La diputada nacional Alma “Chani” Sapag (Movimiento Popular Neuquino) señaló que “más allá de la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país, en consonancia con la del planeta casi en su totalidad” por la pandemia del coronavirus, las provincias hidrocarburíferas “sufrirán además la debacle del precio internacional del petróleo”. “En Neuquén están en riesgo unas 30 mil familias y 700 pymes”, alertó.

En ese sentido, propuso que, hasta tanto se regularice el mercado internacional de petróleo, el Gobierno establezca “un precio sostén del barril de petróleo nacional en 54 dólares” –propuesta similar a la impulsada por Alberto Weretilneck– y defina “un esquema variable de los derechos de exportación en función del precio internacional, en donde la alícuota tienda a 0 para las provincias exportadoras de petróleo”.

Asimismo pidió “la liberación de las exportaciones para el excedente por sobre las necesidades del mercado interno; el mantenimiento de los precios de los combustibles en surtidor vigentes al 1° de marzo de 2020; y la elaboración de manera conjunta Nación-Provincias de un marco normativo que brinde previsibilidad a las inversiones en el sector, dotando a la actividad hidrocarburífera nacional de competitividad y sustentabilidad”.

La legisladora transmitió sus propuestas en notas enviadas al secretario de Energía, Sergio Lanziani; al ministro de Producción, Matías Kulfas; al presidente de YPF, Guillermo Nielsen, y miembros del directorio; a los presidentes de bloques de Diputados y el Senado; a los presidentes de las comisiones de Energía de ambas Cámaras y a legisladores representantes de provincias hidrocarburíferas.

Asimismo, presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo que adopte las medidas señaladas con carácter urgente. “Creo necesario que quienes ejercemos la representación del pueblo de nuestras provincias coordinemos nuestro accionar con las autoridades nacionales, a fin de evitar perjuicios muy significativos para nuestra ciudadanía y para la Nación en su conjunto en lo relativo a su seguridad energética”, expresó.

Recordó que el sector actualmente atraviesa “las consecuencias de decisiones políticas (DNU 566/19, retenciones y congelamiento de precios) que han llevado a la actividad de producción a su cuasi paralización con parte de su personal suspendido y las inversiones ralentizadas”.

“A ello se suma la pandemia del coronavirus y la disputa entre Arabia Saudita y Rusia que han llevado el barril del crudo a 26 dólares para el Brent, que es nuestra referencia”, continuó y explicó que “a estos valores la pérdida de recursos de las provincias productoras alcanza los 3.800.000.000 pesos mensuales, monto que si se anualizara significaría dos meses de sueldos de los agentes provinciales, cifra esta que se incrementaría aún más por una baja en la recaudación a raíz de la menor actividad económica causada por la pandemia”.

Sapag resaltó que a esta situación se le suma que “nuestras provincias ven penalizados sus índices de coparticipación por motivo de la percepción de regalías hidrocarburíferas y, teniendo en cuenta que seguramente la recaudación de impuestos coparticipables se verá reducida, la merma en los recursos provendrá por las dos vías y las consecuencias económicas, y sobre todo sociales, que ello acarreará serán muy graves en nuestras jurisdicciones y nefastas para el resto del país si el abastecimiento energético es puesto en peligro”. “Nuestros yacimientos y formaciones no soportarían esos bajos precios y, por otra parte, el país carece de las divisas para importar gas y petróleo”, señaló.

Para la diputada, “no prestar la debida atención a este problema ocasionará la pérdida de puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos en el sector hidriocarburíferos; tan solo en Neuquén están en riesgo unas 30 mil familias y 700 PyMEs”.