Los miembros de Juntos por el Cambio de la Comisión de Libertad de Expresión, que preside el macrista Waldo Wolff, repudiaron la resolución N°063-2020, emitida por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz y publicada el pasado 16 de abril, al considerar que “avasalla el derecho a la libertad de expresión”.

“Esta resolución prohíbe a todo el personal del sistema de seguridad pública provincial (Ministerio de Seguridad, Policía Provincial, Agencia de Seguridad Vial, Servicio Penitenciario Provincial, Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral) difundir información pública inclusive en sus perfiles personales”, señalaron los legisladores.

En ese sentido, explicaron que “entre las restricciones que dispone aclara que tampoco se pueden crear perfiles públicos que vulneren la imagen institucional ni publicar en redes sociales acciones propias del desempeño de su actividad profesional”.

Los diputados indicaron que esta resolución “viola los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” sobre libertad de pensamiento y expresión, y “la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, además de otros tratados internacionales”.

Además, recordaron que días atrás la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó que se debía respetar “la prohibición de censura previa y abstenerse de bloquear total o parcialmente sitios de medios de comunicación, plataformas o cuentas particulares en Internet”.

“Es justamente en tiempos de pandemia que es más necesario contar con información ´en formatos abiertos y de manera accesible a todos los grupos en situación de vulnerabilidad´, tal como lo describe la CIDH en su Recomendación N°33”, agregaron.

Finalmente, los legisladores JxC sostuvieron: “A sabiendas de que no puede haber contradicciones entre las recomendaciones de los organismos internacionales y nuestra legislación en materia de Derechos Humanos, consideramos que incidir en el tráfico de la información pública es un ataque al libre acceso y a la circulación de la información, que es la garante del ejercicio democrático”.