Buscan modificar el Código provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, con el objetivo de darles mayor poder a los municipios.
El proyecto de ley presenta la particularidad de haber sido presentado en ambas Cámaras y por un senador oficialista y un diputado opositor.
Pues la iniciativa fue rubricada por el senador del Frente de Todos, Francisco Durañona, y el diputado de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetzky.
Allí, se proponen modificar una serie de artículos del Código provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, con el objetivo de darles mayor poder a los municipios en las tareas de control y sanción.
La iniciatiativa plantea entre otras cuestiones elevar el límite de las multas desde los $500.000 actuales hasta $10 millones.
“Es necesario empoderar a los municipios porque son el ámbito más cercano a la ciudadanía”, explicó el senador del FdT Paco Durañona.
En relación a la iniciativa, Lipovetzky explicó que “es necesario parar con los aumentos de precios abusivos en forma urgente”, añadiendo que se trata de “un deber de todos, sin diferencias partidarias ni especulaciones de ningún tipo”.
Específicamente, el proyecto de ley propone reformar la ley provincial 13.133 o Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.
La iniciativa incorpora al cuerpo de la ley el artículo 1° bis, que tendría la siguiente redacción: “Las disposiciones de la presente ley serán aplicables, en cuanto sea pertinente, a las infracciones enmarcadas en la ley nacional 20.680, de abastecimiento, facultándose a los municipios a la inspección, juzgamiento y sanción de las mismas”.
La intención de esta modificación, según explicó Durañona, es “poner a la provincia y a los municipios a trabajar en el sentido que indicó el Presidente de la Nación, Alberto Fernández”.
“Se trata de colaborar en el control de los precios máximos y también resolver de fondo, de manera práctica, concreta y operativa la aplicación de la Ley de Abastecimiento, aprovechando estructuras vigentes en cada una de los municipios de nuestra provincia”, agregó el ex intendente de San Antonio de Areco.
En esa dirección, el diputado opositor evaluó que “la ley provincial actual no es clara respecto a que la violación de los precios máximos configure una falta grave en perjuicio del consumidor”, razón por la cual “con este proyecto aclaramos la normativa, lo que es muy importante para que los intendentes controlen y protejan a la gente contra los abusos”.
Se destaca también la importancia de actualizar los montos de las multas contemplados en el artículo 73° de la normativa, aumentándolas desde los límites entre $100 y $500.000 que tienen actualmente hasta un rango que vaya desde los $10.000 a los $ 10 millones.
Finalmente, se establece la necesidad de cambiar el artículo 77° de la ley 13.1333, que es aquel en el que se especifican las cuestiones que serán tenidas en cuenta al momento de implementar las aplicación y graduación de las sanciones previstas.
Sobre el particular, el proyecto incorpora el inciso i), que adoptaría la siguiente forma: “En el contexto de situaciones de emergencia declarada por autoridad competente, la infracción a los regímenes de protección de los consumidores y de abastecimiento, en particular lo relativo a los acuerdos de precios y la violación de precios máximos que pudieran determinarse para situaciones de excepción, se considerarán faltas graves”.
