Diputados del Interbloque de Juntos por el Cambio solicitaron este jueves a través de un pedido informe a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, que detalle el uso del ciberpatrullaje para la medición del “humor social” en el contexto de pandemia por el Covid-19. Esto surge de las propias declaraciones de la ministra durante la presentación que hizo el pasado martes en la reunión virtual que mantuvo con diputados nacionales.

“Es necesario conocer la normativa y acto administrativo que reglamenta esta ‘vigilancia y el patrullaje cibernético del humor social’”, destacaron los diputados en el proyecto, como así también solicitaron “detallar si la normativa adoptada ha sido elaborada tomando en consideración los principios y derechos consagrados en el marco jurídico nacional vigente sobre libertad de expresión”.

El pedido surge de las autoridades de la oposición de las Comisiones de Comunicación e Informática, diputada Karina Banfi; Libertad de Expresión, diputado Waldo Wolff; Asuntos Constitucionales, diputado Gustavo Menna; y Seguridad, diputado Álvaro de Lamadrid.

“Esto adquiere mayor gravedad aún si se considera que el reciente DNU 214/2020 modificó la Ley de Inteligencia quitando la fiscalización judicial de tales actividades”, lo cual “da lugar a que se esté llevando a cabo la labor de vigilancia referida por la ministra de Seguridad con intervención de cuentas particulares y sin la correspondiente orden judicial”, señalaron los legisladores.

En función de lo dispuesto por el artículo 100 inciso 11 de la Constitución Nacional (producir informes y explicaciones verbales o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder Ejecutivo) se informe, entre otros aspectos, sobre la “normativa y acto administrativo que reglamente la ‘vigilancia y el patrullaje cibernético del humor social’ de los usuarios de las redes sociales’, a la que hizo referencia la ministra, ‘como actividad que despliega la cartera a su cargo’”.

Solicitan conocer los “recursos humanos afectados a la labor de ‘vigilancia y ciberpatrullaje del humor social’, indicando la identidad de los que la llevan a cabo, y si pertenecen a la planta permanente del Ministerio de Seguridad, si fueron contratados a ese efecto o si pertenecen a algunas de las fuerzas de seguridad federales, así como el lugar físico desde el que se realiza”. Como también adquisición  de equipamientos y recursos técnicos.

Los legisladores consideraron en su fundamentación aspectos legales sobre Libertad de Expresión, Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Vigilancia, Redes Sociales, Tratados Internacionales,  Convención Americana, entre otros.

Asimismo, expresaron que la próxima instancia será solicitar opinión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, ya que “debemos vigilar que no se cercenen los derechos fundamentales de los ciudadanos incluso durante dure esta pandemia”.

Los diputados manifestaron su preocupación en un comunicado en el que consideraron que “auscultar el humor social desde el Estado como así también la opinión pública es una actividad expresamente prohibida por la Ley Nacional de Inteligencia”.