La iniciativa sugiere establecer la eliminación de un artículo de la ley que obliga a los empleadores a actuar como agentes de retención de esos importes.
Los diputados nacionales Jimena Latorre, Alfredo Cornejo y Federico Zamarbide (UCR – Mendoza) presentaron un proyecto de ley para eximir a los trabajadores del aporte solidario sindical por un período de 180 días, y la colocación de un tope a dichos aportes. El mismo proyecto fue presentado por la senadora Pamela Verasay en la Cámara alta.
Los legisladores destacaron en sus fundamentos que “resulta imprescindible incrementar aquellos esfuerzos colectivos e intersectoriales en coherencia con las medidas tanto sanitarias como económicas que se toman en el marco de una situación de excepción y ello requiere reducir todas aquellas obligaciones que no sean imprescindibles y hagan aún más gravosa e insostenible la finalidad de preservar los puestos de trabajo y la integridad de las remuneraciones”.
En el proyecto de ley, los legisladores establecen la eliminación del artículo 38 de la Ley N° 23.551 de las Asociaciones Sindicales, que establece que los empleadores están obligados a actuar como agente de retención de los importes que los trabajadores destinan a los gremios.
Por otro lado, solicitan poner un tope al aporte solidario que realizan mensualmente los trabajadores. “El aporte solidario será de una cuota anual y no podrá superar el medio punto porcentual (0,5%) del salario bruto del trabajador del mes en el que se deba cumplir con dicha obligación”, afirma el proyecto.
Cabe destacar que actualmente, el aporte que hacen los empleados de comercio, por ejemplo, es del 2,5% del salario bruto mensual y, en el caso de los camioneros, el aporte que realizan los empleados escala al 3% sobre el total de las remuneraciones que perciben sus afiliados.
Por este motivo, resaltaron que “aplicando los mismos criterios que llevaron al Poder Ejecutivo a reducir y/o suspender aportes y contribuciones en algunas actividades afectadas por la emergencia sanitaria, con el consecuente impacto fiscal, entendemos necesario y oportuno extender aquel esfuerzo a quienes representan los derechos de los trabajadores afiliados, como son los sindicatos con personería gremial. Esto en el razonamiento de que la emergencia impone como elemental prioridad conservar los puestos de trabajos de aquellos mismos trabajadores”.
La presentación de dicho proyecto se da en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa el país por la pandemia del Covid-19, y el consecuente aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por decreto del Poder Ejecutivo Nacional.
