios y toda otra etapa de la actividad económica vinculada directamente o indirectamente a los mismos".
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo argumentó sobre esto que "resulta necesario" suspenderlo "a fin de que la norma se aplique a todos los procesos económicos incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs)".