Por José Angel Di Mauro

Con la crudeza que lo caracteriza, Eduardo Duhalde calificó de “una vergüenza” que el Congreso no esté funcionando. El exmandatario suele comparar toda situación crítica con la que le tocó pilotear y no dudó en recordar que cuando la crisis de 2001/2002, el Congreso no dejó de funcionar, sino todo lo contrario.

Habrá que admitir que las circunstancias no son las mismas, pero la crisis de entonces no era menor. Y por esos días, con un gobierno que acababa de ser eyectado del poder y su partido dispuesto a colaborar con los que se hacían cargo, una administración emergida precisamente desde el Congreso de la Nación -Duhalde había sido elegido formalmente en su condición de senador nacional-, bien podría haber echado mano ese Gobierno a los DNU para tomar las medidas que la emergencia demandaba. No hubiera habido un número de legisladores importante que lo resistiera; pero el Congreso siguió funcionando a pleno y todas las leyes -algunas con gran dificultad- pasaron por el tamiz legislativo.

“No puedo entender por qué no funciona el Parlamento”, insistió Eduardo Duhalde y habrá que darle entonces el crédito que la autoridad que acabamos de graficar le corresponde. Porque en efecto, no hay razón que justifique que el Congreso haya cerrado sus puertas.

Que en tiempos en que la tecnología es capaz de mantener al mundo comunicado cualquiera sea la distancia de los interlocutores, no se encuentre la manera de hacer que un cuerpo legislativo pueda estar funcionando, no tiene demasiada explicación.

Desde el Parlamento se ha tratado de emitir señales que exhibieran a sus miembros activos y preocupados por demostrarlo, pero claramente esas acciones han sido insuficientes. Arrancaron con una suerte de reunión de labor parlamentaria en la que se dieron cita los presidentes de bloques, convocados por el titular de la Cámara de Diputados, pero ya la siguiente reunión no fue televisada. Lo cual es un dato menor; no pasa por mostrar el trabajo legislativo, sino que el mismo se lleve adelante; y las reuniones de labor parlamentaria son siempre a puertas cerradas. Claro que esas reuniones preceden a las sesiones, y eso es algo que de momento está lejos de poder llegar a concretarse en el Congreso argentino.

Las comisiones de ambas cámaras deberían seguir reuniéndose, pero ya no solamente para escuchar las voces de los funcionarios, sino para la tarea que les corresponde.

Después fue el turno de reuniones de comisión de las que tomaron parte ministros nacionales. Siempre son bienvenidas las exposiciones de funcionarios ante los legisladores y el sistema de videoconferencia parece ser un buen mecanismo. Y de hecho, fue en una de esas reuniones donde uno de esos ministros -Ginés González- anticipó un decreto de necesidad y urgencia que levantó reacciones de inmediato y terminó siendo frenado: el que declaraba de interés público a todos los recursos sanitarios.

Las comisiones de ambas cámaras deberían seguir reuniéndose, pero ya no solamente para escuchar las voces de los funcionarios, sino para la tarea que les corresponde. En un activo verano, el Poder Ejecutivo anunció numerosas iniciativas, aunque no todas alcanzaron a llegar al recinto. Quedaron pendientes y ahora pareciera que de manera indefinida. Deben pasar por las respectivas comisiones, donde habrá que implementar el sistema de firma digital que habilite esos proyectos para cuando puedan llegar a ser debatidos.

Hay también un mandato constitucional que establece la obligatoriedad de que el jefe de Gabinete se presente de mensualmente de manera alternativa en cada una de las cámaras. No hay razón para que esa rutina no se cumpla: las preguntas deben ser enviadas por escrito por todos los legisladores y respondidas por la misma vía por el jefe de Gabinete, pero éste también debe presentarse ante los legisladores y el esquema de videoconferencia parece ser suficiente para cumplir ese mandato. De hecho, desde la oposición ya hubo reclamos en ese sentido y bien podría organizarse tal actividad sin mayores inconvenientes técnicos. El jefe de Gabinete podría exponer ante diputados y senadores, y estos a su vez hacerle las preguntas correspondientes en una sesión fácil de organizar y que bien podría ser la prueba piloto para sesiones especiales donde sí se vaya a votar.

“El Poder Ejecutivo tiene la facultad de legislar en materias excepcionales y esta es una situación excepcional”, reconoció Luis Naidenoff.

Mientras tanto, el Gobierno emite decenas de DNU. Práctica que fue avalada por el propio jefe del principal bloque opositor del Senado, Luis Naidenoff, quien sin ningún empacho estimó que “es la primera vez en muchos años que realmente se están utilizando los decretos de necesidad y urgencia en un extremo de emergencia real y palpable”.

“El Poder Ejecutivo tiene la facultad de legislar en materias excepcionales y esta es una situación excepcional”, reconoció el formoseño. Pero eso no debe llevar a que se olviden las reglamentaciones, por más emergencia que haya. Máxime cuando la Constitución lo establece.

En efecto, en el artículo 99 de la Carta Magna, donde se habla de las atribuciones del Poder Ejecutivo, se refiere la posibilidad de firmar decretos “por razones de necesidad y urgencia”. Pero establece que “el jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente”. No por nada esa comisión es la única autorizada a reunirse durante el verano, y es por eso que la Coalición Cívica reclamó el viernes pasado su “urgente convocatoria”, atento a que la misma se constituyó en diciembre del año pasado y todavía no se reunió este año.

“Entendiendo que la emergencia actual exige nuestros mayores esfuerzos, la comisión a su cargo debe encontrar la forma de continuar funcionando aun en este estado de excepción y atendiendo a la gran cantidad de decretos de necesidad y urgencia dictados, en tanto el normal desenvolvimiento del Congreso es fundamental para garantizar la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho”, expresó el bloque de diputados de la Coalición Cívica a través de una carta enviada al titular de esa bicameral, el diputado camporista Marcos Cleri.

En el mismo sentido se expresó este lunes el senador nacional del radicalismo Julio Cobos, que estimó que, en la necesidad de que el Congreso funcione, los legisladores puedan reunirse “con el uso de las nuevas tecnologías, tal como ya lo hizo la Legislatura de Mendoza”. Y apuntó puntualmente al tema de los decretos al señalar que “la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo debe tratar los DNU del presidente, y además necesitamos que se constituya la Comisión de Salud del Senado y que se involucre en forma activa en el proceso que se lleva a cabo”.

“Entendemos que es difícil sesionar en forma presencial por la distancia y la logística que implica, pero el Congreso debe funcionar”, concluyó.

Por el contrario, el debate sobre si el Parlamento puede -y/o debe- estar en funciones fue reemplazado por una inocua polémica en torno a una eventual rebaja de sueldos de los legisladores. Juntos por el Cambio tomó la posta sugiriendo un traslado del 30% de los haberes de los miembros jerárquicos de los tres poderes a instituciones de salud, y el siempre hábil Sergio Massa redobló la apuesta, llevando el ajuste al 40%, aunque circunscripto a la Cámara que él preside. Pero al esbozar su propuesta, incluyó en principio la posibilidad de suspender por cinco meses el pago a los asesores de los legisladores, lo que podía interpretarse como la certeza de que los diputados no van a analizar leyes por casi lo que resta del período ordinario.

La propuesta -que no encontró eco en el Poder Ejecutivo, cuyo extremo de la pirámide ya se pronunció de manera crítica sobre ese tipo de recortes- siempre fue reconocida como una cuestión simbólica. Lo cual refuerza la sensación de que se trató de fuegos de artificio de quienes cumplen en esta crisis un papel de espectadores. Debieran revertir esa condición y tomar el protagonismo que les corresponde.

Mientras son cada vez más las legislaturas provinciales que han encontrado la manera de sesionar en esta particular coyuntura, la pregunta quehay que hacerse remite al planteo inicial que hacía el citado Eduardo Duhalde: ¿Por qué el Congreso no funciona? El propio expresidente sugirió que se reúna en el Teatro Colón, con la distancia suficiente entre sus miembros, pero que lo haga.

El Palacio Legislativo es el lugar adecuado y que corresponde. Bien podría hacerlo con una presencia menguada, que garantice el quórum y sus miembros sentados a distancia prudencial entre sí. Cumplir su tarea tal cual lo hacen quienes se reúnen asiduamente en Olivos, o los que desempeñan tareas “esenciales” cualquiera sea la rama que corresponda.

Con temas consensuados, o bien sin excluir aquellos que puedan generar discordia. O incluso con legisladores que aporten su presencia de manera virtual, pero que puedan votar. Con la composición del Frente de Todos que absorbió a todos los bloques que lo integran, se redujo sustancialmente la cantidad de jefes de bloques, y con ello la extensión de las eventuales sesiones, en las que podrían dejarse de lado homenajes o cuestiones de privilegio.

En lugar de aportar parte de sus sueldos al sistema de salud, diputados y senadores podrían destinarlos a pagar su estadía en Buenos Aires, pues es allí donde deben cumplir sus funciones. Y si no pueden regresar a sus provincias porque entonces deberían cumplir cuarentena… aguantársela, pues para eso han sido elegidos.

Lo que no puede ni debe permitirse el Congreso es no funcionar. Solo falta que haya voluntad para abrir sus puertas. Tal vez eso debería ser lo que las cacerolas tendrían que reclamar, y no gestos inocuos.