Tal como se había anunciado, la vicepresidenta y titular del Senado promovió una declaración de certeza ante el máximo tribunal.
En momentos donde se analiza la posibilidad de que el Congreso sesione de manera virtual, la vicepresidenta Cristina Kirchner le pidió a la Corte Suprema de Justicia -que se encuentra en feria extraordinaria- que se expida sobre la validez de realizar un debate parlamentario de manera remota.
Tal como había anunciado, la titular del Senado promovió, a través de los abogados Graciana Peñafort y Esteban Lopardo, una acción declarativa de certeza ante el máximo tribunal, en virtud de la intención del oficialismo de sancionar una ley que grave las grandes fortunas para afrontar la pandemia.
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En el texto presentado, Cristina pidió que “en el marco excepcionalísimo” de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, la Corte Suprema “despeje el estado de incertidumbre respecto a la validez legal de sesionar mediante medios virtuales o remotos”.
La vicepresidenta citó el artículo 30 del reglamento de la Cámara alta, que establece que “los senadores constituyen Cámara en la sala de sus sesiones y para los objetos de su mandato, salvo en casos de gravedad institucional”.
“¿Es constitucionalmente posible que, tal como lo establece el artículo 30 del reglamento, la Cámara de Senadores sesione mediante medios digitales debido a la situación de gravedad institucional generada objetivamente por el Covid-19?”, preguntó Cristina en el escrito.
En este sentido, la vicepresidenta se refirió a “la acuciante necesidad de legislar en materia tributaria por las consecuencias económicas que esta pandemia tiene sobre el mundo en general y sobre la Argentina en particular”.
“La situación de crisis económica y social que se desató hace un par de años en nuestro país no ha parado de profundizarse y la pandemia la agravará a límites aún desconocidos”, advirtió, por lo que consideró que “en estas circunstancias, la necesidad de sesionar por parte del Congreso de la Nación es, a todas luces, impostergable”.
En otro pasaje, dijo que a pesar de estar convencida de la validez de una sesión remota -siempre y cuando se respeten las reglas-, existen “maniobras de todo tipo -incluidas las judiciales- tendientes a impedir la aplicación de leyes que afecten intereses de grupos económicos”, que podrían resultar afectados con el proyecto de ley en cuestión.
Tras describir los DNU dictados por el presidente Alberto Fernández y defender su “necesidad” y “urgencia” por la propia imposibilidad del Congreso de reunirse físicamente, recordó que “los senadores se encuentran en su gran mayoría en sus provincias de origen”, por lo que más allá de las “dificultades logísticas” de su traslado a la Ciudad de Buenos Aires, una reunión física significaría “la ruptura de las premisas de distanciamiento social obligatorio”.
“El funcionamiento del Senado de la Nación y de la Cámara de Diputados es imprescindible. Resulta inviable su funcionamiento ordinario, porque ello podría resultar en el compromiso de las vidas de los propios legisladores, del personal legislativo y todo su entorno familiar y comunitario”, insistió Cristina.
Pero a su vez, opinó que “también resulta imposible el ejercicio de competencias legislativas en materia tributaria o penal por parte del Poder Ejecutivo Nacional porque este las tiene expresamente vedadas”.
“Las actuales circunstancias requieren que el Congreso de la Nación ejerza, ineludiblemente, sus facultades exclusivas”, concluyó la titular del Senado.
