La diputada nacional Graciela Ocaña advirtió que el Gobierno pagó 270 millones de pesos por demás en la compra de bienes para atender la emergencia provocada por la pandemia del Coronavirus.

En ese sentido, Ocaña advirtió que “ya sea por incompetencia o por los retornos que podrían explicar estos absurdos procesos de compra, el Gobierno actual demuestra tener un manejo dudoso de los procesos administrativos y más preocupante es que esto pase en medio de una pandemia global dejando en ridículo al presidente Fernández”.

La legisladora nacional señaló que “el Gobierno por un lado establece una política de control de precios en los mercados de cercanía, mientras que por el otro, tiene un ministro de Desarrollo Social que compra productos básicos destinados a comedores y merenderos pagando sobreprecios”.

A través de un pedido de informes al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, Ocaña dijo que “el Estado abonó más de 270 millones de pesos que podría haberse ahorrado, en un contexto en el que ese dinero resulta vital para adquirir otros insumos críticos que precisa el sistema sanitario, como es el caso, por ejemplo, de los reactivos”.

“Si sumamos el total de las 7 licitaciones, llegamos a la suma de $737.548.400. Si el ministro Arroyo hubiese exigido a los proveedores que le ofertaran precios enmarcados dentro del acuerdo de Precios Cuidados, se hubiera ahorrado un total de $276.338.400”, indicó en la presentación.

La diputada alertó que “el propio Estado aconseja a la ciudadanía que denuncie el abuso de precios, pero cuando debe realizar compras con el dinero de todos los argentinos permite estos abusos” y agregó que “resulta extraño que el mismo Estado compre a valores significativamente más altos, teniendo una capacidad de compra mayor que cualquier ciudadano”.

Al respecto, apuntó que “esta situación nos hace concluir que si el propio Estado no puede hacer valer sus precios máximos, los ciudadanos comunes están en una situación de completa indefensión y vulnerabilidad”.

En el escrito, la legisladora nacional de Juntos por el Cambio indica que entre las empresas que resultaron adjudicatarias, se encuentran casos llamativos de contratación como es el caso “de la empresa Forain S.A., ya que la misma figura inscripta en la categoría de ‘Actividades de servicios administrativos y de apoyo’ teniendo como actividad principal el ‘Servicio de limpieza general de edificios”.

Ocaña agregó también que “llama la atención cómo esta empresa pueda ser proveedora del Estado en esta crisis sanitaria y social, porque nada tiene que ver su actividad con la solicitada en los procesos de compra por parte del Ministerio de Desarrollo Social”.

Asimismo, sostuvo en la presentación que “hemos verificado que la empresa Sol Ganadera S.R.L., registra impagos sus aportes patronales como empleador. Resulta incomprensible que una entidad que incumple con sus obligaciones con el propio Estado pueda ser favorecida en este caso”.

Además expresó que “hemos verificado que los precios que se pagaron están hasta un 37 por ciento por encima de los incluidos en Precios Cuidados y son más altos que los de las primeras marcas de cada categoría”.

En tanto, añadió a modo de ejemplo que “el kilo de azúcar marca “La muñeca” se ha comprado a 75 pesos cuando el precio máximo fijado es de 56 pesos de la marca “Chango” o “Domino”, existiendo en el mercado precios aún más bajos que el precio máximo como el azúcar marca “Dominó” a 50 pesos”.