Con la intención de atender a las necesidades de aquellas personas que tienen algún tipo de limitación, el diputado Claudio Romero (VJ) junto a otros diputados oficialistas impulsaron un proyecto de ley mediante el cual buscarán regular la actividad de los Asistentes Personales para la Vida Independiente (APVI).

La iniciativa busca “garantizar que aquellas personas con limitaciones funcionales, temporales o permanentes puedan realizar sus actividades a través del ejercicio de su autonomía y la satisfacción de las necesidades básicas de la vida cotidiana; tanto en el domicilio como en instituciones públicas, privadas y establecimientos asistenciales” y prevé crear un Registro Único y Obligatorio de Asistentes Personales para la Vida Independiente, el cual será público y gratuito y expedirá el certificado habilitante para del desempeño de dicha función en el ámbito de la Ciudad.

Para poder ser incluidos en dicho registro, las personas deberán ser mayores de 18 años, no poseer inhabilidades civiles y/o penales, y poseer certificado aprobado del curso habilitante dictado por la entidad previamente acreditada ante autoridad de aplicación.  Mientras que los destinatarios de los APVI son los pacientes crónicos, en estado terminal, con dependencia de tecnología, menores de edad sin grupo familiar continente, con afectación temporal de sus capacidades y adultos mayores de 60 años.

En los fundamentos de la medida –que también lleva  la firma de Héctor Apreda y Paola Michielotto (VJ)-, los diputados explicaron que “desde el Gobierno de la CABA y en materia legislativa, se han implementado diversas y eficaces políticas públicas para la plena inclusión de aquellas personas con discapacidades tanto permanentes como transitorias y tanto para las que residen en la ciudad, como para aquellas que pasan día a día por la misma”.

Al mismo tiempo que explicaron que “se trata de una propuesta que implica dos impactos positivos: por un lado se crea una oferta de personas capacitadas para atender, como es de público conocimiento, una alta demanda de la comunidad y, por otro lado, se abre una posibilidad de salida laboral para los asistentes, con la ventaja de formar parte de un registro unificado desde el cual ofrecer los servicios, siendo el Estado de la ciudad el garante de la capacitación a los fines necesarios”.

“Sabemos que los servicios de cuidadores para este tipo de personas es requerido diariamente por familias que se encuentran ante la necesidad de una asistencia formal en materia de cuidados y acompañamiento a aquéllas para que puedan desarrollar su vida diaria sin obstáculos y, por ende, hacer valer sus derechos como ciudadanos”, precisaron y sentenciaron que “es menester que la asistencia brindada sea en el marco de los saberes necesarios para desarrollar la tarea, evitando manejos erróneos que puedan implicar un detrimento de la salud y la calidad de vida del asistido”.