Luego del desalojo de un establecimiento en el barrio porteño de Belgrano, la presidenta de la Comisión de Personas Mayores solicitó informes al Poder Ejecutivo.
Tras la evacuación en un geriátrico en la Ciudad de Buenos Aires, donde se registraron 19 casos de coronavirus, la diputada Graciela Ocaña (Pro) pidió informes sobre este tipo de establecimientos en el país, y alertó por la “especial vulnerabilidad de este grupo etario frente al virus” ya que “ocho de cada diez personas fallecidas en nuestro país son mayores de 70 años”.
La presidenta de la Comisión de Personas Mayores presentó una solicitud a través de la cual busca conocer “cuántas residencias hay en el país, diferenciando por jurisdicción y si se trata de establecimientos públicos o privados, así como también cuáles son las autoridades regulatorias de estas residencias en cada provincia y si hay una autoridad nacional que nuclee su control”.
“Está comprobado de la experiencia internacional de países como Italia y España que el 40 por ciento de las muertes en adultos mayores por coronavirus se originan en geriátricos, por eso pedimos un protocolo especial y controles exhaustivos”, señaló la legisladora.
En ese sentido, agregó: “Ya hemos presentado varios pedidos de informes a las autoridades, al PAMI, quien todavía no respondió al pedido presentado el 13 de marzo, porque este fenómeno también se está produciendo en el país, ya que todos controlan, pero no se sabe quién se hace responsable”.
Ocaña sostuvo que “además de las muertes por Covid-19, se originan problemas en su salud y muchas veces también llega a la muerte por otros motivos. Muchos de estos geriátricos están en manos del Estado por eso queremos conocer su situación”.
Asimismo, pidió que “se realicen controles sobre los agentes gerontológicos, personal médico y de asistencia para evitar contagios masivos y casos como en la ciudad de Saldán, en Córdoba, donde el contagio se produjo a raíz de la visita de un médico portador asintomático; o en el geriátrico “La Nona”, en Moreno, donde vivía una mujer de 82 años que falleció el día 5 de abril y que a causa de ello se detectó que el establecimiento estaba funcionando de forma clandestina y se procedió a la clausura”.
En el escrito, la legisladora de Juntos por el Cambio requirió además que “se informe las medidas de seguimiento a nivel nacional sobre las residencias para mayores, el plan estratégico para evitar posibles contagios y si hubo auditorías de las autoridades nacionales en los establecimientos, entre otros temas”.
