El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el diputado José Luis Ramón, le envió una carta al titular del Banco Central, Miguel Pesce, en la que solicita que se modifiquen aspectos del nuevo plan de financiamiento de tarjetas de créditos, con el fin de “proteger a los consumidores de todo el país”.

En la nota, el mendocino sostuvo que “no es aceptable el pago de interés por el mero paso del tiempo que transcurre durante esta pandemia. Mantener esta situación, en el caso de las tarjetas de crédito, así como de cualquier otro contrato (sea los préstamos UVA, prendarios de todo tipo o personales), es tanto injustificable como inmoral”.

“Todos los consumidores, de todos los niveles sociales, están sufriendo un debilitamiento en una gran parte de los aspectos de su vida común, y el tiempo es aquí un aspecto central, que no puede beneficiar a la parte fuerte de la relación, en este caso, el prestamista”, señaló.

El legislador dijo que ve “como un paso correcto, pero gravemente insuficiente, la disminución de las tasas que viene impulsando el BCRA”. “Es necesario dictar un levantamiento directo de estos intereses, ya que no está en manos de la población argentina el acelerar el pago de estos préstamos, motivo por el cual, no puede sufrir por la demora en dicho pago”, consideró.

También cuestionó la “falta de claridad en la tasa de interés” y el período de tres meses de “gracia”. “¿Qué significa esto? Para la mayoría de la población, esto significa que durante tres meses no pagará el préstamo. Grave error que el BCRA no ha tenido en cuenta ni aclarado. Este período de gracia no está exento del pago de interés, que se distribuirá en las demás nueve cuotas. Esto lleva a confusión a toda la población, e incurre en una falta de claridad, común en la operatoria de las financieras más abusivas de nuestro mercado”.

“El BCRA está incurriendo en una violación a un derecho constitucional básico: el de la libertad de elección del consumidor (artículo 42). Si bien estamos en una situación de emergencia, se está imponiendo una solución que deberán pagar los consumidores a un 43% anual. Esto es inaceptable”, continuó.

Ramón enfatizó que “los consumidores tienen derecho a elegir esta opción, u otras, pero no pueden tener que costear una ganancia fija y permanente para todo el sistema bancario. No es esta una situación en donde las ganancias vayan de los débiles a los grandes bancos, todo lo contrario”.

Además, dijo que “se excluye a las tarjetas dirigidas a los sectores de menores ingresos”. “No son los grandes operadores bancarios, las financieras, o los grandes grupos económicos que ofrecen estas tarjetas de crédito, los que tienen que asegurar su ganancia. La prioridad la tienen que tener los consumidores, los trabajadores y los sectores mas vulnerables de nuestro país”, completó.