El bloque de diputados de la Coalición Cívica ARI instó este miércoles al Poder Ejecutivo a que aplique la herramienta creada por el DNU de Extinción de Dominio y el decomiso previsto en el Código Penal, para destinar todos los bienes y el dinero obtenidos por delitos de corrupción y narcotráfico al combate de la pandemia del Covid-19.

“El Estado es quien debe formular las políticas públicas necesarias para controlar esta situación, y para ello es necesario maximizar el uso eficiente de los recursos escasos, por lo que proponemos que se empiece por un tema fundamental: hay que recuperar lo robado”, subraya la Coalición Cívica en los fundamentos del proyecto de resolución presentado.

Los diputados advirtieron que “la corrupción es un delito que rara vez es condenado en nuestro país y la pandemia del coronavirus pone de manifiesto las falencias del sistema sanitario nacional”.

En ese contexto, el bloque propuso que el Ejecutivo aplique el DNU 62/19 y su Anexo, que “regulan la acción civil de extinción de dominio y su régimen procesal”, y “los artículos 23, párrafo 7 y 305 del Código Penal, que regulan las facultades judiciales de decomiso anticipado y decomiso definitivo de bienes, respectivamente, con la participación de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, dependiente de la Procuración General de la Nación”.

“Debemos recuperar lo robado porque corresponde que vuelvan al Estado la totalidad de los fondos que fueron sustraídos para fortalecer la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud y quienes perpetraron maniobras contra las arcas públicas deben rendir cuentas ante la Justicia por sus acciones”, indica el proyecto.

Los legisladores aportaron datos: “Como resultado de las tareas de asistencia técnica y colaboración en el período 2015-2018, teniendo en cuenta las más de 150 causas en las que la Dirección General de Recupero de Activos y Bienes Decomisados ha intervenido durante ese período, se lograron inmovilizar en forma efectiva mediante distintas medidas cautelares más de 95 mil millones de pesos, 719 inmuebles, 1.866 vehículos, 21 embarcaciones y se dictaron 242 inhibiciones general de bienes”.

Por ejemplo, detallaron que “con el dinero contenido en los bolsos que el exsecretario de Obras Públicas José López intentó esconder en un convento en 2016, y cuyo origen aún no ha podido demostrar, se podrían adquirir 743 respiradores o 16 tomógrafos para equipar los hospitales”.

Y agregaron que “la causa de fraude a la AFIP en la que estuvo involucrado el exempresario Cristóbal López significaría hoy para el Gobierno 258.219.844 dólares con los que podrían construir  55 hospitales o comprar más de 21 mil respiradores; así como también con el desvío de fondos de los ‘Pibes Villeros’ de Milagro Sala, que suma 9.621.212 de dólares, podrían adquirir 794 respiradores o  sumar 85 ambulancias de alta complejidad; y con el embargo a la vicepresidenta Cristina Fernández por asociación ilícita, que sumaría 151.515.152 de dólares, el Gobierno podría adquirir 253 tomógrafos o 12.500 respiradores para afrontar la crisis por el coronavirus además de cubrir jubilaciones mínimas y canastas básicas”.