La diputada nacional de Juntos por el Cambio Carla Piccolomini presentó un pedido de informes al Ejecutivo por el decreto que salió el domingo sobre la habilitación de la utilización del papel, en reemplazo de los expedientes electrónicos en la administración pública nacional. 

En los argumentos del proyecto presentado, la legisladora señaló que el sistema de Expediente Electrónico y Firma Digital implementado por la gestión de Mauricio Macri fue, “uno de los grandes éxitos en materia de digitalización de documentos dentro de la órbita del Estado nacional. Sus ventajas son múltiples, pero solo para mencionar algunas, hay que destacar que fue una política a favor de la transparencia, que ahorró dinero público y tiempo a todos los ciudadanos”. 

En este sentido, indicó que más de 2.100 trámites del Estado que antes eran únicamente presenciales, hoy se pueden realizar a distancia gracias a lo mencionado anteriormente. Para esto, además, se capacitaron a más de 200.000 personas de la Administración Pública Nacional. “Se trató de un avance inédito en la historia de nuestro país, que hoy corre peligro con la reciente publicación del Decreto 338/2020”, consideró. 

“El mismo, no solo atenta contra un principio inalterable que debe regir en los trámites dentro del Estado como lo es la transparencia, sino también que deja muchas incógnitas a resolver”, advirtió la legisladora, quien agregó que por esto presentó el pedido de informes: “Para que sea el propio Poder Ejecutivo Nacional el encargado de disiparlas. Algunas de ellas tienen que ver con los parámetros establecidos para la implementación de la norma en cuestión, mientras que otras apuntan a cómo garantizar nuevamente la transparencia, un valor que sí estaba contemplado con la digitalización”. 

“Tampoco queda claro sí se trata de una normativa en el marco de la Emergencia Sanitaria por el Covid 19 o de una política de Estado que perdurará durante toda la gestión de gobierno, debido a la inconsistencia denuncia del presidente de la Nación sobre las ‘recurrentes fallas’ de ‘un mal sistema informático’”, manifestó. 

Finalmente, Piccolomini consideró que la implementación del Decreto 338/2020 “es un regreso a las prácticas del pasado donde se permitía antedatar o postdatar los actos administrativos en el Estado. Desterrar de esta manera, vía un decreto, un éxito de la gestión preopinante no hace otra cosa que apelar a la vieja política de borrar todo lo que realizó otro gobierno –independientemente de que sea un éxito o un fracaso– por solo tratarse de una gestión de distinto color político. Quitarles transparencia a los actos administrativos del Estado no es el camino para ir hacia un Estado moderno, eficiente y al servicio de los ciudadanos”. 

Al respecto, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia Vilma Ibarra señaló que la firma de decretos en papel “se habilita solo para casos en que falla el sistema de Gestión de Documentos Oficiales durante más de una hora”, y que la medida “exige la publicación en Boletín Oficial y el registro en Libro de Actas rubricado”.